EL GRAN DISTRACTOR DEL TRIÁNGULO NORTE
Tegucigalpa, 31 de agosto.
Los gobiernos de los que conforman el triángulo norte de la región centroamericana, Guatemala, Honduras y El Salvador, aprobaron la semana pasada un plan regional de combate a las pandillas, complementario con los planes de la Alianza para la Prosperidad que impulsa en la región el gobierno de Estados Unidos.
«Hemos conjuntando esfuerzos como región para combatir el crimen transnacional y hay varios compromisos para comenzarlos a implementar a partir del mes de septiembre», declaró el pasado 22 de agosto el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cercén, luego de una reunión con su homólogo de Guatemala Jimmy Morales, según indica el diario La Prensa en su edición de 23 de agosto.
En ese sentido, el presidente Juan Orlando Hernández anunció esta semana, que por parte de Honduras ya adelantó «la orden para que inicie el despliegue de esta fuerza empezando a reconocer los sitios por donde pudiera haber algún nivel de riesgo o de repente sitios que podemos afianzar con este tipo de inteligencia», agregando además que «en el caso de la fuerza trinacional, no podrá pasar del mes de octubre, pues ese es el compromiso que hemos asumido».
Con esta acción los Estados centroamericanos inician una nueva etapa de persecución a las pandillas, que recuerda a las distintas estrategias de manos duras vividas en la región a principios de la década pasada que podemos definir como fracazadas, pues sólo logró estigmatizar a las pandillas en la opinión pública, colocándoles como un importante factor de inseguridad entre la población.
«En los últimos años, los gabinetes de seguridad y en particular los cuerpos policiales de los tres países de la región han insistido en atribuir a las pandillas la principal responsabilidad del incremento de la violencia de los últimos años, señalando en reiteradas oportunidades que éstos grupos son los responsables de más del 60 por ciento de los homicidios que ocurren en los respectivos países», indica Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de El Salvador en el estudio titulado «Las maras o pandillas juveniles en el triángulo norte de Centroamérica. Mitos y realidades sobre las pandillas y sus vínculos con el crimen».
Para la experta salvadoreña, durante el período de las manos duras, el Estado convirtió a los pandilleros en los emblemas de la violencia, en las principales amenazas a la seguridad, y focalizó la política de seguridad en función de su persecución selectiva.
«Los que hemos venido trabajando el tema, sabemos que en los últimos años ha aumentado de forma importante la participación de las pandillas en hechos delictivos, sobre todo en los homicidios y las extorsiones, pero aún con todo, están lejos de alcanzar esos niveles de responsabilidad criminal que se les atribuye», indica Aguilar en su estudio.
En el mismo tono analiza la problemática el sociólogo hondureño Tomás Andino Mencía en el artículo «Maras y violencia: estado del arte sobre maras y pandillas», publicado en abril de 2016, en el cual da constancia de la poca información científica que existe en la actualidad, que refleje la relación entre la violencia que vive la región y las pandillas.
«El último y meritorio estudio gubernamental hecho con fuentes primarias fue el diagnóstico “Situación de las Maras y Pandillas en Honduras” (2011) elaborado por el Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social de Maras y Pandillas (PNP), el cual a cinco años de su difusión, no ha sido actualizado debido a limitaciones presupuestarias del PNP», dice Andino, indicando que las estadísticas de violencia en el país muestran que el porcentaje de homicidios (para hablar solo de un tipo de violencia en el cual se centra siempre la prensa) en los que han participado las pandillas, son mucho menor a los cometidos por el crimen organizado.
«El año 2008 el crimen organizado aportó el 36.24% de las víctimas (el año de mayor contribución porcentual, su año más bajo fue 2013 con el 13.11% de los homicidios), mientras el aporte de las pandillas en el 2014 (el año de mayor aporte porcentual en homicidios) fue de 3.72% y en 2013 (el año de menor aporte de homicidios) fue de 1.05%». (Andino)
Según ese mismo estudio, el número de homicidios cometidos por pandilleros es menor al número de suicidios que se registran en el país. «(L)a cantidad de suicidios (en el país) es 3.75 veces mayor que las muertes que ocurren por motivo de pleito pandillero y de barras bravas».
No sucede lo mismo con las ejecuciones arbitrarias de «limpieza social» cometidas a jóvenes pandilleros como víctimas, que es diez veces mayor a la perpetrado por ellos como victimarios.
Según Andino, la información disponible en todo el país entre 2005 y 2014 indican que los homicidios cometidos por pandilleros correspondieron a 581 de un total de 51,643, el equivalente a 1.5% de los homicidios a nivel nacional; mientras las ejecuciones cometidas por escuadrones de limpieza social eliminando pandilleros, fue de 7,633 asesinatos, el equivalente al 14.8% del total.
«En otras palabras, la “medicina” que grupos de exterminio de pandilleros han practicado ilegalmente para supuestamente disminuir la violencia homicida en el país, ha resultado peor que la enfermedad pues multiplicó en diez veces los crímenes que presuntamente fueron cometidos por motivos de pandillas y de barras bravas. Sin embargo, mientras miles de pandilleros fueron exterminados y enviados a prisión, los autores materiales e intelectuales de la guerra sucia contra las pandillas, se desempeñan en la más completa impunidad», indica Tomas Andino.
De manera similar, en Guatemala y El Salvador, con diferentes niveles de visibilidad, están operando sicarios y grupos de limpieza social con un patrón similar de ejecución.
En la misma línea de Andino existe un informe de Amnistía Internacional sobre la situación de Honduras que señala que «en un porcentaje preocupante los asesinatos han sido cometidos por particulares, con un modus operando específicos: grupos de hombres y mujeres fuertementemente armados que se trasladan en carros con vidrios oscuros y sin matrícula, con la caras tapadas, a veces anunciando ser miembros de una banda enemiga a la de sus víctimas, y disparan a quemaropa a aquellos jóvenes que identifican como mareros».
«La posible participación de miembros de la policía en labores de exterminio complejiza aún más la impunidad existente y potencia el surgimiento de grupos de poder paralelo, está vez conformados por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que gozan de recursos y privilegios especiales, lo que eleva su nivel de amenaza y peligrosidad». —Indica Jeannette Aguilar, alertando que las evidencias encontradas en la región en torno a la participación de algunos miembros de la policía en labores de exterminio no apuntan a señalar que se trata de una política del Estado, sino de grupos o personas que operan al margen de la institucionalidad.
«La participación de algunos de sus agentes en este tipo de prácticas da cuenta de la debilidad institucional y es un indicador del fracaso de las falencias de los controles internos que toda policía debe tener en un estado democrático de derecho», agrega Aguilar y alerta que la actual retórica de los gobiernos culpabilizando a las pandillas del mayor porcentaje de criminalidad en la región, desvía la atención de la criminalidad que ejecuta el crimen organizado.
«Hay una retórica de las autoridades de seguridad dirigida a minimizar la presencia y el impacto de la criminalidad organizada en el país, lo que resulta verdaderamente sospechoso, sobre todo a la luz de un contexto regional caracterizado por una fuerte presencia de redes de criminalidad organizada transnacional», concluye la experta.
