Apenas dos mujeres integran la junta directiva del actual Congreso Nacional: Gladys Aurora López, quien ha pasado de la primera vicepresidencia a la sexta, y Teresa Cálix, desempeñándose como primera prosecretaria. Dos mujeres más entran en las vicepresidencias alternas: Olga Ayala, del Partido Nacional, y Dunia Ortiz, de la Alianza Patriótica. Esto refleja un fuerte retroceso en la participación de la mujer en el poder del estado donde más influye la política en el país, puesto que se encuentran relegadas a posiciones prácticamente decorativas que no conllevan un protagonismo político y mediático como la presidencia, las primeras vicepresidencias y la secretaría general. Tal parece que el Congreso Nacional ha dejado de legislar «con rostro de mujer», como campantemente se afirmaba el período pasado.
Desde el año pasado, a pesar de la crisis desatada por la incertidumbre que presentaba el nivel presidencial, antes que el Tribunal Supremo Electoral diera su declaratoria oficial, el escenario en el Congreso Nacional ya se daba como cosa resuelta. Las tres bancadas más importantes del país comenzaron sus cabildeos internos para definir jefaturas y direcciones, y por fuera la puja por la integración de la junta directiva arrancó, partiendo desde el punto más álgido, que pasaba por definir quién ocuparía la presidencia del legislativo en los próximos cuatro años.
Amparados en el frágil triunfo declarado por el Tribunal Supremo Electoral del actual presidente de la república, Juan Orlando Hernández, quienes se perfilaron en su momento como posibles cabezas de este poder del estado son miembros de los dos partidos tradicionales del país, Partido Nacional y Partido Liberal, y todos hombres. Se habló de una reelección del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y de la posibilidad de ubicar al presidente del Partido Nacional y diputado reelecto, Reinaldo Sánchez, en esta misma posición; también fueron mencionados David Chávez Madison y Antonio Rivera Callejas. Por su parte, la bancada del Partido Liberal pidió, bajo el argumento de la «gobernabilidad» (pese a que al inicio del gobierno anterior fuera este mismo argumento el que fue utilizado para justificar su rechazo a ocupar la presidencia de este mismo poder del estado), que la presidencia del Congreso Nacional debe ocuparla un diputado de su bancada. Elvin Santos, Mauricio Villeda y hasta Darío Banegas fueron mencionados como candidatos a la nominación.
La cuestión se resolvió parcialmente este pasado domingo, con la fugaz elección de la junta directiva provisional, integrada por Mauricio Oliva en la presidencia, Denis Castro Bobadilla en la vicepresidencia y Tomás Zambrano como secretario. Este martes, en otra sesión igualmente fugaz, se ratificó la propuesta de Junta directiva que presentó como moción el diputado del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, con Mauricio Oliva en la presidencia, Antonio Rivera Callejas como primer vicepresidente y Tomás Zambrano como secretario. Apenas dos mujeres integran la junta directiva del actual Congreso Nacional: Gladys Aurora López, quien ha pasado de la primera vicepresidencia a la sexta, y Teresa Cálix, desempeñándose como primera prosecretaria. Dos mujeres más entran en las vicepresidencias alternas: Olga Ayala, del Partido Nacional, y Dunia Ortiz, de la Alianza Patriótica. Esto refleja un fuerte retroceso en la participación de la mujer en el poder del estado donde más influye la política en el país, puesto que se encuentran relegadas a posiciones prácticamente decorativas que no conllevan un protagonismo político y mediático como la presidencia, las primeras vicepresidencias y la secretaría general. Tal parece que el Congreso Nacional ha dejado de legislar «con rostro de mujer», como campantemente se afirmaba el período pasado.
Desde el inicio de la historia democrática en Honduras, en 1982, la posición más alta alcanzada por mujeres en las juntas directivas del Congreso Nacional ha sido la primera vicepresidencia, y únicamente en dos ocasiones: la primera vez la ocupó la diputada liberal Lizzy Flores, durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales y bajo la presidencia del legislativo de Roberto Micheletti Baín; la segunda vez ha sido en este gobierno saliente, ocupada por la diputada nacionalista Gladys Aurora López, bajo la presidencia del legislativo de Mauricio Oliva. En las elecciones del 2013, la representatividad de la mujer en el Congreso Nacional, a pesar de haber alcanzado su mayor porcentaje hasta la fecha, apenas alcanzaba un 25.7%; estas elecciones recién pasadas nos dejan un fuerte retroceso en ese aspecto, ya que, según el Observatorio Político de Mujeres N26, las mujeres apenas logran un 20% de representatividad en el Congreso Nacional electo. Sumado a lo anterior, nos encontramos ante una grave desigualdad política para las mujeres hondureñas, aún cuando son el grupo poblacional mayoritario en relación a los hombres hondureños, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La pregunta que surge, inevitablemente, es: ¿acaso no hay mujeres diputadas que tengan la capacidad política para desempeñarse en la presidencia del Congreso Nacional?
La respuesta a la pregunta anterior es que sí existen mujeres con extensas trayectorias políticas que tienen las habilidades necesarias para dirigir el centro político del país, pero lamentablemente, a pesar de los talentos y capacidades que puedan tener las mujeres políticas, los partidos mantienen una fuerte línea que ahoga los liderazgos femeninos, y por consiguiente, al realizarse los cabildeos dentro del Congreso Nacional para definir las posiciones de poder tanto en la junta directiva como dentro de las bancadas, son hombres los que toman toda la cuota para sí mismos. Actualmente, sólo una mujer se desempeña como jefa de bancada: Doris Gutiérrez, del PINU-SD. Ninguno de los tres partidos mayoritarios reconoce y valora con respaldo auténtico la trayectoria política de las mujeres que aportan su capital humano a estos partidos.
¿Cuándo van a comenzar a reconocer los partidos que sus correligionarias tienen los mismos derechos y por lo tanto deben ejercer la misma cuota de deberes y poderes en sus organizaciones políticas? ¿Cuándo dejarán de existir los «pactos entre caballeros» para dar paso a consensos entre personas iguales, representantes del pueblo, sin importar el género? ¿Cuándo vamos a dejar de cuestionar los liderazgos femeninos y permitir que estos se desarrollen a la máxima expresión? ¿Cuándo vamos a dejar de ser «el relleno» dentro de una asamblea legislativa que debería representar más de la mitad de la población, que son las mujeres? Clase política, ya es tiempo que se eliminen los antiguos vicios de poder y que dejen de violentar el derecho ciudadano de las mujeres a participar en política y a ocupar puestos de importancia y responsabilidad en el seno tanto de los partidos políticos como de los tres poderes del estado. No es una dádiva lo que exigimos las mujeres; es nuestro derecho.
