Por Albany Flores
Casi con toda seguridad, el Partido Nacional de Honduras, por infraestructura política, disciplina partidaria, y por toda la estructura jurídica que el gobernante de turno ha dispuesto en favor de su interés, tomará el poder de la nación un tercer periodo consecutivo. Aún más, dicho poder puede extenderse hasta un cuarto periodo. Hablamos entonces de 12 o 16 años de un nuevo control nacionalista, que al igual que en el pasado, pone en jaque la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y la democracia.
En la primera parte de esta crónica, dijimos que con el fin del gobierno de Ricardo Maduro, el Partido Nacional veía escasas posibilidades de reconquistar el poder a corto plazo. La premisa nacionalista de “Puño Firme” contra la delincuencia, que ha impuesto una política de combate contra el crimen, y no una estrategia preventiva contra el mismo, le ha creado una reputación —que en realidad siempre tuvo— desfavorable. El Partido Nacional es hoy una institución impositiva, represora y con índices de corrupción en la administración pública nunca vistos en la historia nacional.
LEA AQUÍ LA PRIMERA PARTE DE LA CRÓNICA DE UNA TOMA DEL PODER TOTAL.
Pero, ¿en qué momento sucedió esta nueva conquista por parte del poder nacionalista?, echemos un vistazo.
El 27 de enero del 2006 dio inicio el gobierno liberal que presidía Manuel Zelaya Rosales, producto de la victoria obtenida por éste frente al débil candidato nacionalista Porfirio Lobo. Desde su inauguración, el gobierno de Zelaya se autodenominó como un gobierno progresista y de corte centrista, que veía más a la izquierda que a la derecha tradicional que representaba su partido, aunque en teoría seguía siendo el partido de la liberalidad y las “milicias eternamente jóvenes”.
La administración de Zelaya tuvo importantes aciertos. Nos referimos a las mejoras salariales para los trabajadores, el incremento de los efectivos de la Policía Nacional (aunque el ingeniero Omar Rivera, de la Comisión Depuradora de la policía, opina que el incremento de efectivos de la policía fue un desacierto en la administración Zelaya. Lea la entrevista aquí), la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la economía presentó un crecimiento de 5.6%, se generaron 114,000 nuevos empleos, el ingreso familiar se elevó en un 18% y la inflación se mantuvo en el 4.9%; se redujo la tasa de interés y se reactivó el sector productivo, se generaron al menos 20 mil empleos en el sector maquilero, se instalaron 103 mil líneas telefónicas y 40 centrales telefónicas, se implementó la matrícula gratis en el sector educativo, se albafetizó a 116,000 alumnos y a 24, 049 personas adultas, etc.[1]
También es cierto que el suyo fue un gobierno populista que en tres años y medio, para mantener a una población contenta, por sus aspiraciones continuistas, derrochó más de 2,444 millones de dólares —que se sumaron a la deuda externa que Maduro había aliviado en gran medida—, según el informe del Banco Central[2].
¿Por qué hacemos referencia al gobierno de Zelaya si nuestro tema es la toma del poder totalitario por parte del Partido Nacional?, muy sencillo: fue en la administración política del gobierno de Zelaya cuando surgió la crisis interna del Partido Liberal que provocó (en gran medida) el golpe de Estado del 2009, la desintegración del PL y el respectivo fortalecimiento del Partido Nacional. Allí tuvo su inicio esta nueva etapa del poder nacionalista.
EL GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO.
El golpe de Estado se perpetró en junio del 2009, con la complicidad de dos de los tres poderes del gobierno. Fue un golpe al Ejecutivo promovido desde el Congreso Nacional, el Poder Judicial, los poderes fácticos y las Fuerzas Armadas. Desde finales de junio del 2009 hasta enero del 2010, el entonces Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, dejó su cargo en manos del también liberal José Alfredo Saavedra, para ocupar la Presidencia del gobierno de facto.
El estado de sitio se prolongó durante meses, así como el toque de queda. Fue una etapa de confusión, impotencia, represión y violencia. Las protestas de cientos de miles de hondureños no se hizo esperar, y las calles de todas las ciudades del país se llenaron de protestantes que exigían la deposición del gobierno de Micheletti, y la vuelta al orden constitucional.
En noviembre del 2009 —cinco meses después del golpe— hubo elecciones generales en las que contendían Elvin Santos del Partido Liberal y Porfirio Lobo del PNH. Hasta el golpe de Estado, todo apuntaba a que joven candidato liberal ganaría las elecciones, al mismo candidato al que Zelaya había vencido en las elecciones del 2005. El golpe lo cambió todo. El Partido Liberal se dividió profundamente y entró en acelerada crisis. El Partido nacional se robusteció. Gracias a ello, el candidato del PNH, Lobo Sosa, venció en las elecciones a un candidato liberal vencido previamente a las elecciones con la ruptura de su partido.
El gobierno de Porfirio Lobo (Gobierno de la Unidad Nacional) comenzó en el país en el ambiente de tensión nacional, enormes índices de violencia y homicidio, y con el gran reto de reconstruir una nación descalabrada. Lobo Sosa resultó beneficiado de la interrupción democrática, pero su gobierno terminó pagando las secuelas del Golpe.
El “Gobierno de la Unidad Nacional”—por el enorme reto que suponía la reunificación de una ciudadanía con hondos rencores y divisiones por los hechos suscitados durante el golpe de Estado y la época post-Golpe—, fue sobre todo un gobierno timorato, cuyos logros importantes fueron: la reinserción de Honduras en los organismos e instancias internacionales de las que había sido separada como pena por los conflictos políticos de 2009; la renegociación con los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y las cooperaciones de países europeos y asiáticos; el Acuerdo de Cartagena de Indias firmado con los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de Venezuela y Colombia respectivamente, que entre otras cosas condicionaba el regreso de Manuel Zelaya del exilio y la creación de un partido político (Partido Libertad y Refundación) como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, entre otros.
Es importante rectificar aquí mismo sobre el hecho de que el gobierno de Porfirio Lobo haya sido tímido, porque tal vez no fue su gobierno, sino su figura —ya de por sí sosegada—, la que se vio opacada por la nueva figura de la gran esfera, el Presidente del Congreso Nacional, Juan O. Hernández.
El gobierno de Lobo fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país, y no nos referimos simplemente a la figura principal, sino al gobierno. En él se gestó el gran desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que a su vez propició una severa crisis del sistema sanitario. Cerca de 7,000 millones de lempiras hurtados y se especula que miles de muertos.
Ese fue sólo el acto deshonesto más representativo, y sólo salió a la luz pública en los primeros meses del 2014, cuando el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzaba. El país entró en una nueva época de concesiones, se encareció la vida y, desde el Congreso Nacional, el Presidente de ese poder, diseñó (junto a otros) y ejecutó una estratagema jurídica basada en la modificación de leyes y en la creación de otras medidas contrarias a la democracia. Su cometido era el control del gobierno, y lo logró, ¿hasta cuándo?, ya veremos.
El gobierno de Juan Orlando Hernández (en la praxis) no comenzó en 2014, inició durante la administración de Lobo, no como un poder tras el trono, sino como un líder de las ejecutorias y las políticas públicas impulsadas por el gobierno.
EL GOBIERNO DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ.
El año 2013 fue un año caluroso. Así se anunciaba la sequía del 2014 y 2015. A finales de ese año, en noviembre, el Partido Libertad y Refundación, que había suplantado al histórico Partido Liberal como segunda fuerza política del país, se enfrentaría a una maquinaria nacionalista fortalecida y organizada. Meses antes, en las elecciones internas del 2012, el pre-candidato nacionalista Ricardo Álvarez se quejó públicamente que el su contrincante, el también nacionalista Juan Orlando Hernández, le había robado las elecciones de su partido por medio de un fraude electoral.
Álvarez se dispuso a reclamar ante las autoridades el conteo “voto por voto” de las elecciones, anunciando que interpondría un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. Poco después del anuncio, el Congreso Nacional destituyó a cuatro Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que el conteo no sucediera, en un golpe técnico al Poder Legislativo:
«Los magistrados separados por el CN presidido por Juan Orlando Hernández, quien arribó al pleno de la Cámara Legislativa a eso de la 1:30 de esta madrugada, son José Francisco Ruíz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Antonio Gutiérrez Navas, lo que fueron propuestos por el Partido Liberal, los diputados alegaron que el Congreso Nacional no tiene potestad para destituirlos, y que la ejecutoria atenta contra la separación de poderes[3]».
El entonces Diputado, Marvin Ponce, expresó que:
«Detrás del golpe técnico está el interés político del Presidente del CN, Juan Orlando Hernández[4]».
El tiempo de las elecciones llegó. La candidata de LIBRE, Xiomara Castro Sarmiento, se enfrentó a Juan Orlando Hernández, en unas elecciones marcadas por la polémica y la desconfianza de la ciudadanía en general hacia la pulcritud del proceso por parte del Partido Nacional.
El resultado era esperado. Como nunca antes, LIBRE, en su papel de partido nuevo, alcanzó una gran cantidad de votos que en sus propias cuentas les había alcanzado para ganar la elección. No obstante, el conteo general de la votación dio por vencedor a Juan Orlando Hernández. El Partido LIBRE se declaró único vencedor del proceso, aduciendo un nuevo fraude electoral por parte del Partido Nacional y Hernández Alvarado.
Los dos años y medio del gobierno de Hernández han estado marcados por escándalos de corrupción y criminalidad gubernamental, represión ciudadana (Policía Militar, Unidad Tigres, etc.), e incremento de medidas fiscales.
El gobierno ha secuestrado en su totalidad el poder del Estado, al ostentar en su absoluto control los tres poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, ha traído de vuelta al ejercicio civil a dos de los poderes más nocivos de la historia de la humanidad: el poder eclesiástico y el poder militar. Este hecho supone un retroceso de dimensiones proporcionales, pues el regreso de la Iglesia y el Ejército a las acciones de la administración pública civil no sólo significa un enorme retroceso para el país, sino también un acontecimiento anti-histórico en los procesos democráticos, pues los gobiernos liberales de Occidente han luchado durante siglos para librarse de la nociva influencia de éstos.
Otras dos figuras (CONADESE y Ley de Secretos), han puesto de manifiesto la arbitrariedad de un gobierno que busca conservar el poder a toda costa, y que sin duda apunta a su proyecto reeleccionista.
LEA MÁS SOBRE CONADESE EN EL SIGUIENTE ENLACE:
El Partido Nacional de Honduras busca su tercer mandato frente a una oposición pasiva que no logra cohesionar para hacer frente a una estructura nacionalista robusta y unificada. Pero un tercer gobierno nacionalista corre el peligro de convertirse en un cuarto. Ello, sin duda, sería repetir los mismos errores del pasado, y quizás, dar paso a una dictadura tan cruel como las del pasado.
Citas a pie de página.
[1] Disponible en: http://fabricioestrada.blogspot.com/2009/07/sintesis-3-anos-gobierno-manuel-zelaya.html, visto el 30 de octubre a la 2:28 pm.
[2] Informe Operaciones Crédito Público 2006-2010, Secretaría de Finanzas, Gobierno de Honduras, Dirección General de Crédito Público. Disponible en: http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2010/06/operaciones-deuda-publica-T1-2010.pdf.
[3] Hemeroteca Nacional de Honduras, El Heraldo, “Congreso de Honduras asesta golpe técnico a la CSJ”, edición del 7/04/2013.
[4] Ibíd..
