Bajo rumores de injerencia del legislativo se confirmó la salida de la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, María Soledad Pazo, quien dejará el cargo y el país el próximo viernes.
“Sabemos que a ella se le vencía el plazo que establece el Consejo de Derechos Humanos, pero sabemos que ese plazo puede ser renovado y desde nuestros análisis como sociedad civil consideramos que la salida de ella es bastante inoportuna y que pudo haber cierto tipo de presiones desde el gobierno para que no se le renovara su mandato”, Gilda Rivera, Directora del Centro de Derechos de Mujeres.
Estas presiones serían la consecuencia de la presentación del informe “Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos”.
Rivera explicó que “ella y su equipo han jugado un papel importante en la denuncia a la violación de los Derechos Humanos como se establece en el último informe que presentaron”, lo que habría incomodado a las altas autoridades del país, quienes presionaron para su salida del país.
El informe es el seguimiento al documento “Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras”, presentado en 2018 y donde se constatan 23 muertes durante los conflictos, 22 de civiles y un policía.
En el informe de responsabilidad se denunció que luego de dos años de pasados los hechos, ninguno de los casos ha obtenido una condena, señalando debilidad en la estrategia de investigación y procesamiento por parte del Ministerio Público.
Dentro de las recomendaciones se destacó que se debían de abstener de usar a las Fuerzas Armadas y la Policía Militar en la vigilancia de protestas y manifestaciones y dejar solamente a la policía en ese tipo de eventos.
Pazo llegó al país en el 2015 cuando esta oficina de observación de los Derechos Humanos de la ONU fue instalada en el país.
