… Por Gloria Rodríguez//
Corría el año de 1998. Yo tenía 26 años, una niña de 18 meses, una relación tambaleante y una mamá peleando contra el cáncer, cuando una regla más dolorosa y abundante de lo normal me llevó al médico. Después de dos horas sentada en una sala de urgencias, supe lo que sienten millones de mujeres en los países de nuestra Centroamérica al someterse al escarnio público en que se convierte el interrogatorio médico cuando una llega a un centro de salud con un aborto en proceso o incompleto.
─«¿De cuántas semanas estás?», fue la primera pregunta que espetó el médico de turno. No hubo forma de que el galeno entendiera con una primera, ni segunda explicación, que no sabía que estaba embarazada, y que tampoco había tomado nada para inducirme un aborto.
─«¿Cómo no vas a saber si estabas embarazada? ¿Que no decís que ni te acordás cuando fue tu última regla? ¿Mejor decime qué tomaste o qué te metiste, para que podamos ayudarte?», insistió una y otra vez. Fue en vano explicarle que con una niña pequeña, estudiando, trabajando y con el drama familiar que me rodeaba, es posible que a una se le olvide cuando tuvo su período; y que, probablemente por esas mismas causas, sufriera un aborto espontáneo como le sucede a miles de mujeres alrededor del mundo (que en muchos casos ni siquiera llegan a enterarse de ello).
Nunca supe si el interrogatorio cesó porque se dieron cuenta que yo era periodista, o porque llegó una enfermera que me reconoció como familiar de un empleado de ese centro asistencial. Fui afortunada, en mi expediente quedó consignado que ingresaba por un legrado consecuencia del crecimiento anormal del endometrio y nunca tuve que afrontar ningún proceso legal por este hecho.
Reconociendo la diferencia entre el aborto espontáneo y el aborto inducido, es importante recalcar que en El Salvador, al igual que en muchos países de América Latina, incluido Honduras, el aborto inducido está penalizado, sin importar su naturaleza, desde 1998, y se castiga con dos a ocho años de cárcel. Sin embargo, desde 1999 las penas pueden elevarse hasta los 50 años, pues las presiones de las organizaciones religiosas, principalmente las católicas más fundamentalistas, lograron pasar una reforma constitucional donde se reconoce como persona «a todo ser humano desde el instante de la concepción». Con esta reforma, la Fiscalía General salvadoreña tiene la obligación de tipificar cualquier interrupción del embarazo como «homicidio agravado» por la relación familiar existente, delito que contempla penas de 30 a 50 años de prisión.
Lea más sobre el aborto en El Salvado dando click en este enlace:
«Sala Constitucional rechaza aborto en caso «Beatriz» en El Salvador»
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador rechazó el pasado mes de mayo el recurso de amparo presentado por «Beatriz» —nombre supuesto—, fuertemente presionada y manipulada por el lobby abortista en el país, para que se le practique un aborto «terapéutico».
En la actualidad hay 16 salvadoreñas presas por complicaciones relacionadas con el embarazo a la espera de ser indultadas por un Gobierno ostentando por el partido formado por la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, el que, a pesar de su discurso liberal en muchas temáticas, no da visos de querer impulsar ninguna reforma que flexibilice el marco jurídico relativo al aborto. Así mismo, en Nicaragua, que es gobernado desde 2007 por un partido político nacido de un movimiento revolucionario, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, tampoco pretende flexibilizar su legislación en torno al aborto, el cual, al igual que en Honduras y El Salvador, está penalizado en todos los casos.
Durante mucho tiempo pasé sin contar este episodio, pues con sólo mencionar la palabra «aborto» las miradas se vuelven inquisidoras y demandan, por lo menos, una breve aclaración. No puedo ni imaginarme el drama que pasó Guadalupe, la única salvadoreña que ha sido indultada hasta la fecha por este delito. Ella tenía 18 años cuando pasó del hospital a la cárcel por haber sufrido complicaciones que le impidieron llevar a término un embarazo producto de una violación.
En Honduras, la situación es bastante similar a la de El Salvador y Nicaragua. Desde 1997 se derogaron los artículos que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas, por lo que ahora, quienes son acusadas por este delito enfrentan penas de entre 3 y 6 años de cárcel. Además, en mayo de 2009, días antes de su defenestración, el Presidente José Manuel Zelaya Rosales finalmente cedió a la presión de diversos grupos religiosos y vetó el decreto de Prohibición y Penalización de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia (PAE), lo que además impide a las víctimas de delitos sexuales la posibilidad de prevenir un embarazo.
En un país donde en promedio se reportan más de 2500 violaciones al año, y se estima un subregistro de un 50%, la criminalización del uso de las PAE sólo deja a las víctimas dos caminos: uno, la revictimización que conlleva un embarazo producto del abuso; y dos, la realización de un aborto en condiciones inseguras, con los riesgos físicos y mentales que ello representa.
En América Latina, junto con Honduras, El Salvador y Nicaragua, solamente Chile ─uno de los países más conservadores de América─ tiene un marco jurídico tan severo en relación al aborto. Incluso en Costa Rica ─único país del istmo en el que se establece, vía Constitución, que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana, y se le otorga poderes para participar en los temas relativos a la sexualidad y la reproducción─, es permitido el aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida y salud de la madre.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que anualmente se realizan 22 millones de abortos en forma insegura alrededor del mundo ─3.7 millones sólo en América Latina─, ocasionando la muerte de unas 47 mil mujeres, y discapacidades en otros 5 millones. Sin embargo, estas alarmantes cifras no han sido suficientes para que los países de la región permitan un debate abierto y pluralista que allane la flexibilización de sus legalizaciones. Tampoco ha sido suficiente que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud coinciden en estimar que anualmente dan a luz 2.8 millones de niñas de entre 15 y 19 años; siendo Nicaragua en primer lugar y Honduras en segundo los países que reportan mayores cifras de embarazos en adolescentes. Estas organizaciones también han señalado que las niñas con embarazos tempranos comparten entre sí un nivel socioeconómico y educativo bajo y, en su mayoría, son de zonas rurales.
Habrán posiciones a favor y habrán posiciones en contra sobre este tema, y es posible que una misma persona cambie su posición en algún momento de su vida, como sucede con todos los debates ético-morales, cuanto más cercana sea su relación con la involucrada.
No obstante, en países como los nuestros, donde la educación sexual sigue siendo un tema pendiente ─la religiosidad todavía no permite un abordaje directo en las escuelas─, postergar la discusión sobre el aborto y mantener un esquema legal tan rígido sobre su práctica, es seguir condenando a la pobreza, a la muerte o a la mutilación a cientos de niñas y adolescentes.
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Gloria Rodríguez es periodista con doce años de experiencia, especialista en comunicación corporativa, colaboradora de la Revista Factum.
