TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional nombró una comisión especial para investigar a los operadores de justicia y verificar si realizan el cumplimiento de sus labores jurídicas respecto a las últimas solicitudes de extradición por el gobierno de EE.UU.
El diputado Hugo Noé Pino indicó que los organismos judiciales deben demostrar a la ciudadanía qué actuaciones han realizado en contra de los personajes políticos que son acusados por la justicia estadounidense.
“La comisión tiene el objetivo de abocarse a las instituciones de justicia y tratar de averiguar a que se debe su inactividad. Hay que observar si las acusaciones que llegan a la fiscalía son engavetadas o continúan en investigación”, expresó.
En referencia a la solicitud de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández, consideró que no puede ser posible que llegue una acusación tan grave, sin que las entidades que aplican la justicia en el país no se den cuenta.
“Lo que ha acontecido en el país es algo extraordinario, el hecho que se haya dado una orden de extradición contra un expresidente y que los cargos sean de tal naturaleza quiere decir que nuestras instituciones no han funcionado”, dijo.
CONFORMACIÓN. La comisión estará integrada por los congresistas Ramón Barrios, Jari Dixon Herrera, Silvia Ayala, Maribel Espinoza, Netzer Mejía. Carlos Raudales, Jorge Luis Gaído, Mauricio Villeda y David Manaiza.
Cabe destacar que los legisladores tendrán que presentar un informe final al Poder Legislativo según los hallazgos que surjan en cada operador de justicia.
Por su parte el economista, Nelson Ávila, aseguró que las actuales autoridades judiciales no actuarán en contra de los exfuncionarios ya que son allegados a sus intereses partidarios.
“Conforme está estructurado el Estado en la fiscalía, Tribunal Superior de Cunetas y la Corte Suprema de Justicia, las posibilidades de actuar son nulas porque ellos han sido parte del problema, entonces se deben tomar decisiones inmediatas”, detalló.
Indicó que el fiscal general y el pleno de magistrados deben renunciar, porque no aplican la justicia.
“Todos los organismos están integrados conforme a los interese de tres partidos político. No tiene la capacidad de fiscalización y se debe hacer cambios profundos”, acotó.
