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En su análisis de la actual de la crisis que vive el país, GRI reconoce que el presidente Juan Orlando Hernández se ha visto debilitado tanto por las revelaciones de que la DEA lo ha investigado, así como por las protestas en contra de los PCM que intervienen los sistemas de salud y educación.
Es poco probable, afirma el análisis, que estos desarrollos propicien la caída de Hernández, pero socavarán su capacidad para configurar una reforma electoral pendiente que podría dejar abierta la posibilidad de su eventual reelección.
El control institucional todavía sólido de Hernández debería permitirle cumplir con el acuerdo del FMI recientemente firmado por el gobierno, justificando la trayectoria política positiva a largo plazo del país; pero el riesgo es claramente creciente.
El gobierno seguirá cumpliendo con el programa del FMI
A pesar de un entorno político más desafiante, el gobierno aún debe poder implementar su nuevo mecanismo de suspensión y crédito en espera de 24 meses del FMI, anunciado a principios de mayo. Si bien el directorio del FMI aún tiene que aprobar el programa y dar a conocer los detalles, tratará en gran parte con más reformas microeconómicas destinadas a fortalecer las instituciones, muchas de las cuales no requerirán la aprobación del Congreso y no son políticamente controvertidas. El programa también buscará resolver los problemas pendientes en la compañía estatal de energía ENEE que no se resolvieron en la acuerdo inicial del gobierno con el FMI que concluyó en diciembre de 2017.
Esto incluyó esfuerzos para resolver las deudas pendientes de la empresa (USD 2,3 mil millones, según el jefe económico Marlon Tabora); renegociar contratos costosos de generación de energía, abordar las pérdidas y aumentar aún más las tarifas de electricidad. De estos elementos, este último probablemente será el más políticamente desafiante. Aunque el gobierno ha elevado las tarifas arancelarias en el pasado con un mínimo costo social, será más difícil hacerlo en el entorno actual y podría provocar más disturbios. Este último no necesariamente descarrilará el programa, particularmente si el FMI es flexible, pero puede generar cierta incertidumbre adicional.
Sin embargo, una situación política más desafiante detendrá el esfuerzo de JOH para dar forma a una reforma electoral pendiente para permitir su eventual retorno. El problema de la reelección deberá resolverse antes de la votación de noviembre de 2021, ya que actualmente no existe un marco legal que lo regule (JOH se presentó en 2017 de un fallo de un tribunal constitucional). En enero, el Congreso aprobó una reforma electoral que incorporó una serie de recomendaciones de la OEA, pero no incluyó el tema más delicado, a saber si se debe permitir la reelección, así como si hay una segunda vuelta, que la oposición ha pedido durante mucho tiempo.
La crisis que generó el proceso electoral de 2017 ya obligó a JOH a comprometerse a no buscar una nueva candidatura en 2021, pero, sin embargo, ha estado tratando de presionar por una reforma que dejaría la puerta abierta para su eventual regreso. Esto podría incluir, por ejemplo, permitir una elección adicional no consecutiva y argumentar que las nuevas reglas se aplican de ahora en adelante, para permitirle postularse (la OEA ha dejado en claro que JOH no debería beneficiarse de ningún cambio en la legislación electoral). En el Congreso, hay conversaciones crecientes de un referéndum popular para resolver estos problemas. Pero a pesar de eso, JOH tendrá una capacidad mucho más limitada para establecer los términos de la reforma electoral en el entorno político actual.
Un Hernandez más débil.
El presidente Hernández experimentará un creciente debilitamiento en el contexto en el que ya enfrenta una protesta popular por reformas controvertidas en los sistemas de salud pública y educación. El gobierno emitió un decreto en mayo que «reestructuraría» el secretario de salud pública y el ministerio de educación, que los docentes públicos y los médicos interpretan como un intento de privatización. Frente al rechazo, JOH anunció el 2 de junio que emitiría nuevos decretos y adoptaría una postura más conciliadora, pero la protesta se reanudó ayer debido a las preocupaciones persistentes sobre los planes actuales del gobierno.
Si bien los disturbios en curso representan un desafío adicional para Hernández, es poco probable que se convierta en una crisis social más amplia, y Hernández tiene las herramientas para contenerlos si comienzan a salirse de control. Esto incluye el apoyo del aparato de seguridad, como lo demuestra su disposición a defender su presidencia y moderar la protesta a raíz de las disputadas elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Más aún, si la protesta persiste y se vuelve más problemática, Hernández puede retroceder más decisivamente en las reformas, y ya ha demostrado su voluntad de dar marcha atrás en este tema de ser necesario.
Las solicitudes de la corte federal de EE.UU. publicadas el 30 de mayo en Nueva York revelaron que el presidente Juan Orlando Hernández ha estado bajo investigación por parte de la DEA desde 2013 por presunto tráfico de drogas y actividades de lavado de dinero. El documento se presentó como parte de la moción previa al juicio en el caso del hermano de Hernández, Tony, quien fue arrestado en los Estados Unidos el año pasado por cargos de tráfico de cocaína. Además de JOH, su asesor cercano, Ebal Díaz, y su ministro de seguridad, Julian Pacheco, también forman parte de la investigación. Sin embargo, no hay indicios de que se hayan presentado cargos contra el presidente.
Los rivales políticos de JOH se han apoderado de las revelaciones de la DEA para usar como combustible contra él, incluidas las peticiones de renuncia de su predecesor convertido en rival, Porfirio Lobo. Sin embargo, a excepción de los cargos reales, parece poco probable que la revelación lleve a JOH a renunciar o contribuir a una crisis política más amplia que podría llevar a su derrocamiento. Primero, JOH mantiene un fuerte control institucional, incluso en el Congreso, donde su Partido Nacional tiene 61 aliados para formar mayorías. Además, la oposición sigue dividida. Finalmente, continúa disfrutando de un fuerte respaldo de los Estados Unidos. JOH ha demostrado ser un socio leal en la región, incluso en la embajada israelí, Taiwán y Venezuela (bajo la presidencia de Juan Guaydó), lo que a su vez significa que Trump probablemente continuará apoyándolo por el momento.
Fuente original en inglés: Global Risk Insights
