POPULISMO PENAL, EL PECADO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 184

ALG30 agosto, 2018

Un concepto acapara hoy la atención de los medios de comunicación en nuestro país, hablamos de «Populismo Penal», que si bien no es reciente (como ya veremos en este artículo) ahora parece ser del interés de ciertos sectores que se ven afectados por el artículo 184, que ellos mismos aprobaron en otro contexto.

En 2013 fue reformado el artículo 184 del código procesal penal con el propósito de impedir que mareros y narcotraficantes (entre otros actores del menú de 21 delitos que contempla la reforma) puedan gozar de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El artículo reformado no era, como se ha querido hacer creer en el debate (o en la ausencia de debate), un boleto que dejaba en libertad a los delincuentes mareros y narcos, sino un artículo que reconocía la presunción de inocencia que todos poseemos, hasta que el juez o tribunal pueda probar lo contrario y se nos juzgue por el delito cometido.

Según el abogado Raúl Suazo Barilla, la reforma llegó «como una política para contener el flagelo que estábamos viviendo en el país, las maras y pandillas y al no poder contener (a los criminales), al tener una muy mala investigación penal, era más fácil mandar la gente a la cárcel.»

Esa reforma, impulsada por Juan Orlando Hernández cuando era presidente del Congreso Nacional, ejecutada en el contexto del aumento sin precedentes de la presencia del narcotráfico en el país y de los índices de muertes violentas más altos de nuestra historia, fue Populismo Penal.

El criminólogo británico Sir Anthony Edward Bottoms es el artífice de la expresión “populismo penal”. Él hace alusión a la utilización del Derecho Penal por parte de políticos que buscan sacar réditos electorales defendiendo tesis político-criminales, tales como la de que el incremento en las penas conllevaría automáticamente a una reducción de las tasas de delito o el postulado de que las penas refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida en sociedad.

El populismo penal es, en ese sentido, el uso del derecho penal para fines electorales y políticos. No busca reducir la criminalidad o resolver la problemática de la sociedad, sino ganar votos en las elecciones. 

Desde una perspectiva deontológica, la política-criminal debe, de un lado, valorar las normas legales y el accionar gubernamental de cara a los valores superiores del ordenamiento jurídico nacional e internacional, y, del otro, someter a una crítica externa tanto la teoría como la praxis para verificar su correspondencia con valores como la dignidad, legitimidad, justicia, libertad, entre otros.

O sea, buscar la persecución del delito, sin socavar los Derechos Humanos y la dignidad de la persona humana.

Todos en la sociedad estamos obligados a señalar cualquier legislación injusta, desde cualquier trinchera que nos toque, debemos presionar para cambiar las leyes que están mal, siempre pensando en los principios que amparan los Derechos Humanos, la Justicia, la Constitución de la República y el Derecho.

Pero gran parte de la política criminal en Honduras reposa en un parangón más retórico que efectivo.

En los EE.UU., por ejemplo, la “guerra contra el crimen” de Nixon, seguida por la “guerra contra las drogas” promovida por Reagan, incorporó retóricas punitivistas en las propuestas del Partido Republicano. Estas estrategias entraron en la agenda de los demás partidos políticos a finales de los años 90, tanto en los EE.UU como en el Reino Unido, y hoy día dominan el espectro de las propuestas de todos los partidos político en la mayoría del mundo. Lo que antes era monopolizado por los partidos conservadores, actualmente pertenecen a la agenda común de los diversos partidos políticos.

Sólo así se puede explicar la existencia de Partidos Anti Corrupción (como dice Salvador Nasralla, es incluso una «ideología»), o partidos Anti Imigrantes, Anti Aborto, Anti cualquier cosa que genere movilización del descontento de un sector de la población.

Sabemos que los temas criminales tienen potencial para ser cuestiones centrales en los debates políticos y dada las características de nuestro sistema electoral y publicitario, sabemos también que los gobernantes o políticos tienen que demostrar a cualquier costa que son duros contra el crimen (o contra la corrupción, aunque no lo sean) para ganar votos. Cualquier debate político-criminal edificado bajo la racionalidad debe dar paso a los mensajes simbólicos y meramente retóricos.

En un comunicado difundido en enero de 2017, las organizaciones en articulación con el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), calificaron como “populismo punitivo” la emisión de promesas y toma de decisiones del gobierno de Juan Orlando Hernández, que hacen percibir entre la población que aumentando penas y estableciendo nuevos delitos se va a resolver el problema de la inseguridad.

Sostenían además que «muchas de las  reformas harán más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad.»

Entre aquellas reformas que hace cinco años señaló Cespad, está la del artículo 184.

Cadena perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños son recursos frecuentes en los políticos para ganar votos, construyendo su imagen como defensores de los más débiles, o en el caso de Donald Trump, de los valores de la auténtica sociedad americana.

Pero también lo es la lucha contra la corrupción (y la posición de no reformar el artículo 184 del código procesal penal).

«Hoy están queriendo colocarlos como víctimas,» señala Rasel Tomé, abogado y exdiputado de Libertad y Refundación en el Congreso Nacional, agregando que los políticos que están a un pie de ir a la cárcel bajo el artículo 184 y que ahora presionan por su contra-reforma, no son las víctimas, «la víctima es el pueblo,» dice.

«No es como quieren plantear de querer llamarlo populismo punitivo, no es acomodarse en favor de las cúpulas, es poner la voz del pueblo en los casos de corrupción», agrega.

Y es que el Populismo Penal se proclama por definición defensor de los intereses y aspiraciones del pueblo. Piénsese en los discursos de Porfirio Lobo Sosa cuando aprobó la ley antimaras durante el gobierno de Maduro, para protegernos de los mareros que amenazaban la paz de la sociedad, reforma hecha en realidad con el único propósito de aumentar el caudal electoral de cara a las elecciones de 2005, que no redujo la presencia de maras y pandillas en todo el país sino todo lo contrario.

El Populismo Penal ha penetrado con fuerza arrolladora en los espacios de la justicia y so pretexto de sosegar los efectos de la inseguridad ciudadana y la corrupción, y de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, ha logrado expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas, ostensibles en la actuación de fiscales, jueces y magistrados.

Para el experto dominicano, abogado y político, Eduardo Jorge Prats, populismo penal “es la estrategia desplegada por actores políticos y funcionarios del sistema penal, encaminada, aparentemente, a remediar los problemas que se derivan del crimen y la inseguridad”, pero que en el fondo implica una alianza demagógica para crear en la conciencia ciudadana la necesidad de aplicar medidas extremas de “mano dura” y “tolerancia cero” contra los infractores, aun en delitos de menor impacto, a sabiendas de que son respuestas eufemísticas, viscerales, basadas en sondeos no confiables, que lejos de disminuir la tasa delincuencial, la incrementan.

El impacto mediático del delito que conmociona al ciudadano es aprovechado en este contexto por políticos inescrupulosos, para aparentar que se da respuesta a las justas reclamaciones de la sociedad, asediada por múltiples violencias. Es cuando aparecen los redentores, los vengadores de la justicia escudriñando la verdad verdadera o, en los escenarios parlamentarios, enarbolando otro proyecto retrógrado de urgente aprobación. Piénsese, esta vez, en Salvador Nasralla y Gabriela Castellanos que con su retórica anticorrupción, dan la imagen de embarcarse en una cruzada contra los mafiosos en el país, pero en realidad solo acumulan imagen y simpatía para futuros procesos políticos.

“Primero, hace falta infundir alarma social entre los ciudadanos, meterles miedo y después, ya vendrán los diferentes actores a aportar soluciones represivas, que serán inmediatamente aceptadas por una población asustada de antemano. Se trata de tocar las fibras más sensibles de la población para producir un consenso social y aplicar las más represivas políticas en materias penal, judicial, penitenciaria y administrativa”, advierte el profesor español Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

El populismo penal promueve, desde el Gobierno y el Congreso (ahora podríamos agregar, en el caso de Honduras a la MACCIH) –obviamente sin previos estudios de política criminal, pero con gran incidencia en el nivel político-electoral–, la expedición de leyes impróvidas, incongruentes, irracionales, para aumentar penas, crear delitos, reducir beneficios, privatizar la justicia y de contera, desestructurar el modelo procesal, soslayar derechos, menoscabar garantías y vulnerar el debido proceso acusatorio.

«Hay que tomale atención a lo que dicen los organismos internacionales, la MACCIH ha utilizado como bandera este artículo 184 y la ley de privación de dominio que también es inconstitucional, ya que violenta desde el principio de presunción de inocencia hasta la retroactividad de la ley penal», afirma el abogado hondureño Raúl Suazo Barrera.

Podemos argumentar entonces que Populismo penal es el terrorismo judicial, porque Populismo penal es derecho penal del enemigo y al enemigo hay que inocuizarlo a cualquier precio, incluso a costa de las libertades y derechos fundamentales de todos en la sociedad.

El populismo penal impone, además, el uso de lenguajes bélicos: “guerra al delito”, “combate a la criminalidad”, “neutralización del delincuente”,“combate frontal contra la corrupción”, crea la división entre buenos y malos, por lo que todo se resuelve enjaulando a los “malos” en representación y para bien de los “buenos”. No importa si son o no culpables, lo que importa es darle sangre al pueblo.

De un Estado de derecho, se pasó a un Estado penal. El proceso se convirtió en una herramienta al servicio de la política. Se politizó la justicia, el control del crimen se volvió tema de campaña y se pretende disuadir al infractor, sin preocupación alguna por generar soluciones sociales efectivas, no excluyentes, ni discriminatorias.

“Todo el que quiera que se reforme el artículo 184 está defendiendo la corrupción y lo que quieren es que los del pacto de impunidad sigan a feliz término,” afirma categórico el abogado Rasel Tomé y agrega en su visión  maniquea de la corrupción, que esos que hoy piden se reforme el artículo 184 “no van a encontrar aplausos en los que queremos que ese dinero (de la corrupción) vaya al pueblo, que nosotros exijamos es querer al pueblo, es amar a este país.”

Como conclusión, podemos argumentar que la ley de privación de dominio y el artículo 184 son inconstitucionales, siempre lo han sido. Violentan derechos fundamentales de los procesados, como la presunción de inocencia y la retroactividad de la ley. Lo fueron antes, cuando se aprobaron y lo son ahora, aunque quienes estén a un paso de la cárcel sean otros y no los mareros en los que populistamente pensaron los gobernantes en su momento.

La reforma al 184 llega tarde para muchas familias que injustamente fueron a parar a la cárcel sin haber sido declaradas culpables, y cuando se les encontró inocentes del delito (después de dos años encarcelados), simplemente se les deja afuera sin siquiera una disculpa desde el sistema de justicia. Que se reforme hoy, dicho artículo, debe ser un consenso. La presión debe ir en la investigación y la justicia. Que vayan a la cárcel los culpables de cometer delitos, no solamente los que tienen un requerimiento fiscal porque aún no son vencidos en juicio.

El ser firme en la lucha contra la corrupción no nos debe hacer caer en la trampa de favorecer un discurso que nada tiene que ver con la justicia, sino con una deformación de ella, para cálculos de políticos y políticas que con un baño de pureza y desde la sombra añoran el poder.

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