TEGUCIGALPA, Honduras
El Poder Judicial anunció que el Tribunal de Ejecución otorgó la libertad al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri quien se amparó en la recién creada Ley de Amnistía y Condena al golpe de Estado de 2009.
Según el comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia, Chimirri fue absuelto por considerar que las acusaciones en su contra fueron por motivos políticos.
El exfuncionario había sido sentenciado a 17 años de prisión por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.
“Se consideró pertinente decretar la extinción de la responsabilidad penal a favor del sentenciado, extender la carta de libertad definitiva y el archivo judicial de dichas causas; teniendo el plazo legal las partes para interponer el respectivo recurso de apelación”, detalló la resolución.
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TERCER AMNISTIADO. Cabe destacar que la defensa del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, solicitó al Tribunal de Sentencia que su defendido sea beneficiado con la Ley de Amnistía.
El apoderado legal de Sunseri, René Altamirano, presentó ochos solicitudes de sobreseimientos definitivos y de extinción de la responsabilidad penal a favor del exalcalde sampedrano.
En respuesta el Juzgado de Ejecución Penal programó para el próximo jueves 10 de marzo a las 9:00 de la mañana la audiencia de extinción de responsabilidad penal, en la que el exedil fue condenado por abuso de autoridad.
Cabe destacar que Padilla Sunseri fue absuelto del delito de malversación de caudales públicos.
El exfuncionario continúa prófugo de la justicia desde el 19 de septiembre de 2017 y desde entonces es acusado de evasión dolosa, luego de violentar el arresto domiciliario.
De obtener el sobreseimiento definitivo este sería el tercer exfuncionario que se beneficiaría de la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso Nacional.
El primero fue el exsecretario de la Presidencia Enrique Flores Lanza quien había sido acusado de los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
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