Olivia Zúñiga Flores habló a nombre de la Alianza de los Derechos Humanos y denunció que quieren imponer una ley irregular de consulta libre, previa e informada que no garantiza la protección de la cultura, la vida espiritual, integridad y supervivencia económica de las comunidades indígenas. La política del gobierno para el desarrollo económico ha generado conflictividad socioambiental, estigmatización, criminalización y manipulación de los cabildos abiertos, lo que provoca daños irreparables a la salud y a la integridad de las comunidades indigenas.
La joven líder, hija de Berta Cáceres y Salvador Zúniga, demandó que cualquier decisión del gobierno que afecte jurídicamente, altere, reduzca o anule los derechos de los pueblos, debe realizarse mediante un proceso de consulta -con el consentimiento- de los pueblos indígenas. Manifestó que las organizaciones consideran que es contradictorio que se discuta y apruebe una ley de consulta libre, previa e informada, donde el objeto es la consulta y no cuenta con la participación de los pueblos, por lo que declaran que dicha ley carece de legitimidad y representatividad, porque los pueblos indígenas no han tenido acceso al proyecto de ley de consulta libre, previa e informada para hacer su análisis, discusión y observaciones. «El gobierno lo ha hecho por su cuenta en un claro retroceso y en una clara violación del derecho de autodeterminación de los pueblos e irrespeto a sus estructuras organizativas ancestrales», manifiesta Zúniga Cáceres, candidata a diputada por el partido Libre.
Las organizaciones rechazan la discusión y aprobación de una ley de consulta en la que no han sido consultados, han hecho un llamado a las ONG´s y al sector privado a desconocerla por ser ilegítima y excluyente, esto si el Congreso de la República aprueba dicha ley.
Rosario García, representante de la Organización Indígena Lenca ONIL.
Rosario García de la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONIL) explicó que desde el 17 de agosto del 2016 se constituyó la mesa sectorial de los pueblos Lencas. Desde entonces han estado de frente al proceso de la consulta, aclara que no están en contra pero no están de acuerdo con el mecanismo con el que se está ejecutando por considerarlo excluyente. También demandó que la consulta es obligación del gobierno desde 1995 cuando se ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El gobierno no puede alegar desconocimiento porque desde que el convenio entró en vigencia la consulta se convierte en obligatoriedad, así lo establece el artículo 6 del mismo convenio. El gobierno tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas con procedimientos apropiados cada vez que se promuevan figuras legislativas o leyes administrativas susceptibles que los afecten directamente (cabildo abierto). García expresó que la socialización no es una forma de consulta para los pueblos indígenas, la consulta debe llevar los más elementales principios de la democracia representativa y participativa que establece la Constitución de la República de Honduras.
Los Estados son responsables de garantizar la libertad e igualdad de derechos de los pueblos. La consulta mediante procedimientos apropiados y en particular a través de las organizaciones representativas, desde esta perspectiva, la propuesta de ley de Consulta de los Pueblos ha carecido de mecanismos y medios incluyentes que garanticen la participación de todas las organizaciones indígenas, han suplantado la representación de los pueblos, auto proclamándose representante de los 9 pueblos indígenas de Honduras, negando con ello la capacidad de organización para representar a sus propios pueblos, aseveró Rosario García, dirigente de ONIL.
Planteó que el pueblo Lenca no ha sido suficientemente informado del proceso, «porque si es una ley para nosotros debe ser consensuada y construida por nosotros, miembros de las organizaciones pero lo que percibimos es que estamos siendo excluidos del proceso».
La mesa de los sectores del pueblo Lenca con sus autoridades tradicionales y por el derecho a su gobernanza, posee la autoridad y autonomía para conducir los procesos de consulta, por el respeto a la autodeterminación de los pueblos unidos por la vida, por el agua, por el aire, por el fuego y por la tierra, dispuestos a defender nuestros derechos. Afirmamos que solo la conciencia de nuestro pueblo hará posible el logro de nuestros objetivos para la conservación de nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestras tierras, afirmó la dirigente.
Demandó además que se reforme el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental para que, previo a su aprobación, se hagan las consultas pertinentes a las organizaciones indígenas, porque en los territorios indígenas el impacto ambiental no está contemplado. Como pueblo lenca somos la salva guarda de nuestra Madre Tierra, ahí nacimos, crecimos y moriremos. dijo.
Martín Vásquez, dirigente de Milpa, departamento de La Paz.
Vasquez manifestó por su parte que hay instituciones del gobierno que violan los derechos de su pueblo, entre ellas: Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH), Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), que se han dedicado a usurpar funciones y promover enfrentamientos al interior de las organizaciones sectoriales Lencas, formando una supuesta confederación.
Denunció que el 30 de agosto el gobierno, empresa privada y ONG´s montaron un evento que fue diseñado, entre comillas, para «socializar la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada» en Tegucigalpa y para presentar el resultado al Congreso Nacional para su discusión, un derecho que es exclusivo de los pueblos indígenas y afrohondureños de acuerdo al convenio 169 de la OIT, por lo tanto la empresa privada no puede estar negociando y utilizando a los pueblos indígenas para sus propios intereses, porque desde 1995 existe la Ley de Consulta, no se justifica que hasta ahora la empresa privada quiera ayudar a los pueblos indígenas, la mesa sectorial advierte a los funcionarios que pueden ser judicializados por usurpación de funciones. No les corresponde ya que el derecho de decidir y cómo queremos vivir nos corresponde a los lencas.
La Consulta Libre, Previa e Informada debe ser para los pueblos indígenas y Afrohondureños, y ser socializada con los pueblos en el proceso de formulación, lo que significa que podrá llegar al Congreso Nacional hasta el 2018 pero, debe ser ampliamente discutida y aprobada por los afectados las comunidades indigenes, aclaró. Vásquez dijo a la represéntate de la OIT que las acciones del gobierno y la empresa privada son incorrectas, porque los desautorizaron a que sigan hablando de su Ley de Consulta, porque nosotros tenemos la última palabra. Reclamó a Marco Tulio Gonzáles de DINAFROH que no intervengan en asuntos del pueblo Lenca: “somos el pueblo más grande y nuestro pueblo no conoce dicha ley,” aseguró Martín Vasquez.
Vásquez solicitó al titular en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social Carlos Alberto Madero Erazo, no minimizar ni excluir el trabajo del pueblo Lenca, porque se han firmado acuerdos que no han cumplido por lo que deja mucho que desear de su desempeño. «Exigimos a las organizaciones afines desconocer las acciones de La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), y la Secretaría del Trabajo que hacen propuestas a nombre del pueblo Lenca, porque estas no tienen autorización, ya que pueden ser objeto de la campaña política utilizando el nombre de las organizaciones para determinado partido político,» manifestó, dirigiéndose a la comunidad nacional e internacional para denunciar que el gobierno de Honduras utiliza personas políticas para atropellar a los pueblos Lencas.
El dirigente campesino indígena concluyó manifestando su solidaridad con los y las defensores de Derechos Humanos que están siendo reprimidos, como Miriam Miranda y Jessica Sánchez.
