TEGUCIGALPA, Honduras
La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre) Silvia Ayala anunció que la socialización de la Ley de Empleo por Hora finalizó y en los próximos días será discutida en el pleno del Congreso Nacional.
Manifestó que durante las últimas semanas se ha escuchado la postura de los diferentes actores, además de recibir toda la documentación que presentaron todos los involucrados.
«Cuando nos reunimos con las organizaciones obreras y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social nos entregaron la información de las cifras oficiales de las personas que laboran bajo la modalidad de empleo por hora, en la que se comprueba que no son 700 mil trabajadores», arguyó.
Agregó que durante la reunión con la Comisión de Dictamen y representantes de la empresa privada, personal de la Secretaría de Trabajo señaló que durante el primer trimestre del año se han registrado 40 mil trabajadores que se rigen por la normativa.
Asimismo un informe detalla las ciudades y las aéreas donde se concentran los empleados bajo esta modalidad, principalmente los call center, servicios turísticos y comerciales.
Dijo que « la Ley de Empleo por Hora vulnera y restringe garantías y derechos que los tratados internacionales de los que nuestro país es integrante».
El parlamentario Ramón Barrios, aseguró que aún no hay un dictamen sobre la propuesta para la derogación de la norma.
Comentó que esta semana finalizaron las reuniones de la comisión dictaminadora con todas las facciones para socializar el proyecto. Al mismo tiempo afirmó que la comisión analizará todas las herramientas proporcionadas por los trabajadores y la empresa privada, para estudiarla y elaborar el dictamen.
Por otro lado el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) Daniel Fortín sostiene que la ley ha generado 700 mil empleos, la mayoría obtuvo su permanencia y 200 mil oportunidades temporales están vigentes.
Insistió en que la normativa debe reformarse y no derogarse, en ese sentido consideró que si se elimina el decreto habrá más inseguridad jurídica y se perderán los empleos existentes a la fecha.
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