TEGUCIGALPA, Honduras
Gradualmente, el Partido Nacional reconoció la contundente derrota en el apartado presidencial contra la lideresa opositora Xiomara Castro en las elecciones del pasado domingo en Honduras, pero no cedió en su aspiración de dominar, al máximo grado posible, el Poder Legislativo.
Aunque la diferencia de votos permitía avizorar que la oposición se impondría también en las planillas de diputados, el oficialismo emergió e inició a «sorprender» con la resiliencia de sus candidatos.
Una proyección inicial -y que se ha mantenido hasta ahora- arrojó que el Partido Nacional alcanzaría siete curules en Francisco Morazán, lo cual llamó la atención de actores disidentes quienes aseguraron que la agrupación gestó un fraude para garantizar una cuota sustancial de poder.
Los primeros en advertir supuestas anomalías fueron los representantes del Partido Salvador de Honduras (PSH) liderados por su presidente, Salvador Nasralla, quien señaló que la voluntad popular fue alterada para otorgar más congresistas a la agrupación de gobierno.
Con el paso de las horas, las denuncias aumentaron y comenzaron a proceder de distintas partes de la oposición e incluso brotó la inconformidad entre los propios aspirantes cachurecos que se veían afectados por el avance desmedido de algunos compañeros.
La lucha voto a voto por alcanzar un escaño legislativo se volvió cada vez más fuerte, pero también imperó la sospecha ya que empezaron a circular imágenes en las redes sociales de actas en las cuales algunos candidatos sumaban varias decenas de marcas en cada acta, lo que contrasta con la afluencia de cada mesa.
Uno de los aspirantes más cuestionados ha sido el nacionalista Ebal Díaz Lupián, quien estaba rezagado en los datos preliminares pero comenzó a escalar rápidamente en los siguientes cómputos del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sus propios compañeros de planilla, María Antonieta Mejía, Waleska Zelaya y Renán Inestroza, quienes también pelean por la séptima diputación de los cachurecos, difundieron imágenes de las actas con presunta adulteración y exigieron el respeto de sus votos.
Díaz desestimó los señalamientos tachándolos de injustos y advirtió que si las acusaciones seguían «más allá de lo tolerable y sin pruebas», hará acciones legales para restituir su «honor y buen nombre».
Sin embargo, la tensión al respecto acrecentó cuando la integrante propietaria del CNE, Rixi Moncada, compartió la fotografía de un acta de cierre afirmando que la misma refleja una «clara adulteración» en favor del exsecretario de la Presidencia.
«No solo es impugnable, también comprueba un delito electoral y exhibe a sus autores en las juntas receptoras de votos (JRV). Deben ser acusados», expresó la consejera secretaria.
La consejera vocal, Ana Paola Hall también se pronunció sobre el acta, pidiendo una investigación de la misma así como de las denuncias públicas de Renán Inestroza y Salvador Nasralla.
«Investigación, presentación de requerimiento penal y sanción a responsables ya. ¡No más impunidad en delitos electorales!», dijo a través de su cuenta de Twitter.
«Cero fraudes, cero cuestionamientos, esta elección nos cuesta mucho. Si sentamos precedente ahora, en un futuro el que quiera cometer un delito electoral lo va a pensar dos veces», agregó la jurista en declaraciones posteriores.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Especial Contra Delitos Electorales (UECDE), inició una investigación de oficio por la denuncia de las autoridades electorales para determinar la existencia de un hecho punible y el grado de responsabilidad de los implicados.
Además, el pleno de consejeros solicitó la presencia permanente de 12 fiscales en el Instituto de Formación Profesional (Infop) donde se realiza el destuse de las maletas electorales y el escrutinio de las actas y el hotel donde se efectúa la verificación de actas con resultados no transmitidos desde los centros de votación.
El escenario desató la respuesta de varios candidatos a cargos de elección popular que decidieron cotejar sus actas con las transmitidas al sistema del CNE.
Como consecuencia de ello, se han hecho públicas numerosas denuncias -la mayoría respaldadas con imágenes- sobre cifras alteradas desde las mismas mesas, datos mal ingresados al sistema y actas duplicadas o con cero votos.
Es más, el propio Ebal Díaz contraatacó, compartiendo varias fotografías de actas en las que identificó anomalías que favorecen a candidatos de Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal.
En tal sentido, escribió un mensaje dirigido a la consejera Moncada manifestando que confía en que, así como denunció el acta en la cual le favorece una «clara inflación» de votos, haga lo mismo con otras muestras de delito electoral en actas que benefician a otros.
«No queremos justicia electoral acomodada a los intereses de magistrados que son mayoría», señaló el también profesional del Derecho.
1/3 Rixi Ramona, confío en que así como han denunciado esta acta, el @CneHonduras denuncie las claras muestras de delito electoral en actas que favorecen a Delia Beatriz Valle y Diego Javier Sánchez en esta acta N 8845 y a Mario Suazo en el acta N 11483 de su Partido LIBRE. https://t.co/q1TCthCzkW pic.twitter.com/JPVU3ey9jY
— Ebal Díaz (@EbalDiazHN) December 3, 2021
Ya que la mayoría del contenido publicado muestra inconsistencias en favor del Partido Nacional, las acusaciones de un fraude inminente persisten.
«(Es) un insulto a la inteligencia del voto consciente intentar convencer que el oficialismo triunfó en el voto legislativo cuando la nación abrumadoramente ha favorecido la oposición en el voto presidencial. Se debe perseguir a los que han cometido delito electoral. Detengamos este circo», declaró el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé.
Otro nacionalista que ha sido cuestionado por un supuesto fraude es el aspirante a una diputación por La Ceiba, Marco Midence.
El exaspirante a diputado del partido Libre por Atlántida, Rossel Sabio, publicó una foto donde se muestra la supuesta modificación de un acta para ayudar al exsecretario de Finanzas otorgándole en una sola mesa un total de 949 marcas.
Lo denunciado generó indignación entre los cibernautas pero Midence se defendió asegurando que la imagen tiene un error de digitación pero que en el acta correcta escrutada el monto es de 49 votos, no 949.
Aunque en menor cantidad, las quejas también se dirigen a otras entidades políticas.
Uno de los casos es en el Partido Anticorrupción (Pac), cuya presidenta, Marlene Alvarenga denunció que la entidad está siendo víctima de un supuesto fraude electoral en el conteo de votos en la planilla de diputados.
“Nos están quitando los votos de Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Atlántida; esa es la queja que tenemos porque realmente tenemos una buena representación”, aseveró la lideresa política.
Empero, un aspirante a diputado por el Partido Innovación y Unidad (Pinu), Joaquín Núñez, denunció que la propia Alvarenga «infló» actas para que el Pac tenga más sufragios en su favor en Cortés.
Además, uno de los abanderados del PSH, Allan Macoto, reconoció que en algunas actas también hay alteraciones a favor de ciertos candidatos de su partido.
En tanto, varios de los denunciantes indicaron que a los responsables de las artimañas están expuestos a tiempo de reclusión.
La versión fue confirmada por la portavoz del MP, Lorena Cálix, quien precisó que las penas por los delitos electorales ascienden hasta seis años de cárcel.
La lluvia de impugnaciones ante el CNE por las irregularidades continúa y el plazo -que fue ampliado- es hasta la medianoche del lunes seis de diciembre.
Si el agotamiento de esta instancia no satisfizo a los reclamantes, pueden acudir al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) como última opción, mientras persiste la incertidumbre de cómo quedará configurada la nueva cámara legislativa ante una ola de denuncias sin precedentes.
