La abogada Rixi Romana Moncada es, sin lugar a duda, una de las abogadas más brillantes a nivel nacional y posiblemente una política a la cual habrá que prestarle atención para ver cómo avanza en las estructuras del poder.
Nacio en 1965. Graduada en la especialidad en Derecho Penal y Procesal Penal en la primera promoción en 2001, fue jueza y luego pasó a ser parte del equipo legal de Banhcreser.
Entre 1998 y 2003 BANCORP, Banco de Crédito y Seguros (BANHCRESER) y Banco Capital quebraron y el Estado hondureño se vio forzado a extender fideicomisos de miles de millones de lempiras para evitar un caos en la economía del país y reembolsar sus ahorros a los cuentahabientes.
Las quiebras fueron producidas por una crisis de liquidez en las instituciones provocada por la gran cantidad de préstamos al sistema productivo, que a su vez registró miles de millones en pérdidas por los daños de huracán Mitch, y no pudo retornar a los bancos los dineros prestados. Esa fue la primera causa de la crisis, pero no la más importante.
A ésta se sumaron la caída de los precios mundiales por la crisis económica mundial que se había propagado a Occidente desde Asia, los cambios de la Reforma financiera hondureña iniciada a principios de los 90 ́s como parte de los Acuerdos de Basilea; pero también la no fiscalización y regulación de las autoridades financieras, y la estafa de cientos de millones de lempiras cometidas por algunos accionistas.
Otra vez el Estado se vio obligado a liquidar los bancos, a desembolsar recursos, y a confiscar bienes y pertenencias de algunos accionistas. Los responsables de esa quiebra fueron: Carlos Chaín, Santos Reinaldo Casco Gómez, Nicolás Chaín, Antonio Kattán Kattán, Emín Abufele, Leonel Medrano, Caupolicán Zúñiga Maradiaga, Antonio Sansur Dacaret, Leonel Medrano y German Licona Vega.
El Ministerio Público interpuso acusación criminal contra esos directivos y administradores de Banhcreser, en virtud de haber sido declarada esa institución en liquidación forzosa en incurrir en algunos presupuestos tipificados como estafa. Entre estos destacan manejo irregular de los fondos de disponibilidad inmediata depositados en el HSBC Bank, por 3.7 millones de dólares (alrededor de 70 millones de lempiras); y el otorgamiento irregular de facilidades crediticias a las empresas relacionadas (propiedad de accionistas del banco) mediante la apertura de sobregiros habiendo excedido del límite legal establecido para operaciones con partes relacionadas.
Moncada fue la asesora legal que llevó a cargo la defensa de la causa de Banhcreser en los juzgados capitalinos, que terminó como todos los caso de quiebra bancos a inicios de los noventa, en la impunidad.
Luego de liquidarse Banhcreser, la abogada Rixi Moncada inicia su labor, en lo que se puede calificar como “Puerta Giratoria”, como asesora en el Ministerio Público en temas financieros.
‘Revolving door’ (puerta giratoria, en inglés) es el término anglosajón que se utiliza para definir el paso de muchos políticos al sector privado, en empresas relacionadas con su anterior gestión pública, y al revés.
En el caso de Rixi Moncada, pasó de formar parte del equipo de abogados que defendía a los acusados de quiebra bancos a ser asesora legal en el tema, desde el ministerio público.
Siendo ella quien encaminó las investigaciones que sobreseyeron a los poderosos implicados en la quiebra de bancos, tiene por lo menos un evidente conflicto de interés.
Para 2006, su esposo, Enrique Arias, cercano al presidente Flores y muy bien posicionado en el Partido Liberal, logró negociar con la nueva administración para que Rixi Moncada fuera Ministra del Trabajo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Allí parte su carrera política.
En un inicio ella (como Enrique Flores Lanza) no formaba parte del círculo cercano de Manuel Zelaya. Flores Lanza era apenas un asesor legal de la presidencia. Pero ambos brillantes abogados fueron ganando la confianza del mandatario en la medida daban soluciones a los retos legales que la administración iba enfrentando, de cara al proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. Se le vinculo entonces con Los Patricios.
Según el vicepresidente designado de Manuel Zelaya, Arístides Mejía, los Patricios no eran un grupo homogéneo.
«Lo que se llamó Patricios en realidad es un grupo heterogéneo, de gente que fue amiga en el pasado por cuestiones de Partido o por cuestiones de la Universidad, de diferentes ideologías y que ayudaron a Mel al llegar al poder; porque Mel, inteligentemente se hizo rodear con personas con fuerte personalidad y alguna formación intelectual. Ese grupo entró al inicio en posiciones de gobierno. Habían contradicciones, porque además la forma de gobernar de Mel era de no permitir que se hicieran islas de poder o grupos y para eso no dudaba en recurrir a la intriga, para que las personas de un grupo como ese estuvieran siempre enfrentadas unas con otras».
Según el sociólogo Mario Memmbreño, a los Patricios se les «podría considerarse un primer círculo de influencia de Zelaya Rosales y junto a ellos un grupo que lo acompañó en la administración del Estado».
El 31 de diciembre de 2006, el gerente de la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Juan Bendeck, renunció a su cargo de manera irrevocable, molesto porque Zelaya hizo pública, sin enviársela a él, una carta en la que le desautoriza para continuar con un proceso de licitación de 160 megavatios de energía térmica, por considerar que es una acción contraria a su propuesta de campaña.
La renuncia de Bendeck solo marcó el inicio de un vaivén de funcionarios en la administración Zelaya a su más alto nivel, la que cesó hasta lograr integrar a los principales cargos administrativos a sus amigos más cercanos.
Le siguió en la gerencia de la ENEE Leo Starkman (éste último señalado por tener una empresa que pirateaba llamadas), y Alpha Castillo, quien llegó al extremo de intervenir militarmente la empresa con el fin de controlar su gestión.
Finalmente y cuando el tema energético comenzaba a girar en torno a Venezuela, Manuel Zelaya nombró Rixi Moncada en la gerencia de la ENEE.
Su nombramiento fue duramente cuestionado debido a la profesión de ella (abogada) por carecer de los conocimientos técnicos necesarios para situarse a la cabeza de la misma.
Ya para entonces se hablaba de una trato de compra de búnquer para generación de energía eléctrica, directa entre la empresa que dirigía Moncada y la estatal venezolana PDVSA.
La abogada Moncada fue criticada también por haber contratado el alquiler de un edificio que pertenece a la familia Lefebvre, en la Residencial El Trapiche. De acuerdo con la información oficial, proporcionada por esa dependencia, el Estado erogaba más de 720 mil dólares al año, (unos 8 millones 640 mil lempiras en 2008) en concepto de alquiler.
Para la abogada Orestila Muñoz, jefe del Departamento de Servicios Generales durante la gerencia de Moncada, «ese gasto fue justificado porque es un beneficio para ellos como empleados y para la población que requiere de los servicios de la ENEE, ya que en local donde operaban, se encontraban en constante riesgo por las amenazas de los delincuentes».
Para eneros de 2009 el poder ejecutivo se enfrascó en una guerra sin tregua con el poder legislativo por lograr la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Mel quería a la esposa de Enrique Flores Lanza, Marlina Dubón, como presidenta de la Corte, algo a lo que se opuso Roberto Micheletti y la bancada liberal en el congreso. Al final Manuel Zelaya perdió esa batalla e inició lo que podríamos considerar, el camino al golpe de Estado.
Para febrero de ese año. Según análisis de coyuntura publicado por el FOSDEH, que dirige el que entonces era ministro de Gobernación, Víctor Meza, en su libro Diario de la conflictividad en Honduras: 2009-2015, la abogada Rixi Moncada aparecía como una posible candidata para ocupar la dirección del Ministerio Público.
«El Poder Ejecutivo, escaldado por las derrotas recientes, se muestra cada vez más cauteloso que de costumbre y no se atreve a mencionar los nombres de sus candidatos, aunque es un secreto a voces que los llamados “patricios” quieren imponer a uno de los suyos en tan importante cargo. Se mencionan los nombres de Milton Jiménez, el propio Enrique Flores, la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, o la misma Marlina Dubón, quien intentaría por segunda vez recolocarse en un puesto clave dentro del engranaje estatal».
Nuevamente el ejecutivo perdió esa batalla.
En julio de ese 2009, fue Rixi Moncada quién representó a Manuel Zelaya en los diálogos que se libraron en San José. Zelaya estaba en ese momento en Managua, preparando su caminata a Las Manos con la amenaza de entrar al país.
Por su vinculación en la Cuarta Urna, Moncada fue procesada por el Ministerio Público. El ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; la ex secretaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y del ministerio de Trabajo, Rixi Moncada; entre otros ex funcionarios llegaron al TSC para ofrecer testimonios, documentos e información acerca de sus gestiones en las diferentes secretarías en la administración Zelaya.
Rixi Moncada manifestó que «todo es parte de la conspiración y la criminal persecución del Tribunal de Cuentas, no como institución sino sus magistrados al más alto nivel y politizaron y se prestaron al juego del golpismo y los grupos que ejercen el poder de facto en este país».
Moncada relató que después de la crisis política de 2009, «se abrieron expedientes y están ahí, ahora nos están pidiendo cuentas y documentos que ni el ex presidente Zelaya y sus funcionarios pudimos ofrecerles al Tribunal porque fuimos sacados por la fuerza».
El 18 de diciembre de 2013, la DEI bloqueó más de 2,000 usuarios por problemas relacionados con el Tribunal Superior de Cuentas. Con esa disposición, Rixi Moncada no podía ejercer ciertos derechos ciudadanos, como el de abrir una cuenta de banco. En el sistema bancario apareceió una alerta por cargos políticos contra la abogada Rixi Moncada, lo que le impide abrir una cuenta bancaria en dólares.
La abogada Moncada entonces presentó recurso de amparo administrativo ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya que esas instituciones bancarias le negaron el derecho a abrir una cuenta de ahorro en dólares.
La abogada señala que en el oficio judicial presentado ante la sala de lo Constitucional, que las instituciones bancarias del sistema nacional no le permiten abrir cuentas bancarias en dólares, en violacio a sus derechos humanos, ya que está siendo víctima de discriminación.
Pero los escándalos que persiguen a la abogada Rixi Moncada no terminan allí. El 31 julio de 2018 la exgerente de la ENEE aceptó que firmó dos contratos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht, para construir las represas de Llanitos y Jicatuyo en la costa norte del país.
La constructora se vio envuelta en un escándalo de corrupción, a gran escala, luego de ser acusada de sobornar hasta presidentes de varios países latinoamericanos a cambio de la ejecución de proyectos.
Fue Adolfo Facussé, ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) quien denunció que el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) habría recibido 10 millones de dólares de Odebrecht.
Eso motivó que el ahora coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre)- tras rechazar la acusación- amenazara con demandar al empresario por difamación y calumnia.
En ese sentido, Moncada reiteró que «nuestra administración suscribió los contratos con Odebrecht para ejecutar las represas de Llanitos y Jicatuyo. Sin embargo, la dictadura “pos golpista” se encargó que no se materializaran las obras, lo interrumpieron dolosamente porque ese contrato era beneficioso para el país», señaló según consta en el reporte de prensa de la fecha.
Afirmó que eso le habría permitido al país conservar la propiedad y desarrollo de las represas Llanitos y Jicatuyo. Moncada se preguntó por qué la dictadura interrumpió la construcción de las represas y dieron paso a un montón de contratos de generación de carácter leonino y que hoy son impagables y que hoy mantienen a la ENEE con una deuda de 40,000 millones de lempiras.
«Yo firmé los contratos sanos, correctos y sobre los cuales pueden realizar todas las investigaciones que quieran», enfatizó.
A la fecha y luego de concluir la «insurrección legislativa» encabezada por Libre para nombrar a los representantes en las nuevas instituciones encargadas de vigilar el proceso electoral, previo incluso a la aprobación de un reglamento interno, la abogada Rixi Moncada parece ser la persona que cuidará la próxima victoria del presidente Zelaya. Nadie mejor que ella.
