Ayer se publicó el Informe de Transparencia Internacional en Percepción de Corrupción para 2019. Honduras pasa de una calificación de 29/100 a 26 /100, o sea, de la posición 132 a la posición 146 de 180 países. Lo más cercano a 0, más alta es la percepción de corrupción.
La percepción de la corrupción en Honduras ha aumentado en los últimos cinco años: En 2017, el informe de TI de percepción de la corrupción dio a Honduras una calificación de 29/100. En 2016, el mismo informe calificó al país en el lugar 30/100. En 2015, el lugar fue el 31/100.
Lo que este índice evalúa, no es la Corrupción —pues la misma sucede a las sombras y no es posible medirla— sino la “percepción” que sobre corrupción existe en el país. Eso quiere decir, que en la medida los procesos judiciales se mediatizan, la percepción de la corrupción de la población aumenta.
Paradójicamente en la medida que la corrupción se combate desde las instituciones que la MACCIH ayudó a constituir, procesando figuras políticas de gran perfil, como la exprimiera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y el director del seguro social Mario Zelaya, junto a más de una docena de implicados en ambos casos. Actualmente está en proceso criminal el ex alcalde del Distrito Central y es ministro de SOPTRAVI, Miguel Pastor, también se procesó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Aviléz, el ex ministro de agricultura y ganadería Jacobo Regalado.
Aunque el IPC es muy criticado, sigue siendo el sistema de medición más difundido y, en consecuencia, considerado por los gobiernos. El IPC ayuda a visualizar de un modo comparable una actividad global disvaliosa que, por ocurrir en forma clandestina, es obviamente difícil de medir. Los indicadores subjetivos de corrupción, y en particular el IPC, presentan debilidades metodológicas graves, como lo señalan, por caso, Susan Rose-Ackerman y Michael Johnston, dos de los académicos más prestigiosos en la materia. El IPC no mide corrupción, sino las percepciones que determinados sujetos tienen de ella. Los límites que esto impone se agravan por la selectividad de los perceptores.
El IPC es un indicador compuesto que se elabora mediante la estandarización de índices de terceros: fuentes institucionales que TI considera confiables. Fuentes incluyen al Banco Africano de Desarrollo, a Freedom House, al Banco Mundial y al Foro Económico Mundial. A su vez, los índices de las fuentes institucionales se basan en encuestas ciudadanas y opiniones de «expertos»: líderes de opinión, empresarios y técnicos, tanto locales como extranjeros. En lo sustancial, son las mismas personas cuyas percepciones se usan para medir en todo el mundo factores como: clima de negocios, riesgo político, rule of law, competitividad o democracia. Los indicadores que miden una u otra cosa se refuerzan entre sí cada año.
Pero los problemas no son sólo cómo mide el IPC, sino qué mide. Tanto los índices subjetivos como las encuestas de victimización apuntan casi exclusivamente al soborno, dejan afuera un mundo de actividades relevantes como el nepotismo, los conflictos de interés, la corrupción privada o la pata privada de la corrupción pública. Incluso se han creado índices que miden fenómenos distintos pero íntimamente ligados a la corrupción, en los que algunos de los países mejor rankeados en el IPC caen al fondo de la tabla, como el Índice de Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal. Algunos autores, como Bill de Maria, han llegado a calificar al IPC de «neocolonialista».
La corrupción no es algo que se tiene o no, ni que se tiene en una medida tal o cual. Se trata de un fenómeno complejo que obliga a considerar varias dimensiones: quién paga, a quién, qué gana, quiénes pierden, cuánto se paga, qué costo tiene, cómo impacta en determinados grupos sociales, cómo se oculta el producto, cómo ocurre en el sector de salud y en qué se diferencia de la corrupción que opera en las fuerzas de seguridad, qué oportunidades de participación ciudadana existen para controlar la inversión educativa, cómo impacta la falta de autonomía de los organismos de control, cómo se vinculan corrupción y evasión, cómo se financia la política, cómo se elige y controla a los magistrados, qué dependencia tiene el sector privado del sector público en distintas cadenas de valor. Son sólo algunas de las preguntas relevantes para calificar la gravedad del problema en una sociedad y su capacidad de atacarlo.
«El problema aquí es que el tema de la corrupción se ha politizado desde los partidos políticos. La oposición ha utilizado el tema de la corrupción como un tema de campaña política, para estar visibilizando candidatos, diciendo que aquí están los buenos y allá los malos», señala Marvin Ponce, y hasta cierto punto tiene razón: la corrupción en Honduras ha estado históricamente en todos los partidos políticos, no es un patrimonio exclusivo del Partido Nacional, pero deberá también comprender el señor Ponce, que en 10 años de gobierno nacionalista, los casos de corrupción parecen ser mayores en este período que en los gobiernos anteriores.
La salida de escena de la MACCIH no ayuda a mejorar la percepción de la corrupción en Honduras. Aquellos que se han visto afectados por las acciones anti corrupción, además, enfilan sus armas en contra del legado de la MACCIH.
El secretario del Congreso Nacional (CN), Tomas Zambrano, aseguró este lunes que el fin del convenio de la MACCIH también extingue a la Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC).
Según Zambrano, el artículo 14 del convenio con la OEA, dice que la UFECIC comenzó funciones desde el momento que inició el convenio. Pero ahora que este finalizó, también culminan las operaciones de la Unidad Fiscal, afirmó el parlamentario.
En ese sentido, el congresista dijo que eso no indica que los casos en investigación no continuarán. «Tienen que avanzar e ir ante los tribunales, pero ya será el Ministerio Público que deberá replantear ese tipo de casos», señaló.
Por otro lado, el presidente Juan Orlando Hernández solicitó el martes pasado al Congreso Nacional, poner en la agenda las leyes que van encaminada en la lucha contra la corrupción: la reforma a la Ley de Secretos Oficiales, que tantas reacciones ha generado en su contra, y la Ley de Colaboración Eficaz que fue promovida por la Maccih y que el Congreso se negó a aprobar.
«Quiero pedirle a los diputados del Congreso Nacional que discutan y tomen decisiones sobre las leyes que envió la Maccih: la Ley de Secretos que prácticamente con Maccih la habíamos consensuado casi en un 98%» —dijo, reconociendo que solo el Congreso Nacional tiene la facultad legislativa para impulsar la lucha en contra de la corrupción.
Pero ese mismo Congreso Nacional al que ahora se le pide apruebe las leyes que por tres años negó a la MACCIH, se vio fuertemente debilitado por los señalamientos de corrupción que hizo la UFECIC, procesando en varios casos a más de 70 de los actuales congresistas.
A mediados de octubre, el Congreso Nacional aprobó dos leyes, que para la oposición política propician la inmunidad e impunidad en el país y constituyen un salvavidas para que los diputados que están siendo investigados.
«Con esa ley que recién emitió el Parlamento, la MACCIH no tendría nada que hacer en Honduras, porque las investigaciones en curso, que entiendo andan por 70 expedientes, están en suspenso, y el Ministerio Público no puede interponer requerimientos si antes el Tribunal Superior de Cuentas no emite una opinión de que en este caso particular hay delito o asomo de delitos, y para eso tienen hasta tres años», indicó a Efe el analista Raúl Pineda.
Pineda, abogado y exdiputado por el gobernante Partido Nacional, definió los problemas de la MACCIH en las condiciones que estaba hasta esta semana: estaba condicionada a lo que diga el fiscal general (Óscar Chinchilla), sin poder tomar iniciativas para presentar requerimientos.
Según Pinera, con la ley aprobada en octubre pasado por el Congreso Nacional, ni la Misión, ni la UFECIC, que depende del Ministerio Público, tenían ya sentido de existir.
«Yo creo que la MACCIH no hizo su trabajo completamente, pero estaríamos mucho peor sin la MACCIH», recalcó Pineda.
Ahora Marvin Ponce pone el dedo en la yaga: «Los corruptores, los empresarios nunca fueron tocados. Los pesos pesados que tuvo la MACCIH allí no los llevaron a juicio penal y público», recuerda Ponce, agregando que «hay muchos corruptos de la empresa privada que se han lavado la cara con tuits. Empresarios que están en guerra con la SAR porque no quieren pagar impuestos o han defraudado el fisco, y por eso ahora se han convertido en enemigos del gobierno».
«El Presidente Hernández ha suscrito el compromiso de luchar en contra de la Corrupción y no tiene que ser desde la MACCIH. Quienes deben luchar en contra de la corrupción son los operadores de justicia, la Fiscalía, el TSC y el poder judicial. Al final ellos son los que enjuician y sentencian a los corruptos», concluyó.
