Piden a fiscal general Chinchilla dictar medidas para que JOH «no se escape»

Redacción El Pulso11 febrero, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras

Con el propósito de evitar que el exmandatario Juan Orlando Hernández se fugue de Honduras y que se realice un aseguramiento de sus bienes, el abogado Leonel Casco solicitó esta mañana, ante el Ministerio Público (MP), medidas cautelares y de protección estatal preventiva para la anterior familia presidencial.

El también procurador de derechos humanos compareció ante la secretaría general del MP y presentó la acción de petición constitucional dirigida al fiscal general, Óscar Chinchilla.

Explicó que su decisión tiene dos propósitos, siendo una que, si hay una acción de judicialización por la supuesta comisión de delitos de corrupción y narcotráfico, se tenga control de la presencia de Hernández en Honduras para que «no vaya a haber una fuga o una salida del país».

Además, pidió se le levante un inventario y un aseguramiento de todos los bienes -muebles e inmuebles-, cuentas bancarias, acciones societarias o cualquier participación que el exgobernante tenga en empresas.

Indicó que la medida sería para resarcir los daños patrimoniales a la sociedad hondureña de la que se ha hablado en medios de comunicación nacionales e internacionales y estaría sujeta a que, en efecto, se haya constituido la comisión de los delitos.

Explicó que el ente acusador del Estado tendría que dictar las medidas a través de todas sus unidades para que se haga el inventario en el Instituto de la Propiedad (IP), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), cámaras de comercio y todas las entidades en las que se evidencie participación societaria o haya bienes muebles o inmuebles que puedan ser producto del presunto involucramiento en corrupción y narcotráfico.

«La evidencia es clara que esta administración se siente perjudicada por las acciones que el exmandatario hizo siendo gobernante de la nación contando con toda la impunidad y los recursos institucionales para ese hecho», expresó.

Argumentó que la Fiscalía General representa los intereses de la sociedad y la misma debe garantizar y proteger los derechos, libertad y bienestar.

Además, puntualizó que su petición es con relación a las acciones que ejerció esta semana el gobierno de EE. UU. suspendiéndole la visa a Hernández y lo listó como un personaje corrupto y antidemocrático, además de los rumores de que se estaría formalizando una solicitud de extradición.

Casco precisó que el MP debe dar una respuesta a su petición en un período de 10 días.

DESESTIMAN LA PETICIÓN. El abogado constitucionalista Oliver Erazo dijo a El Pulso que respeta el criterio de su colega, pero no lo comparte ya que las acciones en materia de derecho constitucional corresponden a la Sala de lo Constitucional.

«Cada cosa en su orden, esto no es por emotividad ni cobertura mediática, la ley es la ley. De forma general, si es un tema de medidas cautelares en procesos penales, el único que está facultado para otorgarlas es un órgano jurisdiccional, es decir, un juez o un tribunal de sentencia», ilustró.

Indicó que el fiscal general no puede ordenar una medida cautelar, a menos que exista una excepción y, en ese caso, la medida sería sometida luego a un control jurisdiccional.

«Es una excepción de excepciones y si no lo hacen con un ciudadano común, mucho menos lo harán con el expresidente de la República», aseveró.

Además, expuso que Casco, como defensor de derechos humanos, está al tanto que donde se solicitan medidas cautelares con relación a esa materia es al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para que este envíe la petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Empero, aún en ese caso, Erazo subrayó que el único que viola derechos humanos es el Estado y «JOH no es el Estado, es un expresidente, un ciudadano común y corriente».

«Esto es un juego, un poco más de show que otra cosa. No le veo ninguna lógica a lo presentado», acotó.

«Hay que tener cuidado y que no anden generándole a Juan Orlando una nebulosa para que le presenten un requerimiento, porque si lo presentan y existe una orden de extradición no lo van a poder extraditar. La posición debe ser inteligente», sentenció.

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