El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó el lunes una orden ejecutiva que le permite sancionar a funcionarios del gobierno de Nicaragua al considerar que la situación en este país supone una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.».
Con la renovación de la orden, en las próximas semanas EE.UU. anunciará nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, según dijo el lunes a periodistas el representante de EE.UU. ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«La presión sobre Nicaragua va a seguir», dijo Carlos Trujillo a su salida de una sesión del organismo sobre el país centroamericano.
En la carta difundida por la Casa Blanca, Trump señala que la situación en el país y su «amenaza» es causada por «la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018».
También atribuyó al presidente Daniel Ortega «el desmantelamiento y debilitamiento sistemático» de «las instituciones democráticas y el estado de derecho», así como el uso desmedido de la violencia y las prácticas represivas.
La corrupción es otro de los factores que ocasionan, según la misiva, esta situación.
La actuación de Trump obedece a un procedimiento administrativo; el presidente debe prorrogar la orden ejecutiva que emitió el 27
de noviembre de 2018, para que siga en vigor, y esto permite tener argumentos legales para sancionar a funcionarios nicaragüenses.
Opositores piden mayor presión
Para la activista opositora y defensora de los derechos humanos Bianca Jagger, tanto EE.UU. como la Unión Europea deben imponer más sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, en especial, a los militares.
«No se ha tocado el ejército de Nicaragua porque tienen esperanza de que el ejército se va a conducir como el de Bolivia», dijo Jagger en un evento el martes en Washington D.C. «El ejército le ha facilitado las armas de guerra a la policía y a los militares», añadió.
Nicaragua, junto con Cuba y Venezuela, es uno de los países latinoamericanos a los que el gobierno de Trump ha puesto como prioridad a la hora de imponer presión diplomática y económica para llevar a un cambio en el gobierno.
Según Roberto Courtney, director ejecutivo de la ONG Ética y Transparencia, en el caso del gobierno centroamericano, el efecto que pueden tener las sanciones puede ser mayor ya que es un país más vulnerable económicamente.
«Es una pequeña diferencia [entre Nicaragua y Venezuela] (…) la vulnerabilidad económica lo hace más propenso a que las sanciones puedan tener efecto», dijo Courtney.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018. Según un informe de una Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre Nicaragua, ésta ha dejado al menos 325 muertos.
El reporte, presentado ante el Consejo Permanente el lunes, recomendó que la OEA declarara una «alteración del orden constitucional» en Nicaragua, lo que podría desencadenar la suspensión del país del organismo multilateral.
Para Courtney, este escenario tendría que ir acompañado de nuevas vías diplomáticas que permitan una salida negociada de la crisis.
«Si hay garrote también tiene que haber zanahoria», dijo el experto en procesos electorales. «Uno esperaría que más allá que las posiciones de la OEA que podrían representar presión también se mantengan abiertos (…) nuevos caminos diplomáticos que permiten que no sea solo una cuestión de llevar la situación a un punto de ebullición», añadió.
Fuente: VOA.
