A pesar de haber regresado a sus labores, médicos y maestros representados en la Plataforma por la Salud y la Educación no se han integrado a la mesa de diálogo con el Gobierno y a través de redes sociales han presentado estas condiciones para hacerlo.
El retiro inmediato de tropas militares en las comunidades de Pajuiles y Guadalupe Carney, ambas en la costa norte, en estos lugares fue donde se dieron algunos de los enfrentamientos más fuertes, sobre todo en Carney donde se quemaron varios contenedores que contenían banano. Los pobladores han denunciado que son víctimas de persecución por parte de militares.
Que no existan represalias para quienes participaron en las protestas, medios de comunicación presentaron supuestas listas de maestros que serían sancionados por haberse ausentado de sus labores, también médicos, como Suyapa Figueroa, han denunciado amenazas a muerte.
Exigen que el diálogo debe estar integrado por todas las organizaciones representadas en la plataforma, en las mesas actuales no hay representación de la plataforma, sino que se integraron los representantes del magisterio a quienes sus bases han desconocido y hasta acusado de traición.
Una resolución objetiva y apegada a derecho para el joven Ronmel Valdemar herrera resolución objetiva, quien presuntamente quemó llantas en la puerta de la Embajada Americana y enfrenta cargos por daño agravado e incendio.
Para garantizar la transparencia del proceso, que el diálogo sea transmitido en vivo por medios de comunicación.
Una investigación objetiva e imparcial a todas las violaciones de derechos humanos y presuntas muertes provocadas por policías y militares en el marco de las propuestas.
Que el mediador del diálogo sea un extranjero con experiencia en políticas públicas y sin compromisos con el actual Gobierno.
Que antes de ser disueltas, las juntas interventoras de salud y educación presenten un informe detallando todas las acciones que realizaron en su gestión, sobre todo de los contratos firmados bajo la declaración del estado de emergencia.
Finalmente, el reintegro de los empleados despedidos bajo el mando de los decretos presidenciales con el reconocimiento de todos los derechos laborales y patrimoniales.