Rolando Argueta, el Magistrado Presidente que Washington necesita

@oscarlestrada Rolando Edgardo Argueta Pérez nació el 20 de febrero de 1972, es originario de Lepaera, Lempira. Es el hijo el mayor del hogar que formaron el dos veces alcalde de Lepaera por el Partido Nacional, José Lucío Argueta y la señora Sofía Pérez Rivera. Sus hermanos son Denia Lorena, Carlos Augusto, Reina Sofía, Diana Rubí, Héctor Enrique y Óscar Mauricio. Está casado con Delmy Lara Trejo con quien procreó los hijos Ángel David, Reina...
Oscar Estradaseptiembre 20, 2019

@oscarlestrada

Rolando Edgardo Argueta Pérez nació el 20 de febrero de 1972, es originario de Lepaera, Lempira. Es el hijo el mayor del hogar que formaron el dos veces alcalde de Lepaera por el Partido Nacional, José Lucío Argueta y la señora Sofía Pérez Rivera. Sus hermanos son Denia Lorena, Carlos Augusto, Reina Sofía, Diana Rubí, Héctor Enrique y Óscar Mauricio. Está casado con Delmy Lara Trejo con quien procreó los hijos Ángel David, Reina Sofía, Rolando Edgardo y Sofía.

De familia cafetalera, proviene de la misma zona del Presidente, Juan Orlando Hernández, con quien mantiene una muy buena relación. Sus primeras letras las recibió en la escuela Manuel Bonilla de Lepaera, siendo aún adolescente partió a la capital para continuar su enseñanza secundaria en el instituto San Francisco de Comayagüela. Concluido el Ciclo Común, retornó a Lempira y continuó sus estudios en la Escuela Normal Mixta Justicia y Libertad de Gracias, Lempira, adonde se graduó como maestro de educación primaria.

Ha sido el abogado más joven que ha asumido la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Antes de ser presidente magistrado, se desempeñó como director de fiscales del Ministerio Público. Tiene un posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH promoción 2005/2006; Maestría en Derecho Procesal Civil de UNITEC. Fue miembro propietario del Consejo de la Judicatura electo el 6 de septiembre de 2013. Fungió como magistrado de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán. El 16 de febrero de 2012 recibió de la Corte Suprema de Justicia el exequátur de notario público.

“Argueta es un hombre honrado, que tiene toda una carrera judicial que inició como juez de paz; además, conoce perfectamente el funcionamiento del Poder Judicial, de convicción y comprometido con Honduras”, comentó a La Prensa uno de sus mejores amigos y colega, quien prefirió que no se citara su nombre. Otros amigos lo describen como un hombre leal.

Rolando Argueta


Argueta fue propuesto para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por el magistrado José Rodríguez y la nominación fue secundada por los magistrados nacionalistas Lidia Álvarez y Miguel Pineda. La designación fue aprobada para ser presentada al pleno del Congreso al no haber otra de parte de los demás magistrados. 

Según la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, “ha sido tradición en la política hondureña que el presidente de la República busque influir en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Eso se da para garantizar que una vez afuera del poder, no se le persiga judicialmente. Todos los gobiernos lo han hecho”, y el caso de Argueta no ha sido la excepción.

Aprendiendo de la experiencia del intento del presidente Manuel Zelaya Rosales de influir en una Corte Suprema de Justicia para validar su proceso de Cuarta Urna, el Presidente, Juan Orlando Hernández buscó asegurarse una corte a su medida. Rolando Argueta, sin haber sido el mejor calificado en el proceso de selección, era desde el principio el favorito para el puesto de presidente del poder judicial.

El abogado Argueta ha expresado muchas veces que su relación con el presidente Hernandez es estrictamente personal. La oposición sin embargo lo ve como pieza clave para la reelección del mandatario en 2017. Cabe recordar que no fue Argueta quien habilitó al presidente Hernández para lanzar su candidatura a la reelección, algo vetado por la Constitución de la República vigente, fue la anterior Corte Suprema de Justicia presidida por el abogado Rivera Aviléz. Argueta determinó que el fallo de 2015 era Cosa Juzgada, cerrando el debate en Honduras.

Argueta, electo en febrero de 2016, juega también un papel importante en la estrategia de Estados Unidos de lucha contra el narcotráfico y la corrupción en el país.

Estados Unidos presionó al gobierno de Honduras para implementar una estrategia de lucha en contra del narcotráfico que resultara efectiva. Desde el año 2007, al inicio de la implementación del Plan Mérida, se echó a andar una estrategia en la región de intervención directa de la DEA que se vio ineficiente y demasiado costosa en términos mediáticos, para 2009, con el Golpe de Estado, la estrategia demostró ser completamente inútil. Ese año fue acribillado en Tegucigalpa el zar antidrogas Arístides Gonzáles, con la participación del alto el mando policial; dos años después, en diciembre de 2011, el político y oficial antinarcóticos Alfredo Landaverde fue asesinado a tiros, varios días después de haber acusado públicamente al Gobierno, al Ejército y a la Policía de connivencia con los narcotraficantes.

Según un artículo reciente del portal InsightCrime, la embajada de Estados Unidos en ese período temía que “nada pudiera hacerse” en cuanto a la lucha en contra del narcotráfico. todo parecía estar en contra.

En 2012 la estrategia cambió. La extradición, que en otros países se había convertido en una poderosa herramienta para hacer frente a las grandes operaciones de narcotráfico que comprometían y debilitaban la autoridad estatal, era la nueva estrategia del gobierno de Estados Unidos en la región para desmantelar los carteles del narco. 

El nombramiento de la Corte Suprema de Justicia recibió un fuerte rechazo por parte de la oposición política en el Congreso Nacional que vio que los candidatos respondían a los intereses de los grandes grupos económicos y élites políticas del país.


Así, el 19 de enero de 2012, el Congreso Nacional, que por entonces era presidido por Juan Orlando Hernández, llevó a cabo una sesión para discutir la reforma de una parte de la Constitución de Honduras de 1982: el artículo 102, que prohibía la extradición de ciudadanos hondureños. Alrededor de las 7:00 pm, los legisladores encabezados por Hernández entraron a una reunión a puerta cerrada. Unos 100 policías y soldados vigilaban afuera del Congreso Nacional. Dos horas más tarde, el Congreso había aprobado una reforma constitucional que le daba al presidente el poder de “negociar y suscribir tratados internacionales” que permitirían la extradición de hondureños acusados de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.

Ese día el presidente Lobo se encontraba afuera del país, en un viaje oficial a Miami, Florida. El presidente Hernández empujó el proyecto tal cómo desde Estados Unidos se había solicitado. No tenía opción, de negarse a hacerlo habría perdido el apoyo de Washington y con toda seguridad las elecciones de 2013.

Pocos meses más tarde de ganada la presidencia de Honduras en las elecciones de 2013, la reforma impulsada por el presidente Hernández comenzaba a funcionar. El narcotraficante conocido como el Negro Lobo fue puesto a bordo de un avión del gobierno de Estados Unidos y extraditado en 2014. Le siguieron los jefes de las principales familias narcotraficantes: los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle Valle fueron extraditados en diciembre de 2014, y un tercer hermano de los Valle, un mes después. Sabiendo que no tenían opción ante la nueva estrategia, otros traficantes comenzaron a entregarse, con la esperanza de llegar a algún acuerdo con la justicia norteamericana. Devis y Javier Maradiaga Rivera, jefes de Los Cachiros, se entregaron en 2015, luego de haber colaborado para la DEA por 2 años recogiendo información que comprometía a sus aliados principales en el mundo del crimen organizado y en los estamentos del Estado. En total, más de 30 poderosos narcotraficantes han sido extraditados del país entre 2014 y 2019.

Hasta ese momento la extradición se aplicaba para los delincuentes del país. Fue hasta ese 2015 que las cosas comenzaron a complicarse para la élite política que se creyó intocable. En 2015 el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa fue arrestado en Haití (algunas fuentes incluso afirman que fue en Honduras) y llevado a los Estados Unidos en donde luego sería sentenciado a 24 años de cárcel. Los herederos del clan Rosenthal se vieron obligados a entregarse a la justicia de Estados Unidos para responder a cargos de vínculos con el narcotráfico. Ese año también, el expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, líder del Partido Nacional y mentor del presidente Hernández, voló a Florida en un avión privado para entregarse, después de ser acusado de soborno en un gran escándalo de fútbol a nivel internacional.

Un funcionario de la embajada de Estados Unidos, quien según InsightCrime habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado para hacerlo, dijo que Hernández no mostró signos de preocupación cuando se le presentó la solicitud de extradición del expresidente Callejas.

Seguía la lucha en contra de la corrupción, un flagelo que en el gobierno de Pepe Lobo había alcanzado niveles inéditos. En 2015, luego de conocerse la magnitud del desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social, miles de personas salieron a la calle exigiendo la implementación de una CICIH para investigar el flagelo y arrestar a los responsables que contaban con toda la estructura del estado para protegerse. El gobierno de Obama, a través de la OEA, presionó para la conformación de una misión de apoyo que terminó siendo la MACCIH. La estrategia de Estados Unidos estaba demostrando funcionar, pero venía la elección de la Nueva Corte de Justicia.

Mauricio Oliva, presidente del CN, Juan Orlando Hernández, presidente de la República, Luis Almagro, secretario general de la OEA y Rolando Argueta, presidente de la CSJ.


A finales de 2015 se debía consensuar las nuevas autoridades del poder judicial. Como es tradicional en la política nacional, todas las fuerzas del país entraron en acción buscando influir en esa elección. Una corte favorable a las élites podía ponerlos a salvo de la extradición y de la MACCIH. La nueva Corte de Justicia se volvía vital para continuar con la estrategia de lucha en contra del crimen organizado y las mafias en el país. Se temía que el control que las mafias ejercen sobre sectores de la política nacional pudiera afectar la elección debilitando la estrategia norteamericana. Así, la reelección, como objetivo del presidente Hernández y la extradición, como objetivo de los Estados Unidos, se sumaban a los requerimientos de los países cooperantes que vieron en la MACCIH, la estructura necesaria para combatir la corrupción en Honduras.

Rolando Argueta, sin pertenecer a ninguno de los grandes clanes de la política nacional, resultó ser el cuadro que satisfacía a todos. Su misión sería mantener el Status Quo alcanzado desde 2013. No alterar el fallo de la anterior corte en torno a la reelección presidencial, mantener la política de extradiciones impulsada por Washington y fortalecer la lucha en contra de la corrupción que inició la MACCIH en el país. Hasta el momento ha demostrado ser el hombre correcto. Igual razones hay detrás de la reelección del abogado Chinchilla como Fiscal General de la República.

En febrero de 2016, cuando fue juramentado Presidente de la Corte Suprema de Justicia para un período de 7 años, el abogado Rolando Argueta afirmó al pleno del Congreso Nacional: “Voy a poner mis conocimientos, mi experiencia y mi capacidad al servicio del país en pro de una justicia expedita y rápida como lo debe ser en todos los campos del derecho penal”, dijo. De su nombramiento como magistrado expresó que “lo recibimos con muchísima humildad y con agradecimiento en primer lugar a Dios por habernos permitido la cantidad de votos necesarios de los honorables diputados del Congreso Nacional”.

Acerca de El Pulso

Propósito: Somos un equipo de investigación periodística, que nace por la necesidad de generar un espacio que impulse la opinión sobre los temas torales de la política, economía y la cultura hondureña. Estamos comprometidos con el derecho que la gente tiene de estar verdaderamente informada.

Derechos Reservados 2019