Cuando consideraban que era un hecho, un juez natural negó la solicitud de conciliación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la defensa de la Diputada del Partido Nacional, Sara Medina, acusada del delito de falsificación de documentos públicos.
Con esta decisión judicial se confirma las medidas otorgadas a la diputada de auto formal procesamiento con medidas distintas a la prisión y ahora el caso penal pasará a la etapa de juicio oral y público.
Sara Medina, fue señalada por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) en el famoso caso “Pacto de Impunidad” al aprobar, según los fiscales, de manera inadecuada la Ley de Presupuesto del Congreso Nacional, con la finalidad de beneficiar a diputados que habían sido señalados por el mal manejo de fondos sociales en el caso “Red de diputados”.
En respuesta a esto, Medina ha asegurado que el Ministerio Público mantiene una persecución contra ella y denuncia que sus derechos, garantizados en la constitución de la república, han sido vulnerados: “me han cercenado un derecho, me han violado mis derechos, es muy lamentable, el Ministerio Público se ha ensañado conmigo sin ser yo la culpable del delito que me acusan”, lamentó.
El ex fiscal de la República, Edmundo Orellana explico que por un acuerdo firmado entre el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor y la PGR se comprometieron en no conciliar delitos de corrupción por lo que el juez ratificó este acuerdo al negarle la conciliación a la diputada Medina.
Juan Carlos Griffin, subjefe de la UFECIC, señaló que la acción de negar la conciliación es correcta y en base a ley “procesalmente hablando ellos no están legitimados para realizar este tipo de conciliación y es porque básicamente entendemos que desde el Congreso Nacional se cometió un supuesto delito al faltar a la verdad en la narración de los hechos en la promulgación de la ley”.
La conciliación no llegó a un feliz acuerdo para la diputada porque el delito que se acusa es de falsificación y no de apropiación de fondos públicos por lo que determinar el valor o daño económico solo un perito experto en la materia pudo haber definido el valor de la cuantía, aunque el acuerdo entre la MACCIH y la Procuraduría no permite la medida de conciliación.
Medina intentó presentar un recurso de reposición y una apelación subsidiaria pero el juez también negó estos recursos y seguirá enfrentando este proceso.
Por el mismo caso obtuvo un sobreseimiento definitivo el también diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas luego de ganar una apelación.
