La imagen de la periodista de Hable Como Habla (HCH) intentando entrevistar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, mientras los simpatizantes de La Alianza la acosan e incluso la halan del cabello sin que nadie más que Marvin Ortiz, periodista de Radio Globo la defienda y logra colocar atrás de ella para ayudarla y controlar el ánimo de la gente que repudia al medio televisivo y lo demuestra atentando contra la integridad física de reporteros y camarógrafos.
La agresión a la periodista Moncada se da en el marco de una crisis postelectoral y con secuelas del Golpe de Estado del 2009, ante esta agresión y varias en el ejercicio del periodismo en la actual situación de inestabilidad social, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emitieron comunicados condenando tales actos y pidiendo se respete el trabajo de los periodistas y comunicadores así como el de los defensores de Derechos Humanos.
El día viernes 15 de diciembre la Alianza de Oposición protagonizó una serie de protestas en distintos puntos del país, lo que terminó en violencia, caos y destrucción de un camión del ejército, lo que abonó más al clima de incertidumbre que se expande de un lado y otro con comunicados falsos, noticias falsas e hipótesis incomprobables cuya función es confundir a la opinión pública.
En uno de los puntos del comunicado del Colegio de Periodistas catalogan como una campaña de odio contra periodistas y empresas de comunicación a través de las redes sociales, de la que pudo haber sido víctima Brenda Moncada, es de resaltar que los ánimos de las personas andan muy encendidos y quien no esté con ellos es su enemigo. También en el comunicado condenan el excesivo uso de la fuerza de la Policía Nacional y militar contra los civiles y periodistas en cobertura de las manifestaciones.
COMUNICADO
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) a la opinión pública nacional e internacional hace saber que ha seguido con mucho detenimiento y preocupación la crisis política que actualmente atraviesa nuestro país y sus consiguientes repercusiones en el libre ejercicio del periodismo.
Como órgano gremial responsable de velar por la libertad de expresión y de prensa en Honduras nos pronunciamos en los siguientes términos.
Que durante la actual crisis política hemos recogido múltiples denuncias de violaciones a la libertad de expresión, así como de agresiones a periodistas y comunicadores sociales.
Lamentamos y condenamos enérgicamente los ataques de que han sido objeto las instalaciones de diferentes medios comunicación televisivos, escritos y radiales, así como la campaña de odio contra periodistas y empresas de comunicación montada a través de las redes sociales.
Repudiamos las obstrucciones al libre ejercicio de la libertad de prensa por parte miembros de la seguridad del Estado y de algunos manifestantes, tal como lo ha denunciado recientemente el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh).
Deploramos el uso excesivo de la fuerza policial y militar en las manifestaciones y concretamente contra la población civil y periodistas que daban cobertura a las protestas públicas.
Expresamos nuestra más profunda preocupación por las denuncias formuladas por algunos medios de comunicación social de intentos de cierre o imposición de controles por parte del órgano operador del Estado, lo cual es contrario a lo consignado en los artículos 72 y 73 de la Constitución de la República y los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Emisión del Pensamiento.
Exigimos a todos los actores el cumplimiento de las garantías consignadas en la Carta Magna y en los convenios internacionales en materia de libertad de expresión y el respeto y protección a la labor de todos los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación del país, sin distinción alguna.
Exhortamos a los diferentes actores políticos agotar el diálogo y buscar las avenidas pacíficas para solventar esta situación de intranquilidad y desasosiego que prima en la sociedad hondureña.
Aprovechamos este espacio para solicitar por enésima vez al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia la derogación del artículo 335-B que criminaliza la labor de los periodistas bajo la figura de apología del terrorismo.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 11 de diciembre de 2017
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
No es claro el panorama electoral ni social, pero el abuso de poder de las fuerzas policiales y militares podría entrar en descontrol si no se siguen los protocolos para disolver manifestaciones e identificar a los periodistas y comunicadores sociales en ejercicio de su profesión. También es necesario un llamado a los líderes de los partidos en conflicto para que no sean parte de las agresiones a los que únicamente dan cobertura de los hechos.
En su comunicado el CONADEH Recordó que su representantes andan debidamente acreditados e identificados por sus chalecos y su carnet, tienen libre ingreso y acceso a cualquier instalación u oficina de carácter civil o militar y centros de detención, reclusión o internamiento, y a cualquier expediente o documentación que necesiten, sin que pueda oponérseles objeción alguna.
A este marco de crisis se suma un comunicado de Amnistía Internacional en uno de sus puntos asegura:
La evidencia demuestra que no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones en Honduras. Cuando lo hacen, enfrentan toda la fuerza del aparato represivo del gobierno.
En otro asegura que:
Un defensor de derechos humanos le dijo a Amnistía Internacional que aunque el acoso y los golpes sean comunes durante las protestas en Honduras, en los últimos días la situación se ha vuelto más insegura para cualquier persona que camine por las calles.
A esto hay que agregarle que la violencia es debido al polarización de la sociedad, en este contexto el periodista de la zona sur del país Jairo López, quien tenia medidas de protección establecidas por la Ley de Protección a Periodistas Comunicadores Sociales, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia aprobada en el 2015. Otro caso el día 10 de diciembre Radio Progreso reportó que una antena derribada en el cerro Cantagalló de Santa Lucía, la consecuencia directa fue la salida del aire de la emisora. Este caso aún no está resuelto, pues desde este medio pudimos constatar que la noche de la caída de la antena fue fuerte el viento que azotó las montañas del municipio de Santa Lucía y esa pudo haber sido la causa de la caía. Corresponde a las autoridades dar una explicación al incidente pues no se ha podido determinar si fue producto del viento o sabotaje. Por otro lado, el rumor del posible cierre de UneTV y las viralizaciones de comunicados falsos, globos sonda de incendios a canales de comunicación aumentan la paranoia de uno y otro lado.
En su comunicado Amnistía Internacional destaca que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos, persiguieron y arrestaron a manifestantes. En algunos casos, dispararon armas de fuego contra ellos.
En Choluteca los enfrentamiento del día viernes subieron la intensidad llegando al uso de piedras y rifles de balines, el resultado final de esta lucha fue de dos militares heridos, uno en el pecho por un balín, y el otro en el rostro. Este conflicto se dio en los barrios: Los Graneros, San Juan Bosco y La Libertad, lo que causó pánico entre sus habitantes.
Los registros del CONADEH establecen 6 muertos y 1,675 detenidos durante la crisis postelectoral.
