El 16 de julio del año anterior, un Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, estableció y ordenó al presidente Donald Trump, desbloquear a los usuarios que este tenía bloqueados en su cuenta de twitter por escribir comentarios en contra de su gobierno.
Esta decisión ratificaba lo ya determinado, en el año 2008, por la jueza Reice Buchwald, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York quien dijo que “bloquear a los demandantes por sus opiniones políticas supone una forma de discriminación”.
En Honduras, revisando las cuentas de redes sociales (Twitter y Facebook) del presidente Juan Orlando Hernández, y de otros políticos de mayor aceptación social, encontramos que, en la cuenta de Hernández, prácticamente es imposible encontrar un comentario en contra de su gobierno, cuando se conoce que ha sido uno de los presidentes con mayor oposición en la historia de Honduras.
Muchos denuncian esta situación a través de sus perfiles, luego de que desean comentar o reaccionar a publicaciones hechas por Hernández y la sorpresa es que han sido “bloqueados”.
Para el director de la Carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Noé Leiva, el derecho tiene un límite y ese límite se da cuando afecta a otros por lo que “el presidente puede bloquear a cualquier usuario, ya que es algo personal, pero hace ver que el derecho a la libre expresión se vea afectado” al no permitirle a los demás expresarse en contra.
En Honduras la ley no establece que exista una restricción para que funcionarios públicos o aquellos que deben responder por sus acciones ante la palestra pública cuarten el derecho de la libre expresión y opinión a través de las redes sociales bloqueando a usuarios.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión e incluye el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
En base a esto y siendo Honduras un país signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se debería de obligar, así como lo sucedido con Trump, a que cualquier funcionario público NO bloquee de manera temporal o permanente a cualquier persona que esté en contra de las acciones o funciones que realicen.
¿Es legal o no la acción de bloquear usuarios por parte de instituciones del Estado?
Consultamos al abogado, Carlos Chajtur, y explicó que en Honduras no hay una legislación que especifique un delito o falta al derecho a la libre opinión y expresión por medio de las redes sociales y comentó que él también se encuentra bloqueado por los comentarios en contra del gobierno actual.
“Yo soy un crítico en las redes sociales, igual que otros, de la actividad del gobierno en aquellas cosas que están haciendo mal y también he sido bloqueado”.
“Con redes sociales ocurre un fenómeno, lastimosamente la página, el propietario es quien la crea y él puede recibir o no recibir invitaciones, aceptar o no invitaciones, recibir o no comentarios; Si bien no es ilegal, deja mucho que desear por parte de un gobierno que cuarta la libertad de expresión del pueblo hondureño que tiene todo el derecho de manifestarle su descontento en las diferentes páginas sean estas de Casa Presidencial o de cualquier institución del gobierno”.
“El pueblo hondureño tiene el derecho de manifestarse, el derecho de denunciar lo que no es correcto y sin embargo vemos un gobierno intolerante, que no acepta críticas, que quiere venderle un engaño al pueblo dando a conocer como que todo en honduras está bien”.
“No se puede tomar una acción en contra, las leyes hondureñas no establecen que sea una limitación a la libertad de expresión poder comentar en un perfil; Igual en mi perfil yo puedo limitar la participación de alguien, o no, pero viniendo del Estado hondureño no debe de venir estas cosas” dijo Chajtur.
Precedentes negativos de Juan Orlando Hernández en Facebook
En los primeros días de agosto del año 2019, Facebook.Inc anunció que se había cerrado más de 1,400 cuentas, grupos y páginas falsas provenientes de Honduras como una medida para disminuir la propaganda política engañosa.
Facebook catalogó como “comportamiento falso coordinado” y además constató que de alguna forma estas cuentas estaban enlazadas con personas que manejan las redes sociales del gobierno.
Para la directora del Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), Amando Ponce, los delitos relaciones con aspectos digitales no están regulados y señaló que no existe regulación por hackeo, regulación por bloqueo, “no existe ningún tipo de regulación en este momento”.
Sin embargo, cuando se bloquea personas en las redes sociales de un funcionario público o institución del Estado “significa una agresión a la libertad de expresión; es una agresión importante. Sabemos que a nivel de espacios digitales existe un gran movimiento que ha permitido a la ciudadanía encontrar la información relacionada con temas de su interés” dijo Ponce.
También manifestó que en años anteriores se ha encontrado el uso de herramientas digitales para monitorear defensores de derechos humanos, periodistas, activistas de la oposición “entonces sabemos que a nivel de espacios digitales existe un gran interés del gobierno hondureño de bloquear la información”.
Un funcionario público está obligado a rendir información de todo lo concerniente en la administración pública, sobretodo el presidente de una nación.
Es claro que se cuarta el derecho a la libre opinión a todos aquellos que, por pensar diferente a las acciones emprendidas por un gobierno, terminan siendo bloqueados en las redes sociales de instituciones o funcionarios del Estado.
Por: Asael Barahona
