¿Qué sigue ahora en la lucha en contra de la corrupción?

Esta semana se dio por concluido el convenio entre la OEA y Honduras que creó la MACCIH, establecida el 19 de enero de 2016 con los objetivos específicos de apoyar al cumplimiento por parte del Estado Hondureño de los compromisos internacionales adquiridos en combate a la corrupción. La reacción a la noticia ha sido inmediata. Todos los sectores que adversan al gobierno declararon que la desaparición de la MACCIH constituye un retroceso en la lucha...

Esta semana se dio por concluido el convenio entre la OEA y Honduras que creó la MACCIH, establecida el 19 de enero de 2016 con los objetivos específicos de apoyar al cumplimiento por parte del Estado Hondureño de los compromisos internacionales adquiridos en combate a la corrupción.

La reacción a la noticia ha sido inmediata. Todos los sectores que adversan al gobierno declararon que la desaparición de la MACCIH constituye un retroceso en la lucha en contra de la corrupción.

«Con un nudo en la garganta vemos como los atropellos están por encima de los intereses nacionales y los valiosos aportes que consumó la MACCIH se pueden desvanecer en los anaqueles de la Historia», escribió, en su tono melodramático, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

Pero la MACCIH que hoy lloran, es aquella que nació con muchas reacciones en contra por parte también de esos sectores políticas adversos al gobierno. Desde un inicio, figuras políticas como Salvador Nasralla y Luis Zelaya afirmaron que la Misión se había conformado para cubrir la corrupción del gobierno, que lo que el país necesitaba era una CICIH (Comisión Internacional Contra la Impunidad-Honduras) similar a la que se estableció en Guatemala, coordinada por Naciones Unidas.

«Pujaremos para la instalación de la CICIH», manifestó en su campaña presidencial el candidato Salvador Nasralla. «Cuando me siente en la silla presidencial pediré la CICIH» —agregó después, esto ante las limitaciones que a criterio de Nasralla tenía la Misión.

«El gobierno planteó hacer modificaciones (al convenio) y el equipo de la MACCIH estaba muy radicalizado que había que mantener el texto tal y como estaba —señaló el asesor presidencial, Marvin Ponce, a los medios de comunicación—. Es un acuerdo entre dos, es como un matrimonio, si los dos no están de acuerdo no puede haber matrimonio», dijo.

Pero nadie nos ha explicado qué cambios proponía el gobierno de Honduras al convenio de la MACCIH que hizo que las conversaciones cayeran en punto muerto.

«El problema aquí es que el tema de la corrupción se ha politizado desde los partidos políticos. La oposición ha utilizado el tema de la corrupción como un tema de campaña política, para estar visibilizando candidatos, diciendo que aquí están los buenos y allá los malos», señala Marvin Ponce, y hasta cierto punto tiene razón: la corrupción en Honduras ha estado históricamente en todos los partidos políticos, no es un patrimonio exclusivo del Partido Nacional, pero deberá también comprender el señor Ponce, que en 10 años de gobierno nacionalista, los casos de corrupción parecen ser mayores en este período que en los gobiernos anteriores. Y digo parecen, porque entra acá lo que es “la percepción” de la corrupción.

Existe en Honduras una percepción alta de la corrupción. En el índice de Transparencia Internacional de 2018, de 180 países evaluados, Honduras aparece en el lugar 132 con una calificación de 29/100, junto a Paraguay y Bolivia, arriba de México (28), Guatemala (27), Nicaragua (25), Haití (20) y Venezuela (18). Lo más cercano a 0, más alta es la percepción de corrupción.

Lo que este índice evalúa, no es la Corrupción —pues la misma sucede a las sombras y no es posible medirla— sino la “percepción” que sobre corrupción existe en el país. Eso quiere decir, que en la medida los procesos judiciales se mediatizan, la percepción de la corrupción de la población aumenta.

En 2017, el informe de TI de percepción de la corrupción dio a Honduras una calificación de 29/100. En 2016, el mismo informe calificó al país en el lugar 30/100. En 2015, el lugar fue el 31/100. La percepción de la corrupción en el país ha ido aumentando, paradójicamente en la medida que la misma se combate desde las instituciones que la MACCIH ayudó a constituir, procesando figuras políticas de gran perfil, como la exprimiera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y el director del seguro social Mario Zelaya, junto a más de una docena de implicados en ambos casos. Actualmente está en proceso criminal el ex alcalde del Distrito Central y es ministro de SOPTRAVI, Miguel Pastor, también se procesó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Aviléz, el ex ministro de agricultura y ganadería Jacobo Regalado.

La corrupción en Honduras ha sido siempre parte de la institucionalidad del país. Actos como la “mordida” o la “coima” han sido frecuentes en los funcionarios públicos de generaciones y si nunca antes se persiguió la corrupción, ha sido de común acuerdo en las élites políticas del país que ven en ella un recurso necesario para el clientelismo político.

El primer gobierno de Honduras que hizo esfuerzos serios para combatir la corrupción fue el gobierno de Beto Reina (1994-1998), mismos que se vieron luego revertidos en la administración Flores (1998-2002) para bien de líderes políticos como Rafael Leonardo Callejas Romero que atesoró sus cartas de Libertal, hasta que estas se volvieron papel mojado en las cortes de Estados Unidos.

«A mi me parece delicado que no se haya llegado a un acuerdo con la MACCIH, tomando en cuenta que independientemente que no ha dado los resultados que todos habíamos esperado, había iniciado un proceso de lucha en contra de la corrupción importante hacia actores que de alguna manera cometieron ilícitos» —agrega Marvin Ponce.

La salida de escena de la MACCIH no debería constituir el final de la lucha en contra de la corrupción. Si leemos el convenio original, su objetivo final fue siempre el fortalecimiento de la institucionalidad del país, única responsable al final de llevar la lucha en contra de los corruptos que tanto daño han hecho a este país. Ese fortalecimiento se logró medianamente con la conformación de la UFECIC y los juzgados anticorrupción, entre otros.

Pero aquellos que se han visto afectados por las acciones anti corrupción enfilan sus armas en contra del legado de la MACCIH.

El secretario del Congreso Nacional (CN), Tomas Zambrano, aseguró este lunes que el fin del convenio de la MACCIH también extingue a la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).

Según Zambrano, el artículo 14 del convenio con la OEA, dice que la UFECIC comenzó funciones desde el momento que inició el convenio. Pero ahora que este finalizó, también culminan las operaciones de la Unidad Fiscal, afirmó el parlamentario.

En ese sentido, el congresista dijo que eso no indica que los casos en investigación no continuarán. «Tienen que avanzar e ir ante los tribunales, pero ya será el Ministerio Público que deberá replantear ese tipo de casos», señaló.

Por otro lado, el presidente Juan Orlando Hernández solicitó el martes pasado al Congreso Nacional, poner en la agenda las leyes que van encaminada en la lucha contra la corrupción: la reforma a la Ley de Secretos Oficiales, que tantas reacciones ha generado en su contra, y la Ley de Colaboración Eficaz que fue promovida por la Maccih y que el Congreso se negó a aprobar.

«Quiero pedirle a los diputados del Congreso Nacional que discutan y tomen decisiones sobre las leyes que envió la Maccih: la Ley de Secretos que prácticamente con Maccih la habíamos consensuado casi en un 98%» —dijo, reconociendo que solo el Congreso Nacional tiene la facultad legislativa para impulsar la lucha en contra de la corrupción.

Pero ese mismo Congreso Nacional al que ahora se le pide apruebe las leyes que por tres años negó a la MACCIH, se vio fuertemente debilitado por los señalamientos de corrupción que hizo la UFECIC, procesando en varios casos a más de 70 de los actuales congresistas.

A mediados de octubre, el Congreso Nacional aprobó dos leyes, que para la oposición política propician la inmunidad e impunidad en el país y constituyen un salvavidas para que los diputados que están siendo investigados.

«Con esa ley que recién emitió el Parlamento, la MACCIH no tendría nada que hacer en Honduras, porque las investigaciones en curso, que entiendo andan por 70 expedientes, están en suspenso, y el Ministerio Público no puede interponer requerimientos si antes el Tribunal Superior de Cuentas no emite una opinión de que en este caso particular hay delito o asomo de delitos, y para eso tienen hasta tres años», indicó a Efe el analista Raúl Pineda.

Pineda, abogado y exdiputado por el gobernante Partido Nacional, definió los problemas de la MACCIH en las condiciones que estaba hasta esta semana: estaba condicionada a lo que diga el fiscal general (Óscar Chinchilla), sin poder tomar iniciativas para presentar requerimientos.

Según Pinera,  con la ley aprobada en octubre pasado por el Congreso Nacional, ni la Misión, ni la UFECIC, que depende del Ministerio Público, tenían ya sentido de existir.

«Yo creo que la MACCIH no hizo su trabajo completamente, pero estaríamos mucho peor sin la MACCIH», recalcó Pineda.

Ahora Marvin Ponce pone el dedo en la yaga: «Los corruptores, los empresarios nunca fueron tocados. Los pesos pesados que tuvo la MACCIH allí no los llevaron a juicio penal y público», recuerda Ponce, agregando que «hay muchos corruptos de la empresa privada que se han lavado la cara con tuits. Empresarios que están en guerra con la SAR porque no quieren pagar impuestos o han defraudado el fisco, y por eso ahora se han convertido en enemigos del gobierno».

«El Presidente Hernández ha suscrito el compromiso de luchar en contra de la Corrupción y no tiene que ser desde la MACCIH. Quienes deben luchar en contra de la corrupción son los operadores de justicia, la Fiscalía, el TSC y el poder judicial. Al final ellos son los que enjuician y sentencian a los corruptos», concluyó.

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