ABORDAN RETOS PARA LA EMPRESA PRIVADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Por Edgardo Mancía  Con el fin de ponerle un alto a los conflictos que se generan al interior del país entre empresas y grupos campesinos e indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y otras organizaciones, desarrollaron  un ciclo de conferencias sobre empresas y derechos humanos los días 28 y 29...
Redacciónseptiembre 3, 2019

Por Edgardo Mancía 

Con el fin de ponerle un alto a los conflictos que se generan al interior del país entre empresas y grupos campesinos e indígenas, la Secretaría de Derechos Humanos, en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y otras organizaciones, desarrollaron  un ciclo de conferencias sobre empresas y derechos humanos los días 28 y 29 de agosto. 

El evento tuvo la presencia de expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y políticas públicas concernientes a la empresa privada. En representación de la UNAH, la decana de Ciencias Jurídicas, Bessy Nazar, comentó: «Las empresas y los derechos humanos por su propia naturaleza son dos vertientes en el desarrollo de un Estado. Un Estado de derecho constitucional tiene dentro de sus pilares fundamentales la democracia, el Estado de derecho, pero también los derechos humanos.» Puntualizó también que el Estado debe respetar la vida, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, el derecho al trabajo y principalmente el derecho a la consulta informada, ya que todas estas características generan un ambiente necesario para la paz y justicia social. 

«Derechos humanos y empresa privada deben ser un binomio que funcione acompasadamente, donde las empresas decidan proteger las condiciones ambientales y también decidan proteger los sistemas de garantías laborales de sus empleados; donde las empresas decidan tener ganancias éticas en su utilidad y en su propia funcionalidad.»

 «Que redistribuyan parte de esas utilidades en el bien común de sus propios empleados, socios, capital humano, pero también que se responsabilice de las comunidades donde operan. Esa responsabilidad implica que debe tener actuaciones conforme al desarrollo y bien común de las comunidades. Debe respetarse también la cultura y el medio ambiente y todos aquellos espacios de convivencia, recreación y reproductividad que tengan cada una de las comunidades», finalizó. 

Por su parte, el embajador de la delegación Unión Europea, Alessandro Palmero, comentó que la alianza entre empresas y derechos humanos se está convirtiendo en una prioridad mundial y la Unión Europea promueve la responsabilidad social con el objetivo que se respeten los derechos humanos de los trabajadores del medio ambiente. Resaltó que estás acciones tienen como objetivo de resolver conflictos. 

La actual ministra la Secretaria Derechos Humanos, abogada Karla Cueva, expresó que este espacio académico despierta muchas expectativas: «Es la oportunidad de resaltar los retos que como país debemos afrontar para que los principios sean plenamente acogidos, internalizados y aplicados en todos los espacios. Esto solo es el primer paso. Viéndolo hoy, parecerá que el camino es largo, difícil y cansado».

La asesora en derechos humanos para la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Lori Stamm, comentó a El Pulso sobre el plan de acción de industria y derechos humanos que estarán implementando. 

«Con este plan queremos enfrentar algunos de los conflictos sociales y algunos de los retos que existen para que realmente podamos mitigar y respetar los derechos humanos a nivel del sector industrial».

«Los retos que se enfrentan son complejos. Es una cuestión de institucionalidad débil, leyes confusas, falta de normas de regulación y convenciones como la 169, sobre pueblos indígenas y consulta previa informada».

Para la Stamm, el escenario actual es una combinación de falta de transparencia y de información entre los involucrados. Resaltó que desde su llegada a Honduras se sorprendió al conocer que las organizaciones no gubernamentales y sector privado pueden estar trabajando en torno a los mismos objetivos pero no comparten la información. 

«Esa falta de información ha causado que tanto las comunidades y las mismas empresas que quieren hacer proyectos no tengan un flujo de información continuo, y aunque tengan el mismo fin se ponen en contra. Los retos son bastantes». 

Errores que cometen las empresas

La asesora señaló que Honduras firmó el Convenio 169 pero nunca se le han implementado regulaciones o normas para guiar a las empresas de cómo hacer una consulta en una comunidad. Las empresas actualmente están en libertad de hacer la consulta como mejor consideren. 

Señaló que la mayoría de los proyectos provienen de fondos internacionales. «Es difícil que interpreten las leyes para que realmente las estén cumpliendo. No solamente hay vacíos (en la legislación nacional), si no con los estándares internacionales.»

Acotó que uno de los errores de una empresa hondureña, pese a que está cumpliendo con todas las leyes nacionales, es ignorar que algunas de esas leyes no siempre cumplen con los derechos humanos. Además falta un mecanismo de comunicación para socializar los proyectos, así como un sistema de quejas que realmente funcione.

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