La cantidad de pruebas diarias que realiza el gobierno de facto en Honduras para dar rastreo al desarrollo de la pandemia, es realmente insuficiente. Un análisis elemental de los datos publicados muestra que existe una propagación mayor del virus en ciudades del departamento de Cortés y posiblemente en la Capital de la República. Desde que inició la alerta se han realizado alrededor de 7,000 pruebas en todo el país, un promedio de 115 pruebas por día, mientras la recomendación de los epidemiólogos es 2,000 diarias para tener un control adecuando del comportamiento de la enfermedad.
Muchas más pruebas han circulado en varios medios de comunicación sobre el mal manejo de los fondos aprobados para combatir el COVID-19 y sus efectos en la economía; varios miles de millones de dólares. Los actos de corrupción repiten los mismos mecanismos de los escándalos en la última década de la dictadura de nuevo tipo que dirige el Estado. El control institucional garantiza la impunidad y la profundización de las desigualdades e injusticias sociales. Por un lado la élite se concentra en sustraer todos los fondos posibles para sus arcas particulares, por otro un grupo de incompetentes burócratas hacen la vergüenza pública presentando informes diarios que no cumplen con ningún rigor científico.
La participación en los organismos que dirigirán el próximo proceso electoral, conquistados por el Partido Libertad y Refundación, comienzan a sentir una presión importante por la incertidumbre que genera el CORONAVIRUS y la constante prolongación de los confinamientos; la postura de la Coordinación Nacional del Partido Libre es que las fechas de convocatorias a las elecciones primarias y generales se mantendrán; es decir, el 12 de septiembre de este año 2020, la compañera Abogada Rixi Moncada, (en su último día es la Presidencia del Consejo Nacional Electoral), hará la convocatoria a las primarias del 12 de marzo de 2020. Sin embargo, el censo electoral aún no se sabe si podrá ser depurado porque el levantamiento de los datos ocupaba de este tiempo que la pandemia ha obligado al Registro Nacional de las Personas a detenerse.
A principios de mayo los tribunales del sur de Nueva York señalaron al Comisionado General (r) de la policía Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, como conspirador para traficar con cocaína hacia Estados Unidos, en la misma investigación se menciona muchas veces a Juan O. Hernández, presidente de facto. Es vox populi el nivel de compromiso que la cúpula del Partido Nacional de Honduras, alcaldes y diputados –algunos ya extraditados- tienen con los carteles de la droga. Para los norteamericanos esto tiene una importancia mayor este año por las elecciones en las que Donald Trump se juega la reelección frente a otro candidato de ultraderecha de los demócratas, Joe Biden. Ambos utilizan el tema de Honduras con fines propagandísticos frente a su electorado latino y los sectores racistas hoy en crecimiento. De las propuestas en su política exterior también se baraja el destino de otras pandemias bastante difundidas en las extrañas del imperialismo como la drogadicción y la xenofobia.
El “Tigre” fue director de la Policía Nacional de Honduras en el periodo 2012 2013, la represión contra el pueblo estuvo a su cargo cuando el Frente Nacional de Resistencia Popular aún hacía presencia en las calles; muchos compañeros fueron asesinados durante su gestión y nunca se hicieron investigaciones serias que dieran con los responsables. 12 años antes, alrededor del año 2000, asuntos internos de Policía Nacional lo había sindicado como responsable de políticas de exterminio y limpieza social en la zona norte del país; también lo habían diagnosticado como psicópata. Otras versiones surgidas luego del señalamiento de las cortes norteamericanas, lo caracterizan en su tiempo activo como sicario de la oligarquía.
El desgaste del régimen marca también un futuro bastante incierto; la población tiene sobradas razones para temer por maniobras y artimañas que pretendan la permanencia de la mafia en el poder. Otras agrupaciones sociales y políticas hablan de alianza de sectores, pero su programa de cambios no se revela y lo más probable es que hablen de extirpar el tumor sin combatir el cáncer. Por la experiencia, ideológicamente los campos de la “indefinición” son traicioneros. Para ellos el modelo económico y social no está en cuestión, pero baten con insistencia la pobre e insulsa bandera barata de “la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Al momento, los actores y las tensiones siguen incrementando; no obstante es tan nebuloso el futuro que apenas se puede ver algunos metros hacia adelante. Un arrebato de los carteles, de los tribunales en Estados Unidos, de las fuerzas en el poder o un giro brusco en el desarrollo de la pandemia podría cambiar radicalmente el futuro, la combinación de estos y otros factores también podrían acelerar grandes acontecimientos políticos y sociales en el país; al momento la que tiene más certeza de avanzar es una peor crisis económica que sin duda también jugará un papel importante a la hora de los desenlaces.
