En diciembre de este año se cumple el período de ejercicio para los tres magistrados del Tribunal Superior de Cuentas: Miguel Ángel Mejía, actual presidente del tribunal y propuesto en 2009 por la corriente liberal del presidente de facto Roberto Micheletti Bain, Jorge Bográn Rivera, que asumía en representación del partido satélite Democracia Cristiana, y Daysi Oseguera de Anchecta, mujer de confianza y pieza clave del Partido Nacional. El Congreso Nacional de Honduras, poder del estado encargado de elegir a los magistrados, ya puso en marcha el proceso, al nominar el 21 de septiembre la Comisión Legislativa de Audiencias que está encargada de desarrollar todas las actividades que desemboquen en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Esta comisión está conformada por los diputados Mario Alonso Pérez (PN), secretario del Congreso Nacional y presidente de esta comisión, Carmen Esperanza Rivera (PN), Welsy Milena Vásquez (PN), Delia Beatriz Valle (LIBRE), Francisco Paz (LIBRE), José Alfredo Saavedra (PL), Víctor Sabillón (PL), Hugo Hernández (PL), Marlene Alvarenga (PAC), Doris Gutiérrez (PINU), Augusto Cruz Asensio (DC/Vamos), Edwin Pavón (UD) y Ana Joselina Fortín (independiente).
El 29 de septiembre del presente año, la comisión aprobó –por unanimidad– el reglamento para la ejecución de las audiencias, y también un cronograma de actividades, en el que se detalla que las postulaciones serán recibidas del 4 al 17 de octubre de este año. Una vez concluidas las postulaciones, la comisión evaluará los dossiers de los postulantes del 18 al 20 de octubre, de donde saldrán seleccionados al menos 10 candidatos a magistrados, quienes el 7 y 8 de noviembre serán sometidos a audiencias públicas donde comparecerán frente a la comisión en entrevistas individuales de al menos 30 minutos por candidato. Según lo establecido en el reglamento de la comisión, los representantes de medios de comunicación, sociedad civil y demás sectores pueden formular preguntas para los candidatos, siempre y cuando estas sean entregadas con antelación al presidente de la comisión, el diputado Mario Pérez.
Al finalizar esta etapa del proceso, la comisión procederá a la etapa de evaluación, donde el criterio de referencia estipulado en el reglamento aprobado por unanimidad está detallado de la siguiente manera: 40% por evaluación curricular, 30% por el desempeño en la entrevista y 30% por idoneidad para el cargo.
Dentro del reglamento, y también mencionado dentro de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, se establecen los requisitos para poder participar del proceso para ser electo como magistrado: ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años, en el ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y de notable buena conducta y poseer título universitario en las áreas de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y financieras. En el dossier que evaluarán preliminarmente los miembros de la comisión especial del Congreso Nacional deberán incluirse los documentos que certifiquen la validez de los requisitos anteriormente descritos.
Desde el principio, el proceso se cierne sobre requisitos que oscilan entre simplicidades concretas, como la nacionalidad, el rango de edad y el título universitario (que no asciende ni si quiera a una maestría en los respectivos campos enlistados) y amplias subjetividades, como la reconocida honradez y la buena conducta, dejando un espacio excesivamente abierto que permite que cualquier individuo cumpliendo con el mínimo de estos requisitos se convierta formalmente en postulante a dirigir la única institución contralora de las finanzas del país. Esto, sin duda, puede ser utilizado con el fin de ubicar en tal posición a títeres de cualquier poder fáctico en el país y de esa forma obtener tratos especiales, desde la ceguera voluntaria de la institución en comportamientos financieros irregulares de empresas, municipalidades y otros, hasta emplear los recursos de investigación y prosecución del TSC como herramienta para perseguir y anular enemigos comerciales, políticos y de cualquier otra índole.
Luego, es importante considerar el bagaje que heredarán los futuros electos de los actuales magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Desde diciembre del 2009, cuando los actuales magistrados tomaron el poder una vez llevadas a cabo las elecciones generales que colocarían a Porfirio Lobo Sosa en la silla presidencial y consolidarían el poder nacionalista en el Congreso Nacional, Honduras se ha visto sacudida por casos de corrupción de una magnitud nunca antes experimentada por el pueblo hondureño. Uno de esos casos es lo que concierne al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que fue sistemáticamente saqueado durante la administración de Lobo Sosa y los primeros cuatro años de ejercicio de Oseguera de Anchecta, Mejía y Bográn. Dentro de esos años, el TSC elaboró informes respecto al caso de la compra de ambulancias para el IHSS y realizó al menos dos auditorías a toda la gestión administrativa del IHSS, sin detectar ningún indicio del desfalco que provocaría, en 2015, amplios movimientos sociales exigiendo el esclarecimiento de estos casos. Aumentos de sueldos, viáticos a manos llenas y largos períodos de viajes por el extranjero fueron también práctica habitual de magistrados en estos siete años de ejercicio.
Por último, es pertinente considerar el órgano encargado de designar a los magistrados: el Congreso Nacional, o de manera más específica, la Comisión Especial de Audiencias. El nombramiento de los comisionados, comunicado por la primera vicepresidenta del congreso, la diputada nacionalista Gladys Aurora López, nos permite observar unas proporciones interesantes en los diputados seleccionados. Los diputados Augusto Cruz Asensio, electo por la Democracia Cristiana, y Edwin Pavón, de Unificación Democrática, han tenido un record, en lo que va de este período presidencial, de apoyar en sus intervenciones la línea marcada por el Partido Nacional. Los nombrados por el Partido Liberal, José Alfredo Saavedra, Víctor Sabillón y Hugo Hernández, no son extraños a las negociaciones entre partidos tradicionales, como lo reflejó el abandono por parte de los liberales de la Junta Directiva del Congreso Nacional en la primera legislatura, o la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros. El caso de la diputada Ana Joselina Fortín, quien recientemente renunciara al partido que la colocó en su curul, es uno que deja mucha expectativa en este contexto, principalmente cuando en el comunicado que hizo la diputada anunciando su renuncia consideró apropiado mencionar que su familia ha sido siempre de afiliación nacionalista. De manera que la proporción de influencia del partido de gobierno en la comisión encargada de elegir los nuevos magistrados del TSC es, desde ya, desproporcionadamente superior a la de cualquier otro partido representado en el Congreso Nacional.
La conclusión, entonces, es que nos enfrentamos a un proceso que, si bien es cierto, está siendo presentado por el Congreso Nacional como un proceso limpio, transparente y abierto a la participación de todos los sectores de la sociedad, cuenta con fallas fundamentales que sin mucha dificultad podrían tergiversar el curso de las evaluaciones para favorecer intereses particulares. Al analizar el desempeño de los magistrados que están por culminar sus gestiones y los hechos suscitados en la anterior administración presidencial y en la actual, se vuelve más que evidente la necesidad de reformar los requisitos para las postulaciones para hacerlos más estrictos, concretos y claros. Asimismo, se revela la necesidad de establecer un contrapeso entre la relación desbalanceada que existe entre el Congreso Nacional como órgano elector y único auditor del Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Superior de Cuentas como institución contralora sometida a actividades clientelistas para el mismo Congreso Nacional con el fin de asegurar la elección de candidatos elevados por padrinos en cualquiera de las instituciones. Un tercer organismo participante que pudiese absorber la carga de la auditoría del tribunal y ejercer un veto sobre la elección que realice la comisión del Congreso Nacional garantizaría un mayor nivel de transparencia en el proceso y de probidad en los candidatos que resultasen electos.
