TEGUCIGALPA, Honduras
Mientras algunos funcionarios del gobierno actual reciben con prontitud millonarias prestaciones laborales, unos empleados públicos aguardan años por sus cesantías y otros quedan desamparados por la desidia para la otorgación de acuerdos, señaló un dirigente.
El secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, cuestionó que las autoridades están exigiendo los cuantiosos beneficios cuando el capital destinado para ello podría ser priorizado en favor de una mayoría.
«Para nosotros es indignante porque sus salarios son muy altos, llegando algunos a 300 mil lempiras. Esto va a generar un impacto de más de 120 millones, recursos que se pueden utilizar para los empleados públicos con 12 mil lempiras de salario y que no van a tener una plaza», aquejó.
«La diferencia de clase se pone en manifiesto, es un abuso completo», insistió, detallando a su vez que son más de 30 mil trabajadores públicos los que no contarán con un vínculo contractual permanente.
Mencionó también que hay más de 850 empleados del área sanitaria que solicitaron su cesantía desde 2016 y aún están pagándoles lo correspondiente a 2018 y 2019, por lo que la conclusión del pago tardaría uno o dos años más.
Asimismo, calificó como bochornoso que para los altos funcionarios los trámites se hacen en menos de un día, pero para el resto del engranaje público cada diligencia puede tomar uno, dos o tres meses.
Describió, entonces, al gobierno como una gran empresa en la que los gerentes son bien facilitados en cuanto a recursos, pero los empleados de tercera, cuarta o quinta categoría no son tomados en cuenta.
Además, Chirinos externó que está sorprendido por la decisión de las autoridades, pues, aseguró que es algo que no se había visto antes e indicó que la base legal para la misma debe ser examinada.
«Es penoso, indignante que se están recetando estas prestaciones. Hay que analizar los fundamentos en derechos que han estado utilizando, de lo contrario sería un completo abuso de autoridad, un exceso de poder», señaló.
«Es una última manotada. El valor ético y moral solo lo vieron y leyeron, pero no lo comprendieron nunca», atizó.
Por el mismo lado, dijo que los diputados tendrán el reto de regular la situación en la próxima legislatura para que no queden cabos sueltos al respecto y no se repita la situación.
Puntualizó que los funcionarios han actuado de forma voraz y tenaz nada más para su beneficio pese a que ni siquiera fueron productivos o eficaces en la administración pública, pero la población ya los identificó con antelación y eso, en parte, les pasó factura en los pasados comicios generales.
«Es nefasto e impactante lo que están haciendo (…) se están dando a conocer por estos últimos recursos», sentenció.
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