TEGUCIGALPA, Honduras
Un nuevo «pacto de impunidad» se fraguó la noche del miércoles en el Congreso Nacional de Honduras a través de la aprobación de la Ley de Condena al Golpe de Estado de 2009, señalaron varios actores políticos y sociales.
Los diputados accedieron a un perdón «general, amplio e incondicional» en favor de personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal o estén en proceso de investigación por la presunta comisión de una -o más- de 23 figuras delictivas contempladas.
Entre los ilícitos que serán perdonados está el abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento y falsificación de documentos públicos y privados.
Igualmente se aplicará la amnistía a los autores de terrorismo, sedición, posesión ilegal de armas de guerra, tenencia y almacenamiento de munición de uso no comercial, daños, robo, incendio, privación injusta de la libertad, tráfico ilegal de productos forestales, entre otros.
¿A QUIÉNES FAVORECE EL INDULTO? La normativa señala que la amnistía amparará a quienes se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante el período de gobierno comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron acusados o procesados por protestar contra el golpe de Estado o por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como «políticamente motivados».
El beneficio también será válido para ciudadanos que, haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social, fueron reprimidos mediante acciones policiales y militares y eventualmente criminalizados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Asimismo, gozarán del perdón quienes se considere que realizaron actos en defensa de la soberanía nacional, la democracia o sus tierras y fuentes pero que fueron señalados por los operadores de justicia «por motivaciones políticas».
CUESTIONAMIENTOS. El abogado penalista Félix Ávila valoró que la amnistía se ofrece como un resarcimiento a personas que fueron perseguidas, pero, en realidad, se pretende colocar un manto de impunidad a investigaciones de delitos contra la administración pública.
Por su parte, el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, aseguró que está de acuerdo con la parte de la legislación que recrimina el golpe de Estado, mas no con la amnistía, pues consideró que es algo que ha sido cuestionado a escala internacional porque representa un pacto de impunidad.
Expuso que lo descrito en la ley es disonante con las propuestas de campaña de combate a la corrupción y la impunidad que presentó Libertad y Refundación (Libre) meses atrás.
Por tanto, externó su expectativa de que la presidenta Xiomara Castro vete el proyecto y lo devuelva al Congreso Nacional para su revisión.
«Hemos sido críticos de los pactos de impunidad y lo seguiremos siendo ahora (…) no tratemos de justificar esto porque esto no tiene justificación, se llama impunidad», aseveró.
Planteó que si la amnistía toma firmeza, la defensa de personas que están aprisionadas podría cambiar su argumento y asegurar que sus acciones estuvieron ligadas nada más a una protesta pública.
«Hasta mareros o personas con un rosario de delitos podrían salir en libertad, se estarían dejando las cárceles vacías», advirtió.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, señaló que el decreto no abona a la construcción de la democracia y el crecimiento de la sociedad hondureña porque cada quien debe asumir las responsabilidades que le corresponden.
«En el área privada no lo vemos con agrado, por cualquier razón que sea la amnistía, porque interrumpe el flujo normal de las cosas y cómo deberían manejarse», comentó.
«Si todo lo van a manejar con amnistías nunca vamos a cumplir con las metas que tenemos para aplicar la justicia y combatir la corrupción y la impunidad que tanto nos afectan», sentenció.
En tanto, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, calificó la aprobación como «la madre de los pactos de impunidad en el país».
Indicó que la Constitución ya establece los parámetros bajo los que se puede establecer una amnistía y prohíbe que se realice en casos de delitos de corrupción.
Dijo que también hay tratados internacionales de los que Honduras forma parte que impiden la aprobación de condonaciones desde el Poder Legislativo para ese tipo de ilícitos.
«La amnistía de algunos delitos políticos creo que sí es correcta, se puede aprobar cuando el Congreso esté instalado de forma legal, pero no ampliar a delitos contra la malversación de caudales públicos», declaró.
Aseguró que en años anteriores la bancada cachureca fue cuestionada por aprobaciones que no constituían realmente un blindaje a la impunidad y quiere que los mismos críticos se pronuncien ahora.
«Esto no tiene excusa ni máscara, no tiene nada ocultado en la redacción con la que han establecido la madre o padre de los pactos de impunidad en el país», insistió, calificando a su vez la normativa como el borrón y cuenta nueva de un período de gobierno.
Asimismo, dijo que la amnistía permite anticipar que con la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) -que también fue aprobada ayer- habrá una persecución política contra ciertos políticos pero no a algunos representantes de Libre.
«La ley debe ser pareja, si se están perdonando los delitos es para que no tengan persecución», aseveró.
«Algunos compañeros han resultado muy buenos para perdonarse a sí mismos», expresó por su lado la diputada Beatriz Valle, quien figura como secretaria de la junta directiva del Congreso Nacional que preside Jorge Cálix y que fue expulsada de Libre.
En cambio, la diputada Silvia Ayala garantizó que no existe tal pacto de impunidad porque para que alguien se acoja al decreto se deberá acreditar el contexto de la acusación.
Explicó que será necesaria una constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh) con base en la documentación que compruebe la persecución política.
La iniciativa fue presentada por el congresista Rasel Tomé, quien tiene una sentencia firme en su contra por el delito de abuso de autoridad.
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