¿QUÉ SIGUE AHORA EN NICARAGUA?

Por Crisis Group El resentimiento público es alto en Nicaragua después de que las protestas callejeras en abril fueron aplastadas en una brutal represión gubernamental. Para evitar más disturbios, el presidente Ortega debe implementar reformas electorales acordadas, mientras que los actores internacionales mantienen la presión diplomática para crear las condiciones para el diálogo. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha sofocado un levantamiento cívico a través de la violencia, la intimidación y el enjuiciamiento de los...
Oscar Estradadiciembre 21, 2018

Por Crisis Group

El resentimiento público es alto en Nicaragua después de que las protestas callejeras en abril fueron aplastadas en una brutal represión gubernamental. Para evitar más disturbios, el presidente Ortega debe implementar reformas electorales acordadas, mientras que los actores internacionales mantienen la presión diplomática para crear las condiciones para el diálogo.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha sofocado un levantamiento cívico a través de la violencia, la intimidación y el enjuiciamiento de los manifestantes sin el debido proceso. Más de 300 personas murieron en enfrentamientos que enfrentaron a manifestantes contra la policía y grupos para-policiales. Las protestas han disminuido desde entonces, con muchos opositores que huyen al exilio. El diálogo entre ambos lados del conflicto se han derrumbado.

¿Por qué eso importa? Una fuerte recesión económica, el alejamiento del gobierno de los antiguos aliados de Ortega en la Iglesia Católica y el sector privado, así como la ira social más amplia por la represión, hacen que sea más inestable a menos que el gobierno de Nicaragua indique que está preparado para atender al menos algunas demandas de los manifestantes.

La reanudación del control de Ortega y la falta de liderazgo de los manifestantes obstaculizan la reanudación inmediata de las conversaciones. En cambio, la presión diplomática sobre Ortega de América Latina, los EE. UU., La UE y el Vaticano podría estimularlo a llevar a cabo una reforma electoral, lo que demostraría su disposición a comprometerse y allanar el camino para el diálogo futuro.

Resumen ejecutivo

Durante mucho tiempo retratado por su gobierno como un bolsillo de tranquilidad en un vecindario violento, Nicaragua sufrió un revés inesperado y devastador este año. Enfurecidos por los planes de reforma de la seguridad social, los manifestantes tomaron las calles en abril solo para enfrentar el poder de fuego de las fuerzas de seguridad y el parapoliciales. Meses de revueltas, choques y arrestos en masa disminuyeron en julio, cuando el presidente Daniel Ortega reestableció el control. Aunque las estimaciones varían, más de 300 personas murieron en la agitación, la mayoría de ellos manifestantes. La fuerza bruta y el apoyo de las instituciones populares y estatales permitieron la supervivencia de Ortega. Pero los problemas económicos, las hostilidades políticas sin cesar y la desafección de los antiguos aliados podrían alimentar más disturbios. Para evitar esto, el presidente Ortega debe emprender reformas electorales y garantizar el debido proceso para los manifestantes arrestados. Los estados regionales, la UE, los EE. UU. Y el Vaticano deben evitar las sanciones adicionales por ahora, pero presionar al gobierno para que se comprometa con estas reformas como precursor de un diálogo renovado.

Ortega aún cuenta con el apoyo de cerca de un tercio de los nicaragüenses a pesar del derramamiento de sangre.

Resurgiendo la retórica de la década de 1980, cuando su gobierno luchó contra una insurgencia financiada por los Estados Unidos, Ortega culpó al levantamiento de tropas estadounidense y a las células terroristas locales. En contraste, sus oponentes en las universidades, el sector privado, las comunidades agrícolas y la sociedad civil denuncian la erosión de la democracia del gobierno sandinista desde la reelección de Ortega en 2006, un proceso recientemente limitado por el esfuerzo del presidente por establecer un régimen dinástico de partido único instalando a su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta y heredera política. Pero la demanda de la oposición, expresada al calor de las protestas, de que Ortega y Murillo dejen el cargo y se vayan del país, reforzó la creencia del gobierno de que se estaba dando un golpe de estado. Esto galvanizó la determinación de la pareja gobernante de no hacer concesiones, en particular porque Ortega aún cuenta con el apoyo de cerca de un tercio de los nicaragüenses a pesar del derramamiento de sangre. Las conversaciones sobre su gobierno y los manifestantes se derrumbaron cuando las fuerzas de seguridad restablecieron el control de las calles. Los líderes de la protesta se enfrentaron a arrestos y juicios, y muchos huyeron al exilio.

La polarización extrema del país es ahora menos visible. El movimiento de protesta, siempre disparejo, carece de un liderazgo claro y los partidos de oposición son débiles después de años de estrechamiento del espacio democrático. No está claro quién hablaría por los opositores de Ortega en las conversaciones, lo que, en cualquier caso, el presidente muestra poca inclinación a reiniciar. Los anuncios recientes han reforzado los poderes antiterroristas y prohibido las protestas, mientras que el sector privado condena la expansión del control estatal invasivo sobre los negocios.

Pero incluso si tiene el control, el gobierno aún se opone al daño causado a su base de apoyo político en el país, a los efectos a largo plazo del levantamiento y al desprestigio internacional. Dos aliados clave de la última década en el cargo de Ortega, el sector privado y la Iglesia Católica, han retirado su respaldo. Una caída estimada del 4% en el PIB este año ha causado consternación tanto dentro de la oposición como entre las cifras de negocios sandinistas. Los líderes latinoamericanos y occidentales han condenado la represión de Ortega.

Washington ha impuesto sanciones, pero es poco probable que esas medidas alteren el cálculo de Managua a menos que tengan como objetivo obtener concesiones concretas y que ofrezcan condiciones claras sobre cómo pueden levantarse. Ortega percibe las sanciones como una resurrección no deseada de los juegos de poder de la Guerra Fría, y los descarta como una estrategia dirigida al cambio de régimen, una percepción de la reciente unción estadounidense de una “troika de tiranía” en América Latina, compuesta por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es probable que su gobierno esté dispuesto a sufrir un declive económico mientras haga que las comunidades pobres sean más dependientes de las donaciones del estado, permitiendo así que el gobierno sandinista retenga su respaldo. Ortega también puede compensar la presión occidental al apoyarse más en el apoyo chino y ruso.

Pero una diplomacia más tranquila podría funcionar. El aislamiento de Nicaragua en América Latina y la manifiesta ansiedad de Ortega por la reputación de su gobierno en el extranjero sugiere que una aplicación calibrada y cautelosa de la influencia externa podría empujar al presidente en una dirección más conciliadora, y eventualmente crear condiciones para un retorno al diálogo. El secretario general de la ONU, António Guterres, mantiene contacto con Ortega y podría nombrar un enviado a Nicaragua para facilitar los esfuerzos de mediación; Vinicio Cerezo, el jefe del Sistema de Integración Centroamericana, una organización subregional, también goza de la confianza de Ortega y podría desempeñar un papel mediador.

El reinicio de este diálogo será esencial para abordar las disputas más polémicas entre el gobierno y la oposición, incluyendo procesar a los responsables de los asesinatos y preparar el camino para reformas más profundas. Las negociaciones no serán fáciles, como lo ilustran los esfuerzos frustrados de diálogo de mayo a julio, y dependerán de la presión internacional sostenida sobre el gobierno y la oposición para establecer un liderazgo más fuerte y moderar sus expectativas. Por ahora, es improbable que el diálogo sea exitoso, dada la resistencia del gobierno y la falta de cohesión o agenda de la oposición. En cambio, las potencias externas deben pedir al gobierno nicaragüense que:

Volver a comprometerse e implementar reformas electorales.

Tanto la UE como la OEA han documentado los pasos necesarios para rehacer el sistema electoral, incluidos los cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral. En el pasado, Ortega aceptó tales medidas, que garantizarán que las próximas elecciones presidenciales, actualmente programadas para 2021, se lleven a cabo en igualdad de condiciones.

Foto: VOA

Garantizar el debido proceso para los detenidos en los últimos meses.

Aunque el gobierno ha expulsado a los observadores de derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue activa y presente. El gobierno debe proporcionarle una lista completa de los nombres y ubicaciones de los manifestantes detenidos, que se estima en un total de hasta 600, y garantizar a los detenidos juicios justos.

Tales pasos, idealmente seguidos por una reanudación del diálogo con la oposición, señalarían la disposición del presidente Ortega a comprometerse y reducir el riesgo de nuevas protestas. También podrían ayudar a restaurar su prestigio y legado internacional. Para los opositores de Ortega, todavía inconexos y sin líderes, presionar para que el presidente se retire o las elecciones anticipadas no tiene mucho sentido: es poco probable que Ortega se haga a un lado y ni la oposición política ni los manifestantes están listos para hacer campaña en el futuro. En su lugar, deberían prepararse para una elección más justa en 2021 y, si se presentara la oportunidad, reanudar las conversaciones sobre reformas judiciales de gran alcance que podrían ser promulgadas por una nueva legislatura elegida dentro de tres años.

Introducción

Aunque todavía era uno de los países más pobres de la región, la estabilidad y el crecimiento económico de Nicaragua hasta hace poco sugerían que había pasado del tumulto y conflicto revolucionario que se apoderó del país al final de la Guerra Fría. Después de décadas de ocupación estadounidense, seguida por el apoyo de Washington al despotismo dinástico de la familia Somoza, en 1979 el Frente de Liberación Nacional Sandinista (FSLN) derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle y estableció un gobierno revolucionario bajo el liderazgo de Daniel Ortega. En el transcurso de una década, los sandinistas adoptaron políticas sociales transformadoras que incluían una reforma agraria y una campaña de alfabetización masiva, al mismo tiempo que introdujeron la conscripción militar para luchar contra una insurgencia contrarrevolucionaria, conocida como la Guerra de la Contra, que los Estados Unidos financiaron y equiparon.

A través de alianzas estratégicas con el sector privado, la Iglesia Católica y el ejército, Ortega logró un crecimiento alto y sostenido y mantuvo las tasas más bajas de delincuencia en América Central a pesar de la proximidad de Nicaragua a Honduras y El Salvador, dos de los países más violentos y criminales del mundo. La estabilidad aparente bajo el gobierno de Ortega, descrito como “un modelo de paz en el cementerio”, persuadió a muchos gobiernos externos y nicaragüenses a aceptar el nuevo orden, incluso cuando los sandinistas desmantelaron los controles y balances constitucionales e impusieron el control partidista sobre las instituciones públicas.

Las protestas cívicas espontáneas que comenzaron el 18 de abril de 2018 terminaron abruptamente una década de relativa quietud pública, cuando los nicaragüenses salieron a las calles para exigir la salida del Presidente Ortega y el regreso de la democracia genuina. Un movimiento ecléctico antigubernamental de estudiantes, el sector privado, los intelectuales y la sociedad civil instaló barricadas para convencer a Ortega de que renuncie y negocie reformas electorales y políticas. Inicialmente conmocionado por la velocidad y la escala del levantamiento, el gobierno calificó al movimiento como un golpe de estado liderado por terroristas respaldados por los Estados Unidos. La respuesta oficial fue brutal. Los enfrentamientos entre manifestantes en contra del gobierno y las fuerzas de seguridad dejaron varios cientos de muertos y miles de heridos. Los esfuerzos para llevar a las partes a la mesa, liderados por la Iglesia Católica, resultaron infructuosos, y el gobierno los abandonó una vez que había sofocado las protestas.

Aparato de poder de Ortega

Durante más de una década, el gobierno del presidente Ortega logró un crecimiento económico sostenido y tasas de criminalidad bajas. Sin embargo, esto se produjo junto con un control cada vez mayor del FSLN sobre los tribunales, las instituciones electorales y gran parte de la vida pública. Esta mezcla de autoritarismo y desarrollo se debe en gran medida a las alianzas estratégicas con el sector privado, la iglesia y el ejército.

A. Los fundamentos del sandinismo moderno.

La fragmentación de la oposición política de Nicaragua a principios de la década de 2000 allanó el camino para el regreso de Ortega al poder. Mientras aún estaba en la oposición, Ortega firmó en 1999 un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista de derecha (PLC), quien desde 1996 dirigió un gobierno acosado por escándalos de corrupción. A cambio de la protección política y judicial, Alemán acordó con Ortega una serie de reformas electorales y judiciales que tenían como objetivo consolidar un sistema bipartidista dominado por el FSLN y los liberales de Alemán. Los escándalos de corrupción y el pacto de 1999 dividieron al PLC en dos grupos: partidarios de Alemán y liberales disidentes encabezados por Eduardo Montealegre. Ninguno de los dos pudo vencer a Ortega en la primera ronda de las elecciones de 2006, que ganó con el 38% de los votos gracias a las reformas realizadas en el pacto de 1999. De vuelta en el poder, Ortega y sus aliados en los tribunales y las autoridades electorales maniobraron para bloquear y sabotear a los partidos de la oposición.

Después de ganar la votación de 2011, la mayoría del FSLN en la Asamblea, a menudo descrita por la oposición como “la aplanadora sandinista”, aprobó una legislación que eliminaba los límites de mandato para la reelección presidencial en 2014 y expulsaba a 28 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI). Este último movimiento dio a los sandinistas el control total de la Asamblea y neutralizó a una gran parte de la oposición unos meses antes de las elecciones de 2016 al declarar ilegal la segunda fuerza política más grande del país.

La propaganda del FSLN ha sido una piedra angular de su influencia política.

Con la oposición en desorden y con un firme control sobre su partido y aliados en todas las ramas del estado, Ortega, que ahora tiene 73 años, se movió para consolidar una nueva dinastía política al nombrar a su esposa, Rosario Murillo, como su candidata a la vicepresidencia. Murillo ha asumido un control progresivamente mayor a medida que la salud de Ortega ha disminuido; todas las solicitudes, o declaraciones públicas del gobierno nicaragüense, supuestamente deben enviarse a su cuenta de correo electrónico, donde miles de mensajes se acumulan esperando su aprobación, según funcionarios anteriores. “Ella es la gerente del país”, dijo un ex diplomático. La propaganda del FSLN ha sido una piedra angular de su influencia política. La mayoría de los canales de televisión no por cable y la mitad de las estaciones de radio están controlados por Ortegas o personas relacionadas con el FSLN, y elogian los logros del gobierno. Los colores del partido FSLN negro y rojo generalmente se ven junto a la bandera nacional sobre instituciones como la Asamblea Nacional y el palacio presidencial. “En Nicaragua hay una estructura híbrida entre el partido [del FSLN] y el estado”, dijo un experto en derechos humanos. La matriculación escolar en Nicaragua, muy por encima del promedio de América Latina, administra planes de estudio que aclaman al Presidente Ortega y al partido gobernante.

La alta tasa de pobreza de Nicaragua, la segunda más alta en el hemisferio después de Haití, ha permitido a Ortega reforzar la lealtad a través del patrocinio. Programas como “Hambre Cero” y la distribución de alimentos y vivienda a través de activistas del FSLN y funcionarios municipales le han asegurado al gobierno una base social sólida en todo el país. Los empleados públicos deben demostrar su lealtad, bajo amenaza de despido, asistiendo a marchas oficialistas o brindando otras demostraciones de apoyo partidista. “Si quieres hacer algo en Nicaragua, necesitas una tarjeta de membresía del FSLN”, dijo un sacerdote.

Cuando se considera necesario, el gobierno también silencia a los opositores mediante la represión. Un movimiento rural que luchó contra los planes para construir un canal financiado por chinos que rivaliza con el Canal de Panamá y un grupo desmovilizado de ex milicianos de la “contra” sufrió la mayor parte de la violencia dirigida, llevada a cabo por la policía y las unidades especiales del ejército.

Organizaciones no alineadas con el gobierno sufrieron hostigamiento continuo: “Recibimos facturas de electricidad astronómicas, [los miembros del FSLN] boicotearon nuestras actividades …, recibimos amenazas constantes”, explica un líder cívico. Recopilación de inteligencia local bajo los denominados consejos de familia, comunidad y vida, ejercían el control social, al tiempo que proporcionaban a las fuerzas de seguridad información de base sobre la actividad criminal y el monitoreo de presuntos opositores al gobierno.

Como resultado, Nicaragua bajo el gobierno de Ortega-Murillo ofreció estabilidad y prosperidad. Pero esto vino junto con un control social más severo y un retroceso democrático. Aunque algunas organizaciones internacionales expresaron su preocupación por el deterioro de los derechos humanos, la mayoría de los organismos multilaterales celebraron el crecimiento económico del país. Y también los nicaragüenses. Según una encuesta de Latinobarómetro de 2017, el 67 por ciento aprobó el desempeño del gobierno y el 52 por ciento creyó que era de interés público. Hoy, sin embargo, muchos lamentan que ahora están “pagando el precio de once años de silencio”. “Las necesidades materiales básicas son tan grandes aquí que las personas se volvieron tolerantes a los abusos democráticos. Tenían miedo de perder sus empleos, así que solo se atrevieron a hablar de política en los círculos más cercanos “, admitió un representante de la oposición.

A man holds up a Nicaraguan flag, as he takes part in a march to demand government action to put out a forest fire that began on April 3 in the biological reserve Indio-Maiz, in Managua, Nicaragua April 12, 2018.REUTERS/Oswaldo Rivas

Alianzas estrategicas

En los años previos a su reelección en 2006, Ortega llegó a comprender que no podría sostener su gobierno sin el apoyo de la Iglesia Católica y el sector privado. El cardenal Miguel Obando, un duro crítico del gobierno sandinista en la década de 1980, se convirtió en un aliado cercano. A cambio, solo unos días antes de la victoria electoral de Ortega en noviembre de 2006, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional apoyaron una prohibición general del aborto, mientras que el presidente hace frecuentes referencias a una “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” en sus discursos, ayudando a asegurar el apoyo de la devota mayoría del país.

Las relaciones cercanas con los conglomerados nicaragüenses también permitieron a Ortega proteger los intereses comerciales de los militares.

Las organizaciones paraguas que representan al sector privado por su parte adquirieron una influencia extraordinaria como resultado de su alianza con Ortega, basada en gran parte en la búsqueda de beneficios mutuos. La familia Ortega y los miembros del FSLN tienen importantes intereses comerciales, con empresas en distribución de petróleo, estaciones de servicio, transporte, moda y medios de comunicación. Las relaciones cercanas con los conglomerados nicaragüenses también permitieron a Ortega proteger los intereses comerciales de los militares. “Hubo un entendimiento de que todas las cuestiones económicas debían ser acordadas entre el sector privado y el gobierno”, dijo un importante empresario nicaragüense. “El resultado fue más de 100 leyes comúnmente acordadas, un aumento de seis veces en la inversión extranjera y ocho tratados internacionales de libre comercio en los que las empresas estaban totalmente involucradas en la redacción”. Los planes gubernamentales se extendieron a proyectos de infraestructura masiva, en particular el canal transoceánico, y zonas de libre comercio en las zonas fronterizas.

Los sandinistas afirman que las empresas abandonaron este pacto debido al creciente resentimiento por la división de ganancias entre el estado y el sector privado, que alcanzó su clímax en la disputa por la reforma de la seguridad social en abril de 2018, causada por las demandas del gobierno que las empresas y los empleados ganan aportes para financiar el déficit en pensiones. Los representantes del sector privado, sin embargo, afirman un razonamiento más gradual detrás de su decisión de romper con el presidente. En particular, dicen, el sector privado se había resistido a los movimientos más pesados ​​de Ortega, particularmente en lo que respecta al supuesto abuso del sistema electoral y un proyecto de ley en 2015 que habría dado el control estatal sobre la provisión de acceso a internet. Según los críticos, el proyecto de ley habría abierto la puerta a la censura de internet, pero se detuvo debido a la presión del sector privado. Al parecer, las preocupaciones comerciales por el deterioro de las relaciones con el estado se intensificaron después de la elección de Rosario Murillo en 2016 como vicepresidente.

Venezuela fue otro socio vital en la política económica de Ortega. El día después de su juramento en 2007, Ortega firmó un acuerdo con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que le permite a Nicaragua importar diez millones de barriles de petróleo por año. Nicaragua podría pagar la mitad de la factura en préstamos a 25 años a una tasa de interés muy baja a través de un esquema de préstamos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un proyecto para integrar social y económicamente a varios países latinoamericanos fundados por Venezuela en 2004. La caída del apoyo petrolero y financiero venezolano a Nicaragua en 2018 fue abrupta. Las estadísticas del Banco Central de Nicaragua indican que se transfirieron $ 4,800 millones en fondos y préstamos de Venezuela a Nicaragua entre 2007 y 2017, pero solo $ 9 millones llegaron de Venezuela en el primer semestre de 2018.

MG08. MANAGUA (NICARAGUA), 20/04/2018.- Un grupo de personas se manifiesta en un calle hoy, viernes 20 de abril de 2018, en Managua (Nicaragua). Cientos de nicaragüenses se sumaron hoy a las protestas nocturnas en Managua quemando neumáticos en vías públicas en rechazo a las reformas a la Seguridad Social, que aumentan la cuota patronal y laboral y crean una nueva cotización para los jubilados. Motocicletas, neumáticos, plásticos, así como los llamados “Árboles de la Vida”, figuras de hierro que el Gobierno instaló en toda la capital, fueron quemados a vista de todos, mientras otros lanzaban bombas artesanales al aire. EFE/Jorge Torres.

La crisis de abril de 2018: levantamiento, diálogo y caída

Entre abril y julio, una serie de protestas cívicas provocadas por un paquete de reformas de la seguridad social se encontraron con una brutal represión gubernamental. Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios, los manifestantes y los grupos a favor del gobierno que, según informes, incluían unidades no oficiales de parapolicía, dejaron cientos de muertos y dieron lugar a violaciones de derechos humanos. Un breve intento de diálogo entre el gobierno y los representantes de la oposición duró poco, principalmente debido a su metodología improvisada, su agenda demasiado ambiciosa y la falta de compromiso del gobierno sandinista. La agitación ha dañado gravemente la economía, que se espera que continúe contrayéndose en 2019.

El levantamiento del 18 de abril.

La chispa detrás de los disturbios fue el plan del gobierno, presentado el 16 de abril de 2018, para reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social mediante la reducción de las pensiones en un 5 por ciento. Además de reducir los beneficios, el paquete de reformas, basado en gran medida en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, habría aumentado los impuestos para las empresas y los empleadores, una propuesta a la que se oponía la comunidad empresarial, alegando que las medidas se introdujeron sin un acuerdo previo con el sector privado y socavaría la competitividad nicaragüense. El 18 de abril, los estudiantes encabezaron una marcha contra las reformas en la capital, Managua, y en las ciudades más pequeñas del oeste de León y Matagalpa que terminaron en enfrentamientos entre manifestantes y grupos sandinistas armados presuntamente reunidos por el gobierno y coordinados con la policía antidisturbios.

Esta violencia provocó nuevas protestas, que llevaron a nuevos enfrentamientos. Para el 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una parte autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA), había registrado al menos 25 muertes, en su mayoría jóvenes de áreas urbanas, y reportó varios heridos durante marchas. A medida que aumentaba el número de muertos, la premisa inicial de las manifestaciones, contra la reforma de la seguridad social, se desvanecía, en particular una vez que Ortega aceptó revocar el plan unos días después de la primera protesta. Pero a fines de abril, miles de nicaragüenses marchaban para exigir su renuncia.

Inicialmente liderados por estudiantes, las protestas reunieron a los críticos de Ortega en un frente común ecléctico. Sus componentes más grandes fueron el movimiento de campesinos en pequeña escala, que anteriormente se había opuesto al proyecto del canal interoceánico, activistas de derechos humanos, sociedad civil y líderes regionales, y ex figuras sandinistas y de la oposición que se sintieron traicionadas o abandonadas por el el cambio del FSLN a una dinastía de partido único. Mientras tanto, los antiguos aliados de Ortega, el sector privado y la iglesia, se volvieron contra él y encabezaron muchas de las marchas que pedían que terminara la represión. Gran parte del sector privado declaró su alianza económica con el gobierno sobre: ​​”Después de las reformas [de la seguridad social], ese modelo se rompió”, dijo un representante del sector privado.

Las bajas entre jóvenes y estudiantes alimentaron la ira contra el gobierno en un país donde “el sueño de toda familia pobre es llevar a sus hijos a la universidad”, en palabras de un académico. Un episodio especialmente brutal se produjo el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, cuando una marcha encabezada por madres de víctimas asesinadas durante las protestas terminó con quince muertos. De mayo a julio, cientos más murieron en las ciudades durante los enfrentamientos armados que enfrentaron a los manifestantes contra la policía antidisturbios y los grupos a favor del gobierno. Los manifestantes construyeron más de 200 barricadas en las áreas urbanas del país, una táctica insurreccional de fines de la década de 1970 dirigida a defenderse de las fuerzas de seguridad, bloqueando las carreteras principales y obligando al gobierno a aceptar conversaciones, en este caso mediada por la Iglesia Católica.

Lester Alemán.

El gobierno nicaragüense presuntamente utilizó fuerzas de parapolice para dispersar a los manifestantes.

Incluso mientras continuaban los esfuerzos de diálogo, a mediados de julio, Ortega lanzó la “Operación Limpieza” para desmantelar las barricadas, iniciando una nueva fase de la crisis mientras el gobierno intentaba restablecer el control de las calles y procesar a los manifestantes. Ciudades como Masaya, un epicentro de la resistencia opositora, vieron signos físicos de los enfrentamientos que se borraron rápidamente cuando las barricadas fueron derribadas. Las paredes, pintadas con azul y blanco contra el gobierno, los colores de la bandera nicaragüense que se convirtió en un símbolo de las marchas y la infraestructura dañada por los ataques se reparó en pocos días.

A fines de agosto, las protestas eran más escasas y estaban controladas por las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales. El 13 de octubre, la policía anunció que las protestas sin la aprobación previa de las autoridades públicas estaban prohibidas. Las detenciones masivas dirigidas a personas sospechosas de ocupar las barricadas obligaron a prominentes líderes antigubernamentales a esconderse o los llevaron a huir a la vecina Costa Rica para evitar el enjuiciamiento por cargos de terrorismo. En todo momento, el gobierno insistió en que el levantamiento fue un “esfuerzo violento para derrocar al gobierno elegido constitucionalmente”.

Violencia armada y violaciones a los derechos humanos

El gobierno nicaragüense supuestamente utilizó las fuerzas de parapolicial para dispersar a los manifestantes, según grupos de derechos humanos e informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. “Quienes son en realidad son un enigma”, observó un oficial de derechos humanos. Sus miembros generalmente cubrían sus rostros para ocultar sus identidades. “[Parecen] responder a órdenes políticas”. Los representantes de la oposición insistieron en que los grupos siguieron las órdenes de la Vicepresidencia y la oficina del alcalde de Managua, una acusación que los funcionarios niegan. En una entrevista televisiva, Ortega confirmó que civiles armados estaban trabajando en nombre del gobierno y también aludió a la participación de “policías voluntarios” no identificados en algunas operaciones.

Según la ONU, estas unidades pro gubernamentales actuaron “de manera conjunta y coordinada” con la policía nicaragüense. Los manifestantes afirman que fueron armados por el gobierno con armas de alto calibre y jugaron un papel activo en el hostigamiento, la identificación y la detención de manifestantes con información recopilada a través de los Consejos de Familia, Comunidad y Vida, la red de inteligencia comunitaria establecida por el FSLN. El gobierno no ha abordado públicamente estas denuncias.

La mayoría de las marchas en contra del gobierno fueron pacíficas, pero los manifestantes a veces estuvieron involucrados en actos de violencia, incluidos ataques contra empleados públicos. Sobre la base de entrevistas a más de 100 policías y activistas sandinistas para verificar las denuncias de tortura y abuso por parte de grupos antigubernamentales, la ONU concluyó que “más allá de varios incidentes aislados muy crueles, estos actos no fueron organizados ni comunes”. Para el 19 de julio, el gobierno dijo que dieciocho policías murieron en enfrentamientos y 400 resultaron heridos.

Las fuerzas de seguridad y los manifestantes estaban involucrados en violaciones de derechos humanos en las barricadas construidas en todo el país. Detrás de los muros de adoquines, diversos grupos de trabajadores agrícolas, jóvenes desempleados, sandinistas desilusionados y, en algunos casos, miembros de pandillas callejeras resistieron a las fuerzas de seguridad de Ortega durante más de un mes sin una clara cadena de mando. Los abusos de poder por parte de los participantes de las barricadas eran comunes. “Las barricadas parecían una cárcel [que creaba un ambiente para] delitos como violaciones, ataques, pago de extorsión”. Algunas personas que participaron en las barricadas admitieron que usaron armas para responder a los ataques del gobierno. En la mayoría de los casos, sus armas eran rudimentarias, incluyendo morteros caseros, tirachinas y escudos hechos de barriles. El gobierno se refirió a la construcción de barricadas como actos “terroristas” llevados a cabo por “fuerzas paramilitares de derecha”.

Los grupos de derechos humanos alegan que las unidades de parapolicía capturaron a más del 80 por ciento de los detenidos, y muchos más liberados o acusados ​​formalmente.

Las fuentes difieren en cuanto al número de muertos por los disturbios y la represión gubernamental. Según una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 18 de octubre, las cifras de muertos desde el 18 de abril en el contexto de las protestas y la represión estatal fueron de 325, incluidas las víctimas de ambos lados. Los grupos locales de derechos humanos contaron hasta 545 manifestantes asesinados hasta el 23 de noviembre. El gobierno ha reconocido solo 199 muertes tanto de civiles como de oficiales de seguridad, alegando que otras figuras cuentan erróneamente a las víctimas de delitos comunes. Sin embargo, el informe de la ONU señala que es poco probable que la cantidad de muertos se haya inflado de esta manera dada la baja tasa de homicidios de Nicaragua y el hecho de que muchas víctimas coincidieron con la edad y el perfil social de los manifestantes. Un informe del 29 de mayo de Amnistía Internacional señaló que muchos de los muertos por disparos durante las marchas habían recibido disparos en la cabeza, el cuello y el pecho, lo que indica un patrón de “disparar para matar”. El gobierno niega estos informes y los condena como “totalmente parcial”.

En el lado gubernamental, la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz de la Asamblea de Nicaragua, creada por la legislatura dominada por el FSLN el 29 de abril para investigar los abusos durante la crisis, dijo que no podía confirmar los informes de las ONG nacionales sobre más de 1,000 casos de Desapariciones forzadas hasta el 23 de noviembre. Los grupos de derechos humanos alegan que las unidades de parapolicía capturaron a más del 80 por ciento de los detenidos, y muchos más liberados o formalmente acusados; todavía no se dispone de cifras verificables de personas desaparecidas, presuntamente muertas o detenidas. Un experto en derechos humanos afirmó que hasta ahora no ha habido “patrones observados de desapariciones forzadas”.

La mayoría de los detenidos conocidos, oficialmente 273 aunque las ONG locales cuentan con 558, han sido enviados a la cárcel de El Chipote en Managua u otras prisiones cercanas. Los grupos de derechos humanos informan que del total de detenidos, alrededor de 300 se enfrentan a un juicio sin el debido proceso presidido por jueces progubernamentales. Los activistas locales reportan una “falta total de garantías procesales”, incluidos los fiscales que llaman a 50 testigos para que declaren en contra del acusado, y en algunos casos no hay abogados defensores presentes. “El cargo típico es por terrorismo y crimen organizado”, dijo uno, y agregó que la mayoría de las condenas no pueden ser apeladas. El gobierno no respondió a las solicitudes de organismos de derechos humanos que solicitan permiso para presenciar juicios, mientras que a principios de diciembre, la Asamblea Nacional votó para despojar a varias organizaciones locales de derechos humanos de su personería jurídica.

Un diálogo fallido

El presidente Ortega instó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la principal autoridad de la Iglesia Católica del país, a mediar entre el gobierno y los manifestantes el 22 de abril. Desde entonces, la iglesia y el nuncio papal han seguido siendo los únicos canales estables de comunicación entre los grupos antigubernamentales y Ortega, y en algunas ocasiones han convencido a este último para que establezca corredores humanitarios y libere a los manifestantes encarcelados.

Los obispos también fueron responsables de unificar las diversas partes del movimiento antigubernamental en el marco de la “Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia” como contraparte del gobierno en las negociaciones. Los líderes de la iglesia nominaron a miembros de cuatro organizaciones del sector privado, el movimiento campesino, grupos que representan a las regiones de Nicaragua y la sociedad civil, a quienes se les encomendó acordar una agenda para el diálogo que refleje las demandas de los manifestantes. La Alianza también incluyó la Coalición Universitaria, que reunió a diferentes asociaciones de estudiantes; los estudiantes habían “ganado la legitimidad [para ser parte del diálogo] después de sufrir la mayoría de las muertes”, dijo un diplomático con sede en Managua. Los obispos acordaron iniciar el diálogo después de que el gobierno confirmara que invitaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a verificar las condiciones de los derechos humanos en el país, una de las condiciones previas de los obispos.

El Diálogo Nacional comenzó con un espíritu de hostilidad manifiesta el 16 de mayo. Los medios locales e internacionales se reunieron en un seminario de Managua para cubrir una reunión sin precedentes desde la década de los noventa. Estudiantes, trabajadores agrícolas, la sociedad civil y representantes de empresas se enfrentaron públicamente a la pareja presidencial Ortega-Murillo. Cientos de miles de nicaragüenses vieron cómo se transmitía el evento en vivo por televisión y redes sociales. Después de que un obispo abrió la sesión con una larga homilía, un estudiante estableció un tono más combativo, gritando “¡Debes rendirte!” A Ortega y Murillo. “El lenguaje se calentó”, dijo un sacerdote católico presente en el evento. “Parecía que iban a tirarse los cubiertos”.

Luego de una breve pausa a principios de junio debido a la violencia en la marcha del Día de la Madre, Ortega aceptó el 12 de junio un “Programa de Ruta y Acuerdo Constitucional”, que había sido preparado unos días antes por la Iglesia y presentaba una agenda basada en Derechos de rendición de cuentas y reforma democrática. Las dos partes se reunieron en cuatro ocasiones más en comités mixtos de gobierno y representantes de la Alianza Civil, con dos grupos de trabajo sobre reformas electorales y judiciales, junto con una “Misión de Seguridad y Verificación” que tenía como objetivo supervisar el proceso y reducir las hostilidades. El programa incluyó puntos de discusión ambiciosos, como el avance de las elecciones del 2021 al 31 de marzo de 2019 y la sustitución de todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral de Nicaragua.

Las negociaciones se enfrentaron a grandes obstáculos. En ningún momento las dos partes acordaron detener la represión o desmantelar las barricadas, lo que significa que la ya débil confianza entre ellas se vio continuamente socavada por la represión gubernamental y la creación de nuevas barricadas de oposición, sobre las cuales la propia Alianza Cívica tuvo poca influencia. Sin la capacidad de administrar las barricadas, sus representantes no podrían explotar la forma más efectiva de apalancamiento sobre el gobierno.

Aun así, el diálogo extrajo algunas concesiones del gobierno, incluida la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de analizar las violaciones de los derechos humanos. Los diplomáticos que se reunieron durante el diálogo con Ortega y los funcionarios del gobierno creen que aceptaron la alarma sobre la magnitud y el impacto del movimiento de protesta mutante. Los bloqueos estaban afectando las principales carreteras del país y dañando el comercio interregional. Unos 400 conductores de camiones habían estado atrapados durante más de un mes. Como último recurso, Ortega y Murillo dijeron en privado que aceptarían reformas y elecciones anticipadas siempre que se les permitiera participar en las encuestas.

Si la explotación del diálogo por parte del gobierno obstaculizó su éxito, también lo hicieron las aspiraciones de la Alianza Cívica.

Dicho esto, algunos observadores en las conversaciones sostienen que el gobierno vio al Diálogo Nacional como nada más que una táctica de demora, lo que le permite desmantelar las barricadas y restablecer una autoridad incuestionable. “El gobierno nunca aceptó la agenda del diálogo. Él [Ortega] entendió el proceso como una ruta para deshacerse de ellos [la Alianza Cívica] ”, dijo un diplomático con sede en Managua.

En varios casos, los gestos del gobierno se revelaron como huecos. Antes del inicio del diálogo, el 29 de abril, la mayoría del gobierno en la Asamblea de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, pero solo nombró a miembros cercanos al FSLN. Ortega invitó a las agencias de derechos humanos de la OEA y la ONU a Nicaragua, pero ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que controlara todas sus fuentes de información y les negara a los funcionarios el permiso para salir de Managua. Después del éxito de la “Operación de limpieza”, el FSLN abandonó las conversaciones por completo y, a fines de agosto, Ortega expulsó a la misión de derechos humanos de la ONU tras la publicación de un informe crítico. Según un activista estudiantil, “nunca hubo un diálogo real … desde el principio, el gobierno nos acusó de ser conspiradores”.

Si la explotación del diálogo por parte del gobierno obstaculizó su éxito, también lo hicieron las aspiraciones de la Alianza Cívica. “Sus expectativas eran poco realistas. Esperaban que Estados Unidos fuera a escoltar a Ortega fuera del país”, observó un funcionario de Estados Unidos. Negociadores, diplomáticos y funcionarios internacionales con sede en Managua estaban preocupados por las ilusiones que se evidenciaban en las demandas de la coalición antigubernamental. Los líderes de la oposición reconocen esto en retrospectiva: “En abril nos cegamos por el momento. En realidad pensamos: Ortega se va”.

El golpe final al diálogo llegó en forma de ataques contra los mediadores, quienes en los círculos sandinistas percibían que estaban más cerca de la Alianza Cívica que del gobierno. El 9 de julio, los partidarios del FSLN agredieron al cardenal Leopoldo Brenes, al nuncio papal Waldemar Sommertag y a otros sacerdotes. Desde entonces, un líder de la iglesia ha condenado al gobierno, un sentimiento compartido por otros miembros de la Conferencia Episcopal. “Soy víctima de una campaña de represión, difamación e intimidación”, declaró el obispo Silvio José Báez luego de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, lo acusara de organizar un golpe de Estado con la ayuda de la extrema derecha en un evento público el 28 de octubre. El gobierno, a su vez, cuestionó la idoneidad de la iglesia como mediador: “Yo diría que la credibilidad de la Conferencia Episcopal se vio afectada por la actitud de algunos obispos”, dijo Ortega el 30 de julio.

Después de que las conversaciones se rompieron, el gobierno declaró que no aceptó a la Alianza Cívica como contraparte en las negociaciones. Un sandinista cuestionó si los “voceros autoproclamados” de la oposición representaban en realidad algún grupo social significativo. El gobierno también se sintió frustrado porque incluso cuando cumplieron, aunque solo parcialmente y en sus propios términos, con las demandas de derechos humanos de la Alianza Cívica, sus homólogos no procedieron a desmantelar las barricadas.

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Agitación económica

La economía de Nicaragua, anteriormente una de las más dinámicas de la región, se ha visto afectada por el levantamiento. Según los grupos del sector privado, 417,000 nicaragüenses, más del 14 por ciento de la fuerza laboral total del país, han perdido sus empleos desde el inicio de la crisis. Las pérdidas totales para la economía del país en el primer semestre del año atribuidas a la crisis aumentaron a $1,180.6 millones, alrededor del 8.6 por ciento del PIB de Nicaragua, según el Tesoro Nacional, mientras que el FMI estima una contracción del 4 por ciento del PIB durante este año. A pesar de los últimos años de crecimiento, Nicaragua sigue siendo un país pobre sin recursos naturales y con una economía vulnerable a una fuerte pérdida de confianza e inversión empresarial.

Conscientes de estos riesgos, el gobierno y las organizaciones del sector privado han explotado la amenaza del declive económico para socavarse mutuamente. La Alianza Cívica utilizó las barricadas para dañar el comercio regional al reducir el tránsito terrestre de mercancías en un 80 por ciento entre mayo y junio, y convocó tres huelgas nacionales que se observaron ampliamente en las áreas urbanas. El gobierno también apretó los tornillos en el sector privado. Entre otras cosas, supuestamente expropió tierras propiedad de empresarios nicaragüenses y las entregó a familias de bajos ingresos (las autoridades no lo han reconocido como práctica oficial; de hecho, en algunos casos han promovido los desalojos de quienes ocupan tierras confiscadas). Además, la Asamblea Nacional aprobó la creación de una empresa pública para administrar el comercio exterior y otorgó nuevos poderes discrecionales a la Unidad de Análisis Financiero, que investiga las sospechas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para acceder a la información personal de los ciudadanos. Las organizaciones del sector privado consideran que ambas iniciativas son esfuerzos inconstitucionales para reforzar el poder estatal sobre las empresas.

La lucha entre Ortega y el sector privado ha dañado los intereses comerciales que antes estaban entrelazados. “La gente en el gobierno está tan dolida como nosotros por lo que está sucediendo”, declaró un empresario nicaragüense. Si las tensiones continúan, la economía más pequeña de Centroamérica podría caer en una recesión. Según los expertos económicos, los riesgos a largo plazo incluyen un crecimiento económico negativo, menores ingresos fiscales, la eliminación de subsidios y un mayor desempleo. Las reformas del Instituto de la Seguridad Social, las reformas que catalizaron el levantamiento cívico, no pueden posponerse por mucho tiempo, ya que se prevé que sus reservas se agotarán en 2019.

Perspectivas para el diálogo y la reforma

El diálogo renovado en Nicaragua parece poco probable en este momento, dados los incentivos limitados del gobierno para reiniciar las negociaciones y el estado de la oposición, que está luchando para decidir sobre su futuro y liderazgo. Sin embargo, a la luz de la crisis económica del país, así como la indignación pública por la represión violenta, más protestas y represión permanecen en las tarjetas. Si no se abordan las tensiones políticas, también podría aumentar la inseguridad y los riesgos humanitarios en la región. Aunque son pequeñas y débiles en comparación con sus pares en otras partes de América Central, se dice que las pandillas callejeras de Nicaragua han colaborado con las fuerzas del gobierno y las protestas de la oposición. Mientras tanto, miles de nicaragüenses han huido de la pobreza y la represión estatal a la vecina Costa Rica. Se informa que un total de 13,697 han realizado una solicitud formal de asilo en el país entre enero y septiembre, un fuerte aumento en 2017. En el mismo período, se informó que un total de 40,386 personas llegaron a Costa Rica en busca de asistencia internacional.

Implementar reformas electorales antes de las elecciones de 2021 es la forma más realista para que el presidente Ortega reduzca las tensiones y restablezca algo de su reputación internacional. Sus oponentes deben ver las reformas como un medio para allanar el camino para un futuro diálogo y un cambio de mayor alcance, sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos y el sistema judicial.

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Incentivos para renovadas negociaciones

El presidente Ortega ha recuperado el control de las calles a un alto costo en sangre y, a pesar de perder el apoyo público y extranjero, ha mostrado poco interés en hacer concesiones desde que sofocó el levantamiento. Consciente del potencial de una futura agitación, el gobierno parece reacio a desarmar a los grupos de parapolice o reconsiderar su disposición a silenciar las protestas a través de la violencia. También tiene la inteligencia local y la infraestructura judicial para procesar a los opositores y proteger a los leales sandinistas de la investigación criminal. El gobernante FSLN sigue siendo la fuerza política más grande de Nicaragua y no ha mostrado al público ninguna de las fracturas internas más recientes.

Por su parte, la oposición está en desorden y aún no ha logrado convertirse en un sólido contrapeso para el FSLN. La Unidad Nacional Azul y Blanco, un movimiento paraguas de más de 40 organizaciones que critican al gobierno, incluida la Alianza Cívica, se estableció el 4 de octubre con el objetivo de competir contra Ortega en futuras elecciones. Pero se ha mantenido principalmente como un movimiento de la sociedad civil sin un liderazgo claro o una estructura organizativa. Su membresía diversa, desde líderes empresariales adinerados hasta estudiantes universitarios, abarca una amplia gama de intereses que complican la toma de decisiones interna. “Lo único que tienen en común es su oposición a Ortega”, dijo una fuente diplomática. Aparte de las huelgas y protestas nacionales, su poder para movilizar a los partidarios es limitado en comparación con el del gobierno. Además, la relación entre este movimiento y los partidos de oposición de Nicaragua aún no se ha determinado, ya que la larga historia de manipulación y cooptación de la oposición oficial por parte de Ortega ha llevado a estos partidos a desprestigiarse.

Incluso si la mayoría de los activistas siguen comprometidos con la protesta pacífica por ahora, la criminalización progresiva de la disidencia pública podría llevar a un mayor resentimiento y temeridad en las acciones contra el gobierno.

Esto hace que las conversaciones renovadas sean improbables en el corto plazo. Incluso dentro de la Alianza Cívica, cuyos miembros han pedido repetidamente el regreso a las negociaciones, figuras prominentes concluyen que las condiciones no están maduras: “No se puede dialogar con este nivel de represión”, dijo un miembro de la oposición. Reavivar el formato establecido del Diálogo Nacional no es la mejor manera de estimular las conversaciones entre ambas partes, dado el compromiso simbólico del gobierno con el proceso y la falta de expectativas realistas o una agenda definida. Además, las autoridades religiosas han perdido su credibilidad como mediadores ante el gobierno y se han alineado más estrechamente con los manifestantes. De hecho, el alcance de las voces moderadas en general se ha reducido, y tanto el FSLN como el movimiento de oposición mantienen una retórica de “guerra y resistencia” desde el final de las conversaciones.

Sin embargo, la estrategia de contención del gobierno tiene limitaciones y puede que sea solo una cuestión de tiempo antes de que surjan más protestas u otras formas de disidencia, lo que probablemente lleve a más enfrentamientos. “La gente ha perdido el miedo a la protesta”, dijo un ex diplomático nicaragüense. Incluso si la mayoría de los activistas siguen comprometidos con la protesta pacífica por ahora, la criminalización progresiva de la disidencia pública podría llevar a un mayor resentimiento y temeridad en las acciones contra el gobierno. El apoyo público de Nicaragua al gobierno de Ortega se redujo del 67 por ciento al 23 por ciento después del levantamiento de abril según el estudio Latinobarómetro de 2018, mientras que las encuestas muestran que más de la mitad de los nicaragüenses favorecen las elecciones anticipadas.

A la luz de los riesgos que enfrenta su gobierno por su pérdida de popularidad, los lazos con sus principales aliados y la desaceleración económica, a Ortega le convendría considerar concesiones para aplacar a sus oponentes. El arte de la adaptación táctica para mantener la estabilidad no es una novedad para los sandinistas, que permitieron que las elecciones de 1984 y 1990 se llevaran a cabo a pesar de sus reservas en ambos casos, y construyeron su poder durante la última década sobre la base de alianzas con los opositores anteriores. Dada esta historia de compromiso, un conjunto de demandas razonables centradas alrededor de la reforma democrática debe permanecer en el centro de la campaña de la oposición y la presión internacional.

Compromiso y presión internacional

La diplomacia coordinada de alto nivel entre Ortega y la ONU, con el apoyo de la Iglesia Católica, podría convencer a Ortega para que acepte concesiones específicas, en particular con respecto a las reformas electorales. A pesar de sus diferencias con algunos de los obispos católicos, la pareja gobernante todavía considera al nuncio papal en Nicaragua, Waldemar Sommertag, un intermediario válido dispuesto a apoyar la mediación internacional.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también mantiene relaciones cordiales con el gobierno de Nicaragua a pesar de la hostilidad que enfrenta la ONU en su totalidad en Nicaragua, pero debe actuar sin el Consejo de Seguridad dado que China y Rusia probablemente bloqueen cualquier acción allí. Guterres debe designar un enviado a Nicaragua para compensar la débil presencia de la ONU en el país desde 2015, cuando Ortega despidió al PNUD, acusándolo de “injerencia política”. Persuadir al gobierno requerirá confidencialidad, y estas conversaciones deben manejarse por separado de la vigilancia continua esencial de los derechos humanos, cuyas sensibilidades quedaron totalmente expuestas cuando el gobierno expulsó a la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) dos días después de la publicación de Un informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos.

Ortega ha rechazado públicamente los esfuerzos diplomáticos de la UE y la OEA para presionar por el diálogo, llamándolos “intervencionistas”.

Ortega ha señalado al Sistema de Integración Centroamericana (SICA) como otro intermediario potencial. Su secretario general, el ex presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, es un viejo amigo del presidente nicaragüense. “El último recurso de Ortega es Vinicio Cerezo y el SICA. Ortega contesta el teléfono [si Cerezo llama], ahora más aún. Cerezo es uno de los pocos que escucharía las quejas de Ortega “, dijo un ex diplomático nicaragüense. Sin embargo, Cerezo también es un centrista que no debe ninguna lealtad a los sandinistas. Podría desempeñar algún papel de mediación apoyando los esfuerzos de la ONU, pero basándose más en su conexión personal con Ortega que en la capacidad institucional del SICA, que tiene poco poder sobre sus estados miembros y una experiencia limitada para enfrentar las crisis regionales.

Ortega ha rechazado públicamente los esfuerzos diplomáticos de la UE y la OEA para presionar por el diálogo, llamándolos “intervencionistas”. Su actitud ante la OEA se debe en gran parte a que el voto del Consejo Permanente reprendió las acciones de su gobierno en julio, cuando una clara mayoría de los países latinoamericanos condenó la violencia del gobierno contra los manifestantes, apoyó el diálogo y pidió reformas democráticas y de derechos humanos para evitar que se repita el de derramamiento de sangre. Sin embargo, las Naciones Unidas deben coordinar con estos dos organismos sobre la mediación y los esfuerzos de reforma, dada su fuerte presencia en Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue siendo esencial no solo para el monitoreo de los derechos humanos, sino también para mantener la comunicación entre la oposición y los actores internacionales. La UE, por su parte, goza de vínculos diplomáticos y financieros de larga data con el gobierno, y debería continuar ofreciendo apoyo técnico para las reformas, al igual que los estados europeos, especialmente España y Alemania, que se ofrecieron para mediar durante la crisis.

Junto con los esfuerzos de mediación, los Estados Unidos han impuesto sanciones a Nicaragua tras la violenta represión. El Senado de los Estados Unidos en julio de 2018 presentó la “Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua”, que fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre y le daría al presidente Donald Trump el poder de imponer sanciones financieras a los funcionarios nicaragüenses acusados ​​de abusos de derechos humanos y corrupción. El proyecto de ley era una nueva versión de la llamada “Nica Act”, que originalmente fue concebida como un movimiento para disuadir a Ortega de tomar más poder y socavar la democracia. Utilizando la Ley de Magnitsky Global existente, una primera ronda de sanciones el 5 de julio apuntó a tres funcionarios del círculo interno de Ortega. El 27 de noviembre, el presidente Trump procedió a firmar una nueva Orden ejecutiva que el Tesoro de los Estados Unidos solía sancionar al vicepresidente Murillo y uno de sus ayudantes, acusándola de corrupción y abusos contra los derechos humanos.

Si estas sanciones afectarán las opciones del gobierno nicaragüense es cuestionable, especialmente porque no hacen demandas concretas al gobierno ni existen condiciones claras para eliminarlas. También alimentan la retórica antiimperialista del FSLN y su insistencia en que Estados Unidos es “un conspirador” detrás del levantamiento, una afirmación arraigada en una larga historia de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua. El reciente paréntesis del Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, de Nicaragua, Cuba y Venezuela se unieron en una llamada “troika de tiranía” que enfrentaría sanciones más firmes de los EE. UU., y la presión diplomática hasta que sus gobiernos caigan, ha reforzado estas percepciones. Tal como está, la presión que el gobierno nicaragüense está poniendo en las empresas sugiere que Ortega está dispuesto a arriesgarse a reducir el crecimiento económico siempre que pueda acosar a los oponentes y evitar concesiones que debiliten su gobierno. El FSLN podría potencialmente beneficiarse de una disminución repentina en los estándares de vida, ya que aumentaría la dependencia de los nicaragüenses de las ayudas estatales y permitiría culpar a los promotores de golpes “imperialistas” por la difícil situación del país.

Las sanciones podrían desempeñar un papel en la futura presión internacional sobre su gobierno.
El gobierno también puede ser capaz de aliviar la presión de las sanciones al reforzar los vínculos con Rusia y China. Este último ha incrementado sus vínculos comerciales con Nicaragua en los últimos años y se ha convertido en el segundo mayor importador de las exportaciones de la nación después de los EE.UU., a pesar del aplazamiento de los planes para construir un canal interoceánico. El interés de China en Nicaragua podría estar relacionado en parte con sus esfuerzos para convencer a Ortega de que retire su reconocimiento de Taiwán, como lo hizo El Salvador en agosto de 2018 y Panamá en 2017. Nicaragua también ha comprado equipo militar a Rusia en los últimos años, incluidos 50 tanques T-72 y un número no especificado de entrenadores de combate de jet Yak-130. Los rusos han construido un importante complejo de embajadas en Managua, así como un centro de cooperación en operaciones antinarcóticos, aunque fuentes diplomáticas especulan que las instalaciones se están utilizando como una estación de escucha.

Lejos de empujar a Ortega a acomodarse con la oposición, las sanciones punitivas han servido hasta ahora para inflamar su retórica antiimperialista. Las sanciones podrían desempeñar un papel en la futura presión internacional sobre su gobierno, sobre todo para disuadir al gobierno del uso de la violencia letal contra manifestantes y opositores, pero solo mientras estas medidas tengan como objetivo obtener concesiones concretas, cuentan con el amplio respaldo de los países latinoamericanos, e incluir condiciones claras sobre cómo se pueden levantar.

Reforma electoral

La violenta represión contra las protestas y la restauración del control gubernamental hace que sea difícil imaginar que Ortega acepte elecciones anticipadas, una demanda central del movimiento de protesta que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también respaldó en julio. Incluso si se cumpliera, esta demanda podría resultar contraproducente para la oposición, ya que una encuesta temprana manejada por instituciones dirigidas por leales al FSLN probablemente beneficiaría al partido gobernante. A la oposición le sería mejor si se centrara en asegurar reformas que garanticen que la próxima elección presidencial, que se espera para 2021, refleje las elecciones del electorado. Los esfuerzos de reforma electoral no son nuevos en Nicaragua, y recientemente incluso disfrutaron del tibio respaldo de Ortega. En octubre de 2016, la OEA obtuvo la aprobación de Ortega para fortalecer las instituciones electorales del país, aunque la iniciativa se desvaneció a mediados de 2017, según diplomáticos con sede en Managua, principalmente porque el gobierno no cumplió sus promesas iniciales.

La combinación de los esfuerzos previos de reforma de la OEA en Nicaragua y las recomendaciones de las misiones de observación electoral tanto de la OEA como de la UE conforman un paquete de reforma que podría ayudar a garantizar que las próximas elecciones en Nicaragua sean razonablemente creíbles a los ojos de todos los candidatos. La nueva legislación de partidos políticos debe reforzar los derechos de los partidos frente a las instituciones dominadas por el FSLN mediante la reforma del Consejo Supremo Electoral y el establecimiento de protocolos de selección más estrictos de sus magistrados para garantizar su independencia, simplificando el registro y la participación de nuevos partidos y creando nuevas reglas para supervisar la financiación política. Otras prioridades deberían ser garantizar que los escaños de la Asamblea Nacional para cada circunscripción estén bien distribuidos y modernicen el registro de votantes.

Si bien Ortega parece tener pocos incentivos para hablar, una agenda específica de reforma electoral no constituiría una amenaza inminente para su control sobre el poder. En la práctica, significaría comprometerse a llevar a cabo reformas que su gobierno ya había acordado durante los esfuerzos dirigidos por la OEA en 2016-2017. Esto presenta una oportunidad para modernizar las instituciones electorales del país con apoyo internacional, posiblemente incluso antes de las elecciones regionales en marzo de 2019. El FSLN es casi seguramente el partido político más popular en Nicaragua, por lo que un Consejo Supremo Electoral más fuerte no necesita socavar a los sandinistas  que cuentan con posibilidad de ganar la próxima elección general y podría validar cualquier victoria de este tipo tanto a los nicaragüenses como a las potencias extranjeras. Muy consciente de los efectos dañinos de la represión en la reputación internacional de Nicaragua, Ortega dio un número sin precedentes de entrevistas a los medios desde julio de 2018 en las que trató de refutar la versión de los eventos de los manifestantes. Al aceptar estas reformas, Ortega también podría frenar su creciente aislamiento en América Latina, lo que fue ilustrado de manera sorprendente por el voto de la OEA en julio.

Si bien el gobierno considera que la represión de las protestas es una respuesta legítima a un intento fallido de golpe de Estado, las pruebas sugieren que las fuerzas de seguridad sandinistas cometieron graves violaciones de derechos humanos.

Esas reformas no abordarán el desencadenante original de la crisis, a saber, los cambios propuestos al instituto de seguridad social del país, para lo cual es esencial que el gobierno reconstruya las relaciones de trabajo con el sector privado, ni cure las cicatrices dejadas por la violencia desatada contra las protestas. Pero al menos abordarían la ira ante el cierre de canales para una genuina participación democrática. Lo ideal sería crear confianza y formar la base para un diálogo renovado entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, si las hostilidades políticas obstaculizan la reanudación de las conversaciones y las reformas continúan, los organismos internacionales que apoyan los cambios en el sistema electoral, sobre todo la UE y la OEA, deberían, como mínimo, establecer canales y plataformas para que la oposición y la sociedad civil expresen sus opiniones. Vistas y aportar información al proceso.

Que dichas reformas tengan algún efecto duradero depende de las elecciones estratégicas de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco más amplia. Si decidieran convertirse en un movimiento civil, su objetivo sería transformar a los partidos políticos de la oposición actualmente desacreditados en vehículos para sus objetivos políticos. Vale la pena emular a este respecto algunos casos en la región, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala durante las conversaciones de paz del país en los años 90, que funcionaron con el apoyo y el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si los grupos de protesta deciden convertirse en un partido político o en una coalición, deberán establecer una estructura de liderazgo clara y lograr un mayor grado de unidad, fuerza de campaña y una estrategia coherente antes de las próximas elecciones.

Justicia y derechos humanos

Aunque el gobierno considera que la represión de las protestas es una respuesta legítima a un intento fallido de golpe de estado, las pruebas sugieren que las fuerzas de seguridad sandinistas cometieron graves violaciones de derechos humanos. Incluso en ausencia de conversaciones directas entre el gobierno y la oposición, las potencias extranjeras y los organismos internacionales, sobre todo las naciones latinoamericanas, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Vaticano, deben seguir instando a Ortega a respetar un umbral básico de las normas de derechos humanos en la futura vigilancia policial, protestas e intento de enjuiciamiento de manifestantes.

Cualquier esfuerzo futuro para monitorear y contener demostraciones debe tener en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con el uso de la fuerza durante las marchas. Aparte de las barricadas, la mayoría de las protestas han sido manifestaciones no violentas en las que participan ciudadanos nicaragüenses que piden una reforma democrática. Mientras las marchas sigan siendo pacíficas, los ciudadanos deben poder manifestarse sin enfrentar el abuso y la violencia. También deben tener la libertad de exigir cambios políticos, decidir sobre su liderazgo y promover el intercambio de ideas sin riesgo de enjuiciamiento o daño físico.

Una demanda clave de la oposición antes de entablar conversaciones es la liberación de los presos políticos. Esto no es una concesión que el FSLN aguantaría fácilmente. Sin embargo, como mínimo publicar una lista exhaustiva con los nombres y la ubicación de los manifestantes encarcelados que podría ser verificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajando junto a los organismos locales de derechos humanos, podría resultar menos problemática para el gobierno y no comprometería su contención política hacia el levantamiento. Más importante aún, ayudaría a resolver el dolor innecesario de las familias que buscan a sus familiares detenidos, y establecería la claridad de cuántos presos quedan por ser liberados en la preparación de cualquier diálogo futuro. Mientras tanto, el gobierno debería permitir el escrutinio público de los juicios y proporcionar garantías del debido proceso para los manifestantes detenidos.

Las reformas judiciales y de derechos humanos más ambiciosas deben esperar a la próxima Asamblea Nacional, que también se elegirá en 2021. Las iniciativas futuras deben basarse en las propuestas en el Diálogo Nacional, y deben estar entre los principales temas de discusión en las negociaciones antes de las elecciones: estos incluyen la selección de los jefes independientes de las principales instituciones judiciales del país, la reforma de la oficina del Defensor del Pueblo para garantizar que ofrezca una supervisión efectiva y la decisión sobre los mecanismos de justicia transicional para enfrentar los delitos cometidos por el gobierno y los partidarios de la oposición durante el levantamiento.

Foto: REUTERS/Oswaldo Rivas

Conclusión

A través de la violencia y un poder judicial politizado, el gobierno de Nicaragua ha contenido hasta ahora el movimiento de protesta que inesperadamente surgió en abril. Pero el rápido rechazo del apoyo al presidente Ortega, el resentimiento público y un fuerte declive económico podrían desencadenar más disturbios. Al mismo tiempo, la respuesta de Nicaragua a la crisis la ha aislado en la región y más allá.

Los críticos del presidente insisten en que su gobierno ha perdido legitimidad y aliados en el país y en el extranjero, lo cual es bastante cierto. Sus afirmaciones de que su desaparición es inevitable e incluso inminente son, sin embargo, inverosímiles. El gobierno está ahora en firme control. Su aparente convicción de que está enfrentando una conspiración internacional y su clara superioridad en términos de poder coercitivo es un factor que contradice las concesiones de un movimiento de protesta al que denigra como un grupo de delincuentes y terroristas. El diálogo entre las dos partes es esencial para evitar futuros disturbios, pero la fragmentación de los manifestantes y la oposición y la obstinación del gobierno hacen que las condiciones para las negociaciones sean difíciles en esta etapa.

Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, sobre todo las naciones latinoamericanas en la OEA y el Sistema de Integración Centroamericana, así como los EE. UU., la UE y el Vaticano, deberían buscar construir canales flexibles y discretos de comunicación con el gobierno para crear condiciones. Para la reanudación de las conversaciones y ayudar a establecer un formato para el diálogo. Deben alentar al gobierno a cooperar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, compartiendo una lista de manifestantes detenidos y garantizándoles el debido proceso. Las reformas electorales que el gobierno ya ha acordado permitirían un voto más justo en la próxima elección presidencial en 2021, para lo cual la oposición y los manifestantes deberían comenzar a prepararse en serio. Ninguna de estas medidas pondría en peligro el poder del gobierno, pero manifestaría su disposición a transigir y frenar los peores abusos de las autoridades estatales y judiciales; La flexibilidad en estos temas debería ayudar a allanar el camino para la reanudación total de las conversaciones, que también debería centrarse en la reforma de la justicia y en responsabilizar a los responsables de la violencia durante la crisis.

La historia política sandinista está marcada por concesiones a sus antiguos enemigos como un medio para asegurar su supervivencia.

Puede que el gobierno nicaragüense no sea el más transparente o accesible de la región, sin embargo, hay pocas dudas de que está alarmado por la magnitud de la revuelta de este año y los efectos en su imagen internacional. Su retórica antiimperialista puede ser una reminiscencia de los discursos de los líderes bolivarianos de marca de fuego, como el presidente de Venezuela, Maduro, pero Ortega abrió la puerta a las conversaciones con los Estados Unidos en el momento más alto del movimiento de protesta. La historia política sandinista está marcada por concesiones a sus antiguos enemigos como un medio para asegurar su supervivencia. En interés del bienestar de su país y de su propio futuro político, Ortega ahora debería hacer lo mismo con los compatriotas que se oponen con vehemencia a su gobierno.

Ciudad de Guatemala / Bogotá / Bruselas, 19 de diciembre de 2018.


Texto en inglés elaborado por Crisis Group

Traducción de El Pulso

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