GARÍFUNAS EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS
Investigación y redacción: Ariel Torres Funes
Desde 1804
Cuatro garífunas instalan una tienda de campaña en Vallecito, una comunidad aislada frente al océano Atlántico. Cazan, pescan y por temporadas, cultivan. A su alrededor revolotean seis perros que les acompañan, animales famélicos con orejas largas. El acampamiento durará de cuatro a cinco días. Su objetivo es capturar tepezcuintles, mapaches, conejos, cusucos e iguanas. «Venimos a buscar comida», comenta el mayor de ellos, mientras se acomoda sus botas de hule, «todo menos venados».
Esta escena no se ambienta en 1750 en San Vicente, es Honduras en 2016. Los monteros apenas hablan español, prefieren comunicarse en garífuna, un idioma, que, de acuerdo a algunos investigadores, es una mezcla de otras lenguas, como el arawak, el francés, el yoruba, el swahili y el bantú.
Vallecito se sitúa en el municipio de Limón, a 75 kilómetros de Trujillo. Son 1,600 hectáreas con presencia garífuna desde 1804, tras ser desplazados por los españoles de la bahía de Trujillo hacia el río Sico. En sus manos muestran los papeles que les acreditan como dueños de este territorio, títulos que han presentado infinidad de veces ante los juzgados y el Instituto Nacional Agrario (INA).
A través de las décadas, los contextos varían sin mermar las adversidades de estos pobladores originarios. Durante los años 80, cuatro diferentes ejércitos se establecieron en la región, por lo cual muchos garífunas emigraron a otras comunidades o al exterior.
En estos parajes casi selváticos, el gobierno hondureño cedió al ejército estadounidense 5,724 hectáreas, para instalar en 1983 el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). Contiguo a Vallecito, los norteamericanos entrenaron a militares salvadoreños, hondureños y de la contra nicaragüense, para combatir las ideologías, organizaciones o movimientos que, en Centroamérica favorecieran o apoyaran al comunismo. Un contexto hostil para cualquier manifestación social en la zona.
LEA AQUÍ LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA MASACRE DE «EL TUMBADOR».
Con la extenuación de las guerras civiles en los países vecinos, el CREM cerró operaciones en 1990, dejando las tierras a albedrío del gobierno hondureño, quien las vendió bajo el amparo de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, a terratenientes, corporaciones, policías, militares, ganaderos y políticos. Con ello, los antiguos latifundistas de la zona ampliaron sus cercos y otros nuevos actores aparecieron en la recomposición territorial de la región.
Aunque el cierre del CREM conllevó nuevas dificultades para los campesinos del departamento de Colón, un grupo de jóvenes garífunas, afiliados al movimiento «Iseri Lidamari» y con el apoyo de la OFRANEH, retomaran los esfuerzos por recuperar las tierras de Vallecito, obteniendo en 1995 el título comunitario.
Invasión palmera
«Las acreditaciones son nuestro respaldo, pero sabemos que en Honduras tener títulos no es garantía de respeto, en la práctica existe un sistema que permite su violación, capaz de otorgar certificados sobre certificados y no castigar las invasiones», explica la lideresa garífuna, Miriam Miranda.
En efecto, la obtención en 1995 del título comunitario de Vallecito no evitó que, ese mismo año, la Corporación Dinant, una agroexportadora fundada por Miguel Facussé (1924-2015), tomara cien hectáreas del territorio garífuna para extender el cultivo de palma africana de su Finca Farallones, colindante con las tierras ancestrales.
Con esta invasión, la comunidad enfrentó a un consorcio poseedor de una quinta parte de las tierras agrícolas del Bajo Aguán, también favorecido con el cierre del CREM y presunto involucrado en otros conflictos de tierra, como en la masacre de cinco campesinos en la finca de El Tumbador, un predio cercano a Vallecito.
LEA AQUÍ LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN GARÍFUNAS EN DEFENSA DE SU TERRITORIO.
A medida que las palmas africanas crecían, los garífunas visitaron durante nueve años los juzgados. Presentaron una y otra vez los títulos. Los abogados de Facussé adujeron tener también acreditaciones legales. Hasta que, en 2004, un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) favoreció a la comunidad garífuna. Siendo una de las pocas resoluciones legales contra la Corporación Dinant, tras su fundación en 1960.
«Facussé se adueñó de nuestras tierras, como lo hizo en muchos otros lados. Pero tras casi una década de lucha, las recuperamos. Él nos había robado un área donde sembró palmas africanas. Pero a nosotros no nos gusta la palma, porque vuelve estéril la tierra», explica Karen García, coordinadora de la comunidad de Vallecito.
El año 2004 significó la recuperación de las 100 hectáreas, pero también el inicio de otra invasión en el territorio de Vallecito. Un acaparamiento a punta de pistola, que no solo incluía el suelo, sino también el cielo de las tierras garífunas.
De la palma a la pista
Los cuatro cazadores acampan en los vestigios del «Rancho El Dorado», una villa de acceso prohibido para los garífunas desde 2004 a 2011. «Nosotros estuvimos siete años sin poder entrar hasta acá, teníamos limitado el acceso a nuestros territorios ancestrales», recuerda Guillermo Martínez, un poblador de Vallecito.
Ahora el rancho yace abandonado, literalmente en ruinas. De él solo queda en pie una estatua de cemento en su portón principal, que asemeja la figura de un jaguar en posición de asalto, y los residuos de una fuente de agua que decoraba el patio, donde según los habitantes, «antes estaba repleto de guardias de seguridad altamente armados».
El rancho es la antigua finca de Reinaldo Villalobos, un terrateniente originario de San Francisco de Coray, un municipio ubicado al sur de Honduras. Con su llegada a Vallecito en 2004, los garífunas se asentaron en las 100 hectáreas recuperadas tras la disputa con la Corporación Dinant, porque en el resto del territorio ancestral, Villalobos levantó seis portones resguardados por hombres armados.
El despojo fue violento. En 2004, el garífuna Santos Euquerio Bernárdez Bonilla, apareció asesinado a machetazos. Él era un compositor de música tradicional y vicepresidente de una de las seis cooperativas instaladas en Vallecito, quien, además de construir un legado cultural para su etnia, defendía el territorio. Este crimen ocurrido en el departamento de Colón, que en 2015 presentó una tasa de homicidios 10 veces mayor a la mundial, permanece impune.
Miembros de la OFRANEH comentan que la expoliación territorial de 2004 en Vallecito, evocó en la memoria de los garífunas, el ocurrido en Puerto Castilla, cuando en 1977, el General Gustavo Álvarez Martínez, fundador del «escuadrón de la muerte» denominado como «Batallón 3-16», pistola en mano, obligó a la Comunidad de Cristales y Río Negro a ceder las tierras del paraje conocido como La Puntilla a la Empresa Nacional Portuaria (ENP).
Para llegar a las ruinas del «Rancho El Dorado», se entra por los cultivos de palma africana sembrados por la Corporación Dinant. Una calle pedregosa de unos cuatro kilómetros conduce a Vallecito. A pocos metros de la comunidad, hay una vía con las huellas de un medio de transporte compuesto por tres llantas, «porque una avioneta tiene tres ruedas», revela Guillermo, esposo de la coordinadora de la comunidad de Vallecito.
Es el rastro de una pista clandestina de aterrizaje, construida tras la invasión de Raimundo Villalobos. Una práctica ilegal pero frecuente en Colón, uno de los departamentos más utilizados del territorio nacional para dicha actividad ilícita, ya sea de forma aérea o marítima. Según datos de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), Honduras sirve como punto de aterrizaje para 79% de los vuelos que transportan estupefacientes desde América del Sur.
«Todas las semanas escuchábamos avionetas que aterrizaban y sobrevolaban por encima de nuestro campamento, que por protección lo teníamos en otra parte del territorio», detalla Guillermo.
Según el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insight Crime), en esta región opera la banda criminal de Los Cachiros, a quienes se les calcula un patrimonio neto de casi mil millones de dólares.
El tráfico de drogas en este departamento se realiza a pesar de su militarización. Desde Tocoa hasta Vallecito, unos siete retenes del ejército interrumpen el trayecto de dos horas. Los soldados verifican los vehículos y consultan el motivo del viaje de los pasajeros.
Un par de militares que venden una rifa a los transeúntes, contrastan con el gasto del ejército hondureño para el combate contra el narcotráfico. En la asesoría y compra de equipo militar a Estados Unidos, Honduras gastó 1,518 millones de dólares entre 2004 y 2014 (el 75.3% del total regional). Un monto que supera al de los demás países de Centroamérica. Por ejemplo, a los 91 millones de dólares desembolsados por Guatemala durante el mismo periodo.
La presencia militar no detiene el tráfico aéreo y marítimo de estupefacientes, «todavía escuchamos el ruido de las avionetas que sobrevuelan», añade la garífuna Carmen Álvarez, quien se opone a la militarización de los territorios garífunas.
«Exigimos la desmilitarización de los territorios garífunas. En diciembre del año pasado, en Iona, asesinaron a dos jóvenes de nuestras comunidades. La Fuerza Naval les atacó, aduciendo que estaban sacando droga de los ríos, pero realmente se les había atascado el carro. Diez uniformados les dispararon, lo que hizo el ejército fue darles vacaciones con prisión preventiva dentro de sus instalaciones. Pero seguramente ya andan de nuevo en servicio», añade Miranda.
El accidente y el rapto
Según reportes policiales, Reinaldo Villalobos se ahogó en 2011 tras un accidente en su lancha. Una elegía popular con forma de corrido, cantada por un grupo musical que evoca a las agrupaciones norteñas de México, se refiere al incidente de la siguiente forma: «(…) Reinaldo era valiente, también era un hombre honrado/ Tuvo encuentros con la muerte, siempre salía librado/ Perdió a alguno de sus hombres, cumpliendo con su trabajo/ Con su R-15 en la mano, sabía cómo dispararlo/ Mandó a varios al infierno/ Nadie podía imaginarse que moriría ahogado/ Aunque hay varios accidentes que dicen ser provocados (…)».
Tras su muerte, en agosto de 2012, su esposa, de origen colombiano, intentó vender la propiedad de Vallecito, pero los garífunas reclamaron de nuevo la legalidad de la tierra. Un año después, ella apareció asesinada por desconocidos.
Inicialmente el proceso de legalización fue interrumpido, debido a que las fuerzas públicas de seguridad no otorgaron la protección exigida por los representantes del INA para medir el territorio. Pero a raíz de la presión internacional, y por orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se logró de nuevo certificar las tierras a favor de los garífunas.
Dos años después que muriera Villalobos, soldados de las Fuerzas Armadas dinamitaron la pista para deshabilitarla, pero las estructuras criminales permanecieron. El 17 de julio de 2014, Miriam Miranda y al menos 20 habitantes de Vallecito, fueron amenazados a muerte y raptados unas horas por hombres armados que presuntamente intentaban rehabilitar el sitio de aterrizaje.
El incidente atemorizó a los pobladores garífunas. En un país como Honduras, señalado por la organización no gubernamental Protection International, como el más peligroso del mundo para los ambientalistas y defensores de derechos humanos, la vulnerabilidad intimida.
Junto a Miranda, desprotegida a pesar de las medidas cautelares impuestas por la CIDH, la coordinadora de la comunidad de Vallecito, Karen García, presenció el incidente del 17 de julio, «la noche anterior no dormimos porque se escuchaba el ruido de unas motosierras. En la mañana hicimos una inspección de rutina, ahí encontramos que habían cortado los pinos para tapar los hoyos y habilitar la pista. En eso un carro se detuvo al lado de nosotros, con tipos armados. De repente atacaron a dos compañeros y a la compañera Miriam. Yo pude esconderme, pero no me fui de la zona, me quedé cerca para estar pendiente. Un compañero logró denunciar por una emisora de radio lo que ocurría, hasta que los soltaron».
Un comunicado de la OFRANEH detalló: «la impunidad con que actúan los grupos armados en la zona de Colón, demuestra que la estrategia del desarme es imaginaria, ficticia, porque los sicarios que raptaron a Miriam y a 20 compañeros garinagüs en Vallecito, estaban armados y con el rostro descubierto».
Dos años han transcurrido desde el rapto. Los cazadores dialogan donde antes no podían ingresar. Uno de los perros husmea un hueco perforado en la estructura destartalada del rancho. «Después que muriera Villalobos, supuestamente alguien encontró un paquete de dinero enterrado en esta casa. Entonces los demás empezaron a buscar por todos lados», explica Guillermo. En países como Honduras, Colombia o México, estas historias o mitos son relativamente frecuentes.
Los cuatro hombres no cazan específicamente para conservar una tradición, lo hacen por comida, por necesidad. Probablemente son víctimas o presas, de lo que Miriam Miranda, define como una nueva «colonización de explotación territorial», permitida y fomentada por el Estado, también ejercida por actores y consorcios privados quienes, si lo requieren, actúan por encima de la ley.
Pese a las amenazas, el acoso y el asedio constante, los pobladores de Vallecito han logrado ejercer momentáneamente el derecho a la propiedad colectiva. El título es un respaldo, pero su esperanza de garantía es la defensa tenaz de su territorio.
Una comunidad, una reserva
Al considerar que la cultura garífuna tiene históricamente una estructura familiar, en su mayoría de carácter matrifocal, es decir, centrada en la figura materna, no sorprende que la defensa de sus territorios o la coordinación de muchas de sus comunidades, recae en las mujeres. Como es el caso de Karen García en Vallecito.
Cuando Karen, originaria de San Juan, Tela, llegó en 2012 a Vallecito, encontró apenas cuatro garífunas. Todos hombres. Los demás habían emigrado a raíz de los conflictos. Bajo estas condiciones, su encomienda era convertir el asentamiento en una reserva para los pobladores de esta etnia.
Esa finalidad se entiende bajo la disputa territorial, «la recuperación de estas tierras ha sido una lucha ardua, una parte estaba en manos de Facussé y la otra del narcotráfico. Pero vemos que muchos garífunas en otras zonas se están quedando sin sus predios, por eso Vallecito ahora es un refugio para todos y todas que deseen venir, acá hay 1,600 hectáreas para ser cultivadas por nuestra gente», explica su coordinadora.
Cuatro años bajo su administración comunitaria bastaron para atraer a 20 familias, «las personas que viven acá son de diferentes comunidades, pero ahora dicen que son de Vallecito», comenta. Pero nada ha sido sencillo. Ni recuperar el territorio, ni aproximar a la gente, ni crear identidad comunitaria.
A pesar que la perspectiva tradicional de género en la cultura garífuna, podría decirse, es más abierta que en las otras siete etnias hondureñas, la coordinadora confiesa haber enfrentado el machismo de los hombres, «hay veces no me querían hacer caso, les costaba entender que fuera una mujer la que orientara a la comunidad».
Este es el único pueblo garífuna que no está a la orilla del mar Caribe -se encuentra a tres kilómetros-, pero más que un inconveniente, los pobladores lo consideran una ventaja, debido a la erosión costera que enfrentan las demás comunidades, la cual consiste en la desintegración y eliminación gradual de sus playas. Su lejanía con el mar limita la pesca, pero también los especializa en la agricultura, ya sea colectiva, y si se solicita, también de manera individualizada. Una actividad compleja porque, en invierno, los campos de siembra se empantanan y durante el verano, la zona es afectada por la sequía.
Una de las primeras construcciones que edificaron fue el centro ceremonial, una casa de paja donde prohíben que se tomen fotografías de su interior. Ahí ejercen sus cultos y ritos, en su mayoría, prácticas religiosas como las ofrendas a sus ancestros, muestra de la relación que tienen los garífunas con el pasado y el presente, un recordatorio a sus orígenes comunes, a sus problemas mutuos y a su unidad étnica y espiritual.
En las ceremonias del dügü afianzan sus conceptos de la vida después de la muerte, la continuidad de las líneas familiares, estrechando los lazos que unen a los garífunas, es decir, una creencia con la convicción que los ascendientes difuntos interfieren en la vida cotidiana de sus descendientes.
Las misiones para evangelizarlos no se han abstenido, desde sus orígenes hasta el presente. Cabe recordar cuando el misionero catalán Manuel de Jesús Subirana catequizó y bautizó a 2,000 garífunas en la Costa Norte de Honduras, entre 1861 y 1864, juzgándolos como «diabólicamente supersticiosos». Pero a pesar de la militante faena misionera, ellos mantienen su propio sistema religioso, una mezcla sincrética de las tradiciones africanas y amerindias.
Alrededor del centro ceremonial, las viviendas combinan materiales que les proporciona su entorno y el comercio en esta remota región: bahareque, yagua, caña brava, bloque, paja y zinc. La concepción arquitectónica es tradicional, más que en las comunidades garífunas cercanas a las ciudades, donde la costumbre se compagina con la urbanidad.
Las condiciones sanitarias demuestran la limitada o nula proyección de los gobiernos en el área de la salud, convirtiendo a los pobladores en presa fácil de enfermedades. Hacen falta servicios públicos de agua potable, de energía eléctrica, centros de salud cercanos y programas de capacitación. Bajo estas condiciones, 62% de los niños garífunas en edades comprendidas entre 0 y 12 años, presentan síntomas de desnutrición.
«La situación de salud de la comunidad garífuna es bastante caótica, mucho pasa por la alimentación y la ausencia de políticas públicas de sanidad», explica Carmen Álvarez, coordinadora de la OFRANEH en el área de Salud, en la rama de medicinas tradicionales, para atender a los pobladores de las 48 comunidades.
Las adversidades económicas no impidieron que la organización comunal instalara una escuela unidocente. Evelin Marín, una joven garífuna, es la maestra para los 15 niños y niñas inscritas en seis grados. La OFRANEH paga su salario. A un lado donde antes había una caballeriza del «Rancho El Dorado», la docente imparte la educación bilingüe. Ella por momentos explica en español y los alumnos responden en garífuna, lengua considerada en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Frente a un Estado incapaz de resolver los conflictos territoriales, el fallecimiento de Raimundo Villalobos, fue la oportunidad del pueblo para retomar su derecho a la propiedad colectiva y ancestral. Pero tampoco significó la desaparición de las amenazas. «Hace como dos meses fui al centro de salud de Limón, de repente entró un muchacho que se levantó la camisa para enseñarme el arma. Yo no lo conocía. La cabecilla del narcotráfico nunca se deja ver, pero hay muchas personas ligadas a esas estructuras criminales», comenta Karen, madre de tres hijos.
A falta de energía eléctrica, las noches en Vallecito parecen más prolongadas. Como si la oscuridad dilatara el tiempo. Por ahora, si las autoridades públicas lo permiten, la antigua pista clandestina de aterrizaje, antes iluminada por plantas de gasolina, no es más que un camino oscuro para el paso vehicular y peatonal. Así lo exigen los garífunas: no más aeronaves sudamericanas cargadas de estupefacientes en su territorio y no más grupos de hondureños invasores como receptores.
Su resistencia merece el respaldo del Estado, pero carece de cualquier tipo de apoyo público. Es más un compromiso comunitario frente a un problema transnacional. Su esperanza para sobrevivir ante un poder que les supera, es haber subsistido siempre a partir de su propio esfuerzo y del entorno, el cual ha sido su reserva de bienes materiales y culturales.
Los cazadores acampados en las ruinas del rancho, probablemente permanecen sigilosos al empuñar sus lanzas ante cualquier movimiento de su presa. La luna ilumina las tierras ancestrales. Luz suficiente para que un grupo de jóvenes improvisen con las sillas y mesas, la percusión que acompaña a dos menores de edad que vocalizan una tonada en su lengua originaria. Un pequeño espacio les basta para resistir con alegría.
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En la siguiente entrega, la lucha por los territorios ancestrales en Nueva Armenia , una comunidad que enfrenta el destierro.
