TEGUCIGALPA, Honduras
Actores políticos y sociales declararon que se deben ejecutar acciones en contra la Sala Constitucional del Poder Judicial por los últimos acontecimientos políticos y jurídicos del país, por tanto, no descartan realizar un juicio político.
Asimismo. el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, informó que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) abrió líneas de investigación en este poder del Estado.
“La Uferco está haciendo cinco investigaciones en el hemiciclo y nosotros estamos abriendo las puertas para que tenga la información que necesiten”, acotó.
Una de las indagaciones principales es la destitución de la antigua Sala Constitucional, ocurrida la madrugada del 12 de diciembre de 2012.
“Ellos recibieron información de la forma cómo destituyeron a los miembros de la antigua Sala Constitucional y vamos a esperar a eso informes para tener conocimiento y encaminar a juicio político”, declaró.
Asimismo, consideró que para realizar un juicio político en contra de los operadores de justicia se necesitan negociaciones con todas las bancadas porque se necesita mayoría calificada, es decir, 86 votos.
“Vamos a esperar que surge con la investigación, lo demás nos compete a nosotros”, dijo.
Otros hecho que denunció es la cantidad de pagos realizados a una empresa originaria del departamento de Lempira con la que no hay contratos suscritos.
“Hay que entender que la Uferco solo puede abrir casos pero no ser un ente acusador, esperamos que el fiscal general apoye en las acciones que considere han causado un dolo penal a la población”, enfatizó.
SIN VOLUNTAD. En referencia a la Sala Constitucional, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, solicitó un juicio político contra los cinco magistrados que integran esa dependencia.
“Esperamos que haya un juicio político en contra de los magistrados la Sala Constitucional, el fiscal general ¿y por qué no pensar en otros actores si cuentan la facultad?”, aseguró.
Enfatizó que si se ejecuta este procedimiento deber ser de manera seria, responsable y transparente.
Castellanos aquejó que el Poder Judicial no tiene la intención de apoyar al Congreso Nacional, ya que se han tardado en brindar una opinión sobre leyes que se pretenden reformar.
De esta forma el pleno de diputados no cuenta con los insumos jurídicos para cambiar las normativas, añadió.
“Vemos de manera clara que el Poder Judicial no tiene voluntad de atacar la corrupción que tanto daño nos hace”, aseveró.
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