El gobierno de Estados Unidos anunció que queda suspendida la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), para unas cien mil personas de Honduras y Nepal, dejando la decisión de si se amplía o no a la Corte Suprema de Justicia.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros defensores de los derechos de los inmigrantes presentaron a principios de febrero ante el Tribunal de Distrito en San Francisco una demanda colectiva contra la administración Trump por su decisión de terminar con el estado de protección temporal para los inmigrantes de esos dos países, ya que según estos «es inconstitucional y discriminatoria la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de terminar con el TPS, esta fue motivada como un crimen racial”.
El TPS seguirá vigente para unos 86,000 inmigrantes hondureños y unos 15,000 nepaleses al menos hasta que se decida la apelación en el caso Ramos contra Nielsen, que alega que los funcionarios del gobierno “divergieron ilegalmente de cómo todas las administraciones anteriores habían interpretado la ley de TPS, como parte de un amplio esfuerzo para reducir el número de inmigrantes no blancos en los Estados Unidos».
José Palma de la Alianza Nacional TPS en los Estados Unidos, considera que el anuncio es una nueva noticia, pero advirtió que “no puede distraer la urgencia y la necesidad de una reforma legislativa sólida que brinde soluciones permanentes para todos los titulares de TPS”.
Marlon Tábora, Embajador de Honduras en Washington expreso qué “la orden de cancelación y deportación de quienes gozan del TPS queda suspendida, aunque hay que hacer notar que de referirse (la Corte Suprema de Estados Unidos) en contra de esta decisión antes del 6 de enero de 2020 no habría ningún beneficio adicional para los hondureños”.
Según la administración Trump, los países que gozan del TPS “se habían recuperado lo suficiente de los desastres originales y que el TPS nunca debía ser permanente”, un portavoz del Departamento de Justicia dijo el mes pasado que la decisión de terminar el TPS para Honduras y Nepal fue «legal y razonable».
Las protecciones debían finalizar en junio para los nepaleses y en enero para los hondureños pero esta suspensión esencialmente agrupa el destino de estos junto al de más de 300,000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, que recibieron esta oportunidad en octubre del año anterior y al menos hasta que su caso se resuelve en los tribunales.
También el martes, los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer una nueva versión de Dream Act, llamada formalmente Dream and Promise Act, que incluye un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de TPS.
