TEGUCIGALPA, Honduras
Luego de la carta de libertad otorgada al exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, actores políticos y de sociedad civil denunciaron que la Ley de Amnistía y Condena al golpe de Estado de 2009 solo beneficia a exfuncionarios condenados por cometer ilegalidades.
Al respecto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Ligia Ramos afirmó que Chimirri tenía procesos judiciales antes del golpe, por lo que «no es un preso político».
Agregó que al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) «le niegan la amnistía para verdaderos presos políticos y por otro lado sueltan delincuentes».
El congresista del Partido Liberal Mauricio Villeda precisó la amnistía para la liberación de presos políticos y funcionarios que fueron perseguidos por oponerse a la asonada fue demasiado amplia.
Añadió que el decreto debió limitarse a los delitos estrictamente políticos y comunes conexos.
Externó que comparte la posición del Consejo Nacional Electoral (CNA) al decir que no se puede tratar de dar justicia con una mano y con la otra otorgar cartas de libertad a personas acusadas de cometer delitos comunes.
A esta posición se sumó la exjueza de sentencias Gracia Bertrand, quien recordó que había advertido que «dejaron el artículo abierto de manera malintencionada para sacar a todos los exfuncionarios corruptos».
Expresó que «no es raro que en la primera sesión del Congreso Nacional después del conflicto de legitimidad, el parlamentario, Rasel Tomé, presentó el proyecto de amnistía en horas de la noche y lo aprobaron, apresuradamente todos los diputados que estaban presentes».
La directora del CNA Gabriela Castellanos expresó que «la amnistía es y siempre será para delitos políticos, no para políticos con delitos».
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REFORMAS. El jefe de la bancada del PSH Tomás Ramírez anunció que realizarán una reforma a la Ley de Amnistía ya que existe «una deficiencia de conceptos» en la normativa.
La modificación al decreto ya había sido propuesta por la congresista Maribel Espinoza para garantizar que las personas que se beneficien con la ley sean los presos políticos y no las personas que cometieron actos al margen de la ley.
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