Este jueves, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos anunciaron que revocará las visas a los funcionarios hondureños corruptos y a sus familiares. En las próximas tres semanas se conocerán los nombres de los funcionarios desvisados.
“Quiero dejar claro que los líderes y exlíderes corruptos del hemisferio necesitan tomar nota que seremos mucho más agresivos en el uso de visas en las semanas y meses siguientes. Los nombraremos y los expondremos públicamente. No más viajes de compras, ni viajes a Disney para líderes corruptos y sus comunidades lo sabrán, no más oportunidades para estudios prestigiosos en EEUU para sus familiares y otros miembros cercanos que se benefician de dineros robados de las arcas públicas”, subrayó Patrick Ventrell, director de la Oficina de Programas para el Hemisferio Occidental Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación en conferencia de prensa telefónica.
Las acciones de alto impacto en contra de la corrupción en el país han sido generadas por los Estados Unidos, esto por la deficiencia del sistema de administración de justicia penal que no “pudo si quiera levantar una investigación seria, responsable, apegada a la Constitución, a las leyes y al debido proceso contra el hermano del Presidente de la República” dice el abogado penalista, Josué Murillo.
El abogado también compara el caso de Fabio Lobo, hijo del expresidente, Porfirio Lobo Sosa, quién fue condenado en los Estados Unidos.
Las medidas de desvisar a las personas acusadas de corrupción y a sus familiares, dice el abogado es una medida de presión para que el gobierno de Honduras se entere de que ese gobierno (Estados Unidos) tiene su mirada puesta en la negligente actitud u omisión de el gobierno de Honduras.
Para el abogado Josué Murillo este es un acto de sanción moral y simbólico de desvisarlos, pero también es un mensaje para las personas involucradas en actos de corrupción.
El abogado también considera que la renovación de la MACCIH es fundamental y debe fortalecerse porque el “andamiaje de justicia penal no va a cumplir con su función”. También se muestra en contra de que sean los diputados los encargados de evaluar un órgano internacional eminentemente técnico porque la decisión va a ser de carácter político.
