NUEVA ARMENIA ENFRENTA EL DESTIERRO 

EGO4 noviembre, 2016

GARÍFUNAS EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS

Investigación y redacción: Ariel Torres Lunes

Concesiones por kilómetros

En Honduras cuando el nombre de un pueblo es antecedido por el adjetivo de «nueva o nuevo», no es un adorno, lo que describe es probablemente un desplazamiento. Por citar un ejemplo, la antigua aldea de Palo Ralo en el departamento de Francisco Morazán, pasó a llamarse la Nueva Palo Ralo, tras ser trasladada geográficamente por la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras». La historia se repite en el país, con diferentes matices. Nuevo Rosario. Nuevo Jalapa. Nueva Arcadia. Nueva Palestina… y Nueva Armenia, una comunidad garífuna en el departamento de Atlántida, a 156 kilómetros de distancia de Vallecito.

La antigua comunidad de Armenia se ubicaba en el municipio de Jutiapa, cercana a la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. Ahí habitaba un grupo garífuna desde el siglo XIX. Pero en 1924, esta población fue desplazada a la margen izquierda del río Papaloteca por la empresa Vaccaro Brothers Company, que dos años después se convertiría en la Standard Fruit Company. Así, la compañía frutera se apoderó del delta del río, y al otro costado, se fundó Nueva Armenia.

LEA AQUÍ LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE PARTE DE LA INVESTIGACIÓN «GARÍFUNAS EN DEFENSA DE SUS TERRITORIOS» 

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Cabe recordar que a partir de 1911 el Gobierno hondureño intensificó su política concesionista con la inversión extranjera. La presunta intención era desarrollar y modernizar la economía del país, bajo el paradigma del progreso. A las empresas foráneas se les entregaron tierras, a cambio del establecimiento de la infraestructura de transporte y comunicación, en teoría, para incrementar la comercialización de los productos agrícolas y el desarrollo de la agricultura en zonas fértiles, pero poco habitadas. Pero bajo la mesa las concesiones arrastraban sobornos, armas y apoyo para los caudillos nacionales.

En 1968 la Standard Fruit Company fue adquirida por la Castle & Cooke Corporation, quien la renombró como la Dole Food Company, misma que cerró operaciones en la Costa Norte hasta 1995.

Tras su cierre, los pobladores de Nueva Armenia exigieron regresar a su antiguo territorio, pero de acuerdo a la OFRANEH, paulatina y de forma amañada, la municipalidad repartió las tierras ancestrales a otros grupos, supuestamente palmeros.

No obstante, el INA le otorgó a la comunidad un título de propiedad en 1994, el cual reconoció 169 hectáreas. Desde un inicio los garífunas indicaron la insuficiencia del territorio concedido, por no abarcar el total de las tierras ancestrales de la antigua Armenia. Pero los reclamos no fueron atendidos.

En la actualidad, Nueva Armenia se encuentra ubicada en un paraje inundable, al encontrase en un humedal, entre el delta del río y la laguna de Cacao, lo que lo vuelve uno de los lugares más vulnerables en la Costa hondureña.

En 2013, se reabre un capítulo de su historia, con la decisión de recuperar sus tierras.

Vecinos de luchas

Carolina Castillo García y Jesús Flores Satuyé son vecinos en Nueva Armenia. Los separan un par de casas. Ambos son sexagenarios. Cuando no habían nacido, sus familias fueron despojadas por la Standard Fruit Company. Él se ha dedicado al buceo, ella a la agricultura. A los dos les quemaron sus casas cuando se disponían a cultivar el territorio ancestral en recuperación. Él tiene tres heridas de bala y ella cuatro acusaciones por el delito de usurpación de tierras.

Al encontrarse se saludan. Jesús Flores muestra su mano afectada por el impacto de un proyectil. La cicatriz y la inmovilidad de su extremidad izquierda se remonta a enero de 2001, cuando miembros de la Fuerza Naval de Honduras, en los Cayos Cochinos, le dispararon por pescar supuestamente en una zona coralina protegida, en un archipiélago donde él capturaba langostas y peces desde que era un niño. Desde el suceso no volvió a ver su cayuco. A través de la OFRANEH, este caso se presentó ante la CIDH, como denuncia de las violaciones a los derechos humanos perpetrados por las Fuerzas Armadas en las zonas garífunas.

A ella la comunidad no la conoce como Carolina, sino como Cayoya. Tiene 63 años. Es una mujer enérgica, por las mañanas cultiva y por las noches aprende a leer y escribir. También a ella le quemaron su casa en la margen derecha del río Papaloteca, donde antes vivían sus ancestros, en un territorio de 150 manzanas, sembradas de plátano, yuca y cacao.
A ella la comunidad no la conoce como Carolina, sino como Cayoya. Tiene 63 años. Es una mujer enérgica, por las mañanas cultiva y por las noches aprende a leer y escribir. También a ella le quemaron su casa en la margen derecha del río Papaloteca, donde antes vivían sus ancestros, en un territorio de 150 manzanas, sembradas de plátano, yuca y cacao. Fotografía: Dany Barrientos.

Cuando muestra las otras dos lesiones de bala, llora. «El 26 de febrero de 2015 nos quemaron las casas. A las siete de la mañana íbamos a cultivar la tierra, cuando un grupo de hombres nos tirotearon. Me pegaron en la pierna y en la cabeza. Esa fue la segunda vez que miré la muerte. Sentir el plomo es como si a uno le tiraran agua caliente. Ahora solo espero recobrar la salud, estoy hambreando», explica este hombre de 60 años. Carolina lo consuela, le dice que todo saldrá bien, que recuperarán sus tierras. Él asiente. La esperanza lo mantiene vivo.

A ella la comunidad no la conoce como Carolina, sino como Cayoya. Tiene 63 años. Es una mujer enérgica, por las mañanas cultiva y por las noches aprende a leer y escribir. También a ella le quemaron su casa en la margen derecha del río Papaloteca, donde antes vivían sus ancestros, en un territorio de 150 manzanas, sembradas de plátano, yuca y cacao.

 Jesús Flores ha recibido tres impactos de bala. El primero se remonta a enero de 2001, cuando miembros de la Fuerza Naval de Honduras, en los Cayos Cochinos, le dispararon por pescar supuestamente en una zona coralina protegida, en un archipiélago donde él capturaba langostas y peces desde que era un niño. 
Jesús Flores ha recibido tres impactos de bala. El primero se remonta a enero de 2001, cuando miembros de la Fuerza Naval de Honduras, en los Cayos Cochinos, le dispararon por pescar supuestamente en una zona coralina protegida, en un archipiélago donde él capturaba langostas y peces desde que era un niño. Fotografía: Dany Barrientos.

Cuando Jesús recibió los disparos, ella lo atendió. Eso fue el 26 de febrero de 2015, después que un grupo de desconocidos encapuchados y montados en caballos, los atacaron a balazos e incendiaron algunas casas del predio. En el territorio se encontraban 40 habitantes de Nueva Armenia, miembros de la OFRANEH. Algunos de ellos emigraron tras el incidente.

«La fiscalía ordenó que se pagaran los daños, pero no hemos recibido nada. Más bien nos demandaron a 82 personas por supuestamente usurpar las tierras, las nuestras. Nos dijeron que el 24 de abril nos iban a dar las cartas de libertad, pero seguimos esperándolas», comenta Carolina Castillo, quien aduce que a ella los invasores le ofrecieron 200 mil lempiras (poco menos de 7 mil dólares) para abandonar el proceso de recuperación.

Según la OFRANEH, detrás de los sicarios hay intereses de latifundistas, palmeros y supuestos narcotraficantes. «Esa gente tienen un gran poder, están fuertemente armados», expresó Alfredo López, vicepresidente de esta organización y corresponsal de Radio Progreso en la zona.

Un comunicado de la OFRANEH explica que el delta del Papaloteca y sus tierras aledañas, fueron utilizadas durante años como pistas clandestinas de aterrizaje, bajo el registro de una compañía dedicada a la siembra de palma africana, pero las denuncias fueron obviadas.

La mañana que hirieron a Jesús, no era el primer intento de desalojo. El 8 de agosto de 2014 ardieron sus viviendas y cultivos de subsistencia. Ese día fueron detenidos 11 garífunas por agentes de la Policía Municipal de Jutiapa, autoridades que supuestamente fueron los responsables de quemar las cabañas. El suceso también se repitió en los primeros días de octubre de ese mismo año, por hombres que alegaron haber sido enviados por el «propietario» de las tierras en cuestión. En total, han quemado 76 casas de los garífunas.

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Para los pobladores, el predio en disputa, ha sido apropiado por personas asociadas con el crimen organizado, «con la protección de la municipalidad de Jutiapa, se pasa mucha droga por esta zona», explica Cayoya, madre de siete hijos y quien, por varios años, ha tenido que firmar todos los viernes un libro en los juzgados del municipio. Fotografía: Dany Barrientos.

Para los pobladores, este predio, bautizado bajo el nombre de África, ha sido apropiado por personas asociadas con el crimen organizado, «con la protección de la municipalidad de Jutiapa, se pasa mucha droga por esta zona», explica Cayoya, madre de siete hijos y quien, por varios años, ha tenido que firmar todos los viernes un libro en los juzgados del municipio.

Carolina y Jesús destacan la articulación garífuna en los procesos de recuperación de sus tierras y de otros grupos étnicos. «Cuando mataron a Berta Cáceres, nosotros fuimos los primeros en acompañar al pueblo lenca; también cuando secuestraron a Miriam Miranda y a los demás pobladores de Vallecito, ahí estuvimos, resguardando lo que nos pertenece», añade Carolina.

En Nueva Armenia los garífunas creen que sembrando solidaridad con otros pueblos pueden cosechar también solidaridad para con ellos. Saben que la defensa y conquista de sus derechos territoriales debe ser un compromiso nacional y fraterno. Ellos no piden, reclaman.

El 8 de agosto de 2014 ardieron sus viviendas y cultivos de subsistencia. Ese día fueron detenidos 11 garífunas por agentes de la Policía Municipal de Jutiapa, autoridades que supuestamente fueron los responsables de quemar las cabañas. El suceso también se repitió en los primeros días de octubre de ese mismo año, por hombres que alegaron haber sido enviados por el «propietario» de las tierras en cuestión. En total, han quemado 76 casas de los garífunas.
El 8 de agosto de 2014 ardieron sus viviendas y cultivos de subsistencia. Ese día fueron detenidos 11 garífunas por agentes de la Policía Municipal de Jutiapa, autoridades que supuestamente fueron los responsables de quemar las cabañas. El suceso también se repitió en los primeros días de octubre de ese mismo año, por hombres que alegaron haber sido enviados por el «propietario» de las tierras en cuestión. En total, han quemado 76 casas de los garífunas. Fotografía: Dany Barrientos.

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“LA PRESENTE PUBLICACIÓN HA SIDO ELABORADA CON LA ASISTENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA. EL CONTENIDO DE LA MISMA ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ORGANIZACIONES QUE CONFORMAN LA CAMPAÑA DEFENSORAS DE LA MADRE TIERRA, Y EN NINGÚN CASO DEBE CONSIDERARSE QUE RE EJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UNIÓN EUROPEA”
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN: ARIEL TORRES FUNES
FOTOGRAFÍAS: DANY BARRIENTOS
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: BRICELDA CONTRERAS TORRES
ESTA PUBLICACIÓN PUEDE SER UTILIZADA LIBREMENTE PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA Y CAMPAÑAS ASÍ COMO EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y DE LA INVESTIGACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SE INDIQUE LA FUENTE DE FORMA COMPLETA.
OCTUBRE, 2016.

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