Por José María Torrijos Legazpi, como parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas de Connectas.
¿Cómo se teje la impunidad? ¿Cómo se garantiza desde la Justicia, la injusticia? Falta de transparencia, tráfico de influencias, presiones políticas y económicas, conflictos de intereses y absoluta falta de controles. Radiografía de una causa judicial que desnuda instituciones débiles y un sistema que guste o no, ha sido construído para la corrupción.
Sobre Odebrecht y su red de sobornos en Panamá las evidencias sobran. Es decir: se puede afirmar que la empresa pagó sobornos en Panamá donde durante diez años consiguió contratos por casi 10 mil millones de dólares. Y si se puede hacer esta afirmación sin temor a equivocarse, ¿por qué no hay culpables?
Desde los detalles brindados en la investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se publicó en 2016 se habla de pagos de sobornos por $59 millones entre 2010 y 2014; hasta las delaciones de directivos de Odebrecht en Brasil que se filtraron en medios panameños (por ejemplo, la de Luis Antonio Mameri, ex súper intendente de la constructora para América Latina, aseguró que hubo pagos a Demetrio “Jimmy” Papadimitriu por $4 millones) o las delaciones que el Ministerio Público de Panamá acordó directamente con algunos representantes de la firma en el istmo (el exgerente André Rabello, tan solo por mencionar uno). Todo esto, pasando por declaraciones ante los medios de personajes relacionados al actual colectivo de gobierno (Ramón Fonseca Mora) o de extrabajadores de Odebrecht (Rodrigo Tacla Durán), que vinculaban al partido del actual mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, con dineros de Odebrecht. Sin embargo, la reacción de la justicia ha sido más que lenta, encubridora.
Por razones similares, en Brasil se abrió una megacausa conocida bajo el nombre LavaJato que fue, en sí misma, la caja de pandora. Se realizaron delaciones con más de un centenar de directivos de la compañía, incluyendo al propio Norberto Odebrecht, muchas de las cuales se han publicado; se multó a la compañía, y se ha detenido a un sinnúmero de funcionarios y políticos, entre ellos, el expresidente del senado, Eduardo Cunha. Inclusive, Lula Da Silva, Dilma Rousseff, y el propio presidente Michel Temer son investigados por una posible relación con los sobornos.
En República Dominicana, Guatemala, Colombia, Perú, y Ecuador ha habido investigaciones y pesquisas que han alcanzado a figuras de todo nivel: En Colombia, por ejemplo, el proceso a Odebrecht salpicó al expresidente Juan Manuel Santos, a quien se le señaló de recibir dinero sucio en su campaña reeleccionista; en Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas fue separado de su cargo y condenado por corrupción; en Perú, se investiga a los expresidentes Ollanta Humala, quien estuvo detenido preventivamente al igual que su esposa, y Alejandro Toledo, a quien se le considera prófugo de la justicia.
En Panamá en cambio, lo que hay es silencio. Un silencio ensordecedor. Por decisión de las autoridades, y con la excusa de no querer anular el proceso, se mantienen en secreto los avances –si es que los hay–, las declaraciones de los delatores, los nombres de los vinculados, o los resultados de las averiguaciones. Así, cada día la percepción de que no habrá justicia se vuelve más irrefutable.
Luego de 10 años, tres presidentes y 10 mil millones, parece ser que aquí no ha pasado nada. Odebrecht sigue a cargo de las obras más importantes del Estado –Nueva línea del Metro y renovación urbana de Colón– y, cómo si fuera poco, vuelve a licitar las nuevas obras.
Recién en setiembre de 2015 se abrió una causa judicial en Panamá, aunque ya seis meses antes –marzo 2015– había solicitudes de información por parte de Brasil que hacía señalamientos al modus operandi de la constructora. Solicitudes de información que, al menos hasta ese momento, no habían sido atendidas por los investigadores istmeños.
A partir de ahí, comenzaron las indagatorias, se siguió la ruta del dinero, aumentaron los acuerdos de intercambio de información y los viajes a países como Brasil y España, entre muchas otras cosas. Todo con la promesa de que esta vez si, no habría impunidad y se llegaría a los culpables.
Y pasó el 2016 en medio de reuniones, indagatorias, y publicaciones filtradas con información del extranjero. En tierras canaleras transcurría el tiempo y no había imputaciones ni levantamientos de cargos. Salvo unos cuantos peces pequeños a los que se les dictó detención preventiva –como Carlos Ho, exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, o Riccardo Francolini, exdirectivo de la Caja de Ahorros, solo por mencionar algunos–, eran muy pocos los que pisaban una cárcel por su vinculación con la trama corrupta de la constructora brasileña.
Mientras el Ministerio Público parecía incapaz de mostrar avances, la historia seguía viva por obra y gracia de las revelaciones en el exterior que no podían ser aquí silenciadas. Como Suiza, por ejemplo, donde se acusó a Ricardo y Luis Alberto Martinelli Linares, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli y Marta Linares, de soborno de funcionarios extranjeros y blanqueo de capitales.
Hasta que finalmente el sistema mostró a la luz del día la forma del monstruo que en realidad es el Órgano Judicial: todos los actores se confabularon para detener los procesos.
La causa eterna
Los tiempos judiciales corrían y el Ministerio Público aún no llegaba al meollo del asunto. Las investigaciones se complicaban y la colaboración, lo advertía la propia Kenia Porcell, era poca. Los bancos, por ejemplo, grandes involucrados en el supuesto lavado de dinero y pago de sobornos, no ponían de su parte, decía la Procuradora, lo cual demoraba las averiguaciones. Ni que hablar de los estudios de abogados que habían creado los andamiajes legales para la corrupción. Todos juntos y unidos, luchaban para enterrar la causa. Políticos, banqueros, abogados y funcionarios judiciales sin capacidad propia para la independencia generaban la sensación de impunidad.
Los abogados de los investigados, por otro lado, aprovechaban las dudas para interponer todo tipo de recursos (habeas corpus y cuanto estuviera a su alcance) con tal de dilatar el proceso. La Corte Suprema de Justicia, encargada de resolver los amparos de garantías constitucionales, por su parte, se tomaba demasiado tiempo para emitir sus fallos y frenaban el trabajo de los fiscales.
Así fue como la causa quedó empantanada.
El 6 de julio de 2017, el Ministerio Público, buscando algo de oxígeno, solicitó que la causa se declara compleja, lo cual permitiría solicitar una extensión en el tiempo de las investigaciones por un año más. Con doce meses más de trabajo, según los fiscales, se podría tener más elementos para presentar un caso fuerte y bien armado al órgano Judicial. Otros dudaban de esta afirmación y solo veían una maniobra más para evitar los tribunales.
La clasificación de causa compleja fue otorgada por el órgano Judicial el 13 de julio; sin embargo, para sorpresa de todos, la extensión del tiempo de investigación fue negada por la jueza suplente Lania Batista, del juzgado duodécimo penal, y ordenó a los fiscales mandar el expediente al Judicial para determinar si había elementos suficientes como para que se iniciara un juicio. Todos intuían que era una maniobra encubierta para presentar una causa endeble que terminaría por frustrar el caso.
Ante la presión ciudadana que comenzó a movilizarse contra la corrupción, el 7 de noviembre, los fiscales solicitaron una reconsideración de la decisión de la jueza suplente Batista.
Finalmente, en abril de este año, el Segundo Tribunal Superior desestimó la decisión de primera instancia de Lania Batista, y concedió un año para continuar con las investigaciones del caso Odebrecht debido a su complejidad.
Kenia Porcell, la Procuradora General de la República, contrario a su costumbre, se acercó a los medios de comunicación y aprovechaba para decir que la falta de avances en el proceso relacionado a la constructora brasileña era culpa del órgano Judicial. En un momento de indignación popular debido al fallo de la jueza Batista, el argumento de Porcell fue comprado por muchos.
Pero después de que se concedió la prórroga, no hubo más. El año adicional de investigación fue, posiblemente, el último gran titular sobre el caso en los medios panameños. De abril para acá, las noticias locales sobre la investigación son cada vez menos y están cada vez más espaciadas. El ojo público se ha centrado en otros casos de corrupción como los provenientes de la Asamblea Nacional o el juicio a Ricardo Martinelli Berrocal por espionaje telefónico.
En las últimas semanas, el Ministerio Público solo volvió a referirse públicamente al caso Odebrecht para decir que está investigando posibles coimas en la adjudicación a Odebrecht de la carretera Madden-Colón, y el contrato por el sistema de riego Remigio Rojas. Ambas obras desarrolladas en la administración de Martín Torrijos Espino.
Porcell añadió ese día que los fiscales que investigan los sobornos de Odebrecht estaban viendo “nuevos periodos [de gobierno]” en los que la compañía consiguió contratos.
La falta de información pareciera parte de una estrategia para que el caso pase al olvido. Desde junio, el Ministerio Público ha optado por elaborar infografías que publica en redes sociales y así aclarar dudas sobre casos complejos o actualizar cómo avanzan los procesos. Si uno busca en Twitter la cuenta oficial o utiliza la etiqueta #InfografiasPGN, encontrará gráficos del caso Blue Apple, de las escuchas telefónicas, de los expedientes relacionados al Programa de Ayuda Nacional, y varios otros; sin embargo, de Odebrecht no hay nada, ni un mapa conceptual, ni un glosario, nada. Ni siquiera por error.
A mitad de año, hubo cambios en la dirección del departamento de comunicaciones del Ministerio Público, no obstante, sigue siendo igual de difícil obtener datos concretos sobre Odebrecht. Son nuevos funcionarios; pero la respuesta sigue siendo la misma: “Estamos gestionando la solicitud, colega. Lo mantengo informado”.
Todas las solicitudes de entrevista que Conexión PTY le hizo a Kenia Porcell han sido ignoradas.
La última vez que las autoridades panameñas revelaron una cifra oficial sobre los vinculados a las indagatorias de Odebrecht fue de 68 personas (cinco exministros del Gabinete de Ricardo Martinelli Berrocal, una decena funcionarios del periodo 2009-2014, y siete particulares), así como tres empresas.
Entre los exministros que se investigan están Frank De Lima (ministro de Economía y Finanzas de Martinelli), Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (primer ministro de la Presidencia durante el gobierno pasado), Federico “Pepe” Suárez (primer ministro de Obras Públicas en el periodo anterior), Jaime Ford (sucesor de Suárez en el Gabinete), y José Domingo Arias (exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y posterior candidato presidencial de Cambio Democrático).
Otros que se sabe están vinculados al proceso son los hermanos Martinelli Linares, Ricardo y Luis Enrique; Riccardo Francolini (exdirectivo de la Caja de Ahorros), y Carlos Ho, director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas también en el gobierno CD.
Posteriormente, en agosto, el Ministerio Público pidió que se le levantara el fuero electoral a Rómulo Roux, candidato presidencial de Cambio Democrático y presidente del colectivo, para poder investigar si está vinculado con los sobornos de Odebrecht. El 11 de septiembre los medios informaron que el Tribunal Electoral negó el levantamiento del fuero.
Directivos de Odebrecht admitieron que dieron dinero al colectivo para la campaña política del 2014. A través de unas declaraciones a los fiscales de Brasil por parte de Mónica Moura –esposa del publicista Joao Santana, quien trabajó la campaña de José Domingo Arias–, se conoció que Roux firmó, en representación de su colectivo, contratos con una las sociedades de Santana.
Gran parte de los señalados se conocen tras la validación de los acuerdos de pena entre el Ministerio Público panameño y los exdirectivos de Odebrecht André Rabello, Luiz Eduardo da Silva, y Olivio Rodríguez. En la aceptación del pacto entre las autoridades panameñas y los brasileños se determinaba que a ninguno de los informantes se les abriría proceso alguno, de ningún tipo.
¿Delaciones dirigidas?
El jueves 9 de noviembre de 2017, ocurrió lo que muchos en Panamá esperaban: algunos de los hombres clave de la trama de corrupción que había comenzado con el desembarco de Odebrecht a Panamá declararían ante la justicia.
A las 10:50 de la mañana, André Rabello –exgerente de Odebrecht en Panamá–, Olivio Rodrigues Junior –exoperador de la constructora, señalado como el hombre que disfrazó el pago de sobornos de Odebrecht a través de sociedades anónimas–, y Luis da Rocha Soarez –extrabajador de Odebrecht, parte del departamento de Operaciones Estructuradas, la división desde donde se pagaban los sobornos–; se enlazaron vía Skype desde el consulado de Panamá en Sao Paulo para participar en la audiencia de validación del acuerdo de colaboración que establecieron con las autoridades panameñas.
Lo hicieron con sus rostros cubiertos, ya que los informantes y sus familias habían recibido amenazas y temían por su seguridad. El único que pudo ver sus rostros para corroborar sus identidades, fue el juez Óscar Carrasquilla, encargado de llevar la audiencia a cabo.
Las preguntas sólo se concentraron en lo ocurrido de 2009 a 2014: el período de la presidencia de Ricardo Martinelli Berrocal. André Rabello señaló a los hermanos Martinelli Linares, Luis Enrique y Ricardo Alberto, de recibir $50 millones de Odebrecht. Se desconoce el paradero de los hijos del expresidente.
Frank De Lima, exministro de Economía y Finanzas en el gobierno pasado, fue señalado también por los delatores. El exfuncionario –quien ha estado involucrado en otras investigaciones por corrupción; pero no relacionadas con Odebrecht– fue interrogado en diciembre de 2017 por posibles sobornos de la constructora. Se le detuvo preventivamente y a finales de ese mismo mes se le concedió restricción de salida del país. Fue exonerado en un caso relacionado a una compra del Programa de Ayuda Nacional y, por una posible lesión patrimonial a través del Aeropuerto de Tocumen, se solicitó su llamado a juicio.
En las delaciones fueron mencionados Demetrio “Jimmy” Papadimitriu (primer ministro de la Presidencia de Ricardo Martinelli), Federico Suárez, y Jaime Ford (respectivamente, primer y segundo ministro de Obras Públicas del gobierno pasado). Todos, en distintos momentos (antes y después de los acuerdos con los brasileños), han acudido al edificio Avesa, sede de las fiscalías anticorrupción, a rendir indagatoria por Odebrecht u otros casos y han sido detenidos preventivamente. Los tres gozan actualmente de restricción de salida del país.
Papadimitriu, que trabajó en las últimas elecciones para la campaña presidencial de Varela, tiene restricción de salida del país. Su última aparición pública fue el 12 de agosto, en las primarias de Cambio Democrático, partido en el que está inscrito, cuando acudió a votar. Federico Suárez está participando en las primarias del próximo 30 de septiembre de Cambio Democrático como precandidato a diputado por el circuito 8-5 (La Chorrera). A Ford, a principios de septiembre, se le concedió una fianza de excarcelación de $300 mil.
El Ministerio Público solicitó el levantamiento del fuero electoral de Suárez y Ford en julio. Según La Prensa, fuentes de la Procuraduría aseguraron que ambos exministros podrían ser vinculados a una nueva investigación relacionada a Odebrecht.
José Domingo Arias, actual precandidato presidencial por el partido Alianza y candidato presidencial de Cambio Democrático en el 2014, también ha sido investigado por supuestos nexos con Odebrecht. André Rabello aseguró que la compañía donó a la campaña de Arias. “Mimito”, como también se le conoce al político, estuvo detenido y ha sido indagado en múltiples ocasiones.
Aunque las preguntas no fueron en esa dirección, el Partido Panameñista del actual presidente Juan Carlos Varela también salió a relucir.
Si bien Varela y el Partido Panameñista estuvieron aliados a Ricardo Martinelli y Cambio Democrático durante los primeros 23 meses de gobierno, prácticamente no se los mencionó. El cuestionario no abordó el periodo anterior al de Martinelli, ni el gobierno del perredista Martín Torrijos Espino, con quien desembarcó Odebrecht en el país, ni tampoco la actual administración Varela, con quien la empresa obtuvo dos contratos multimillonarios (ver entregas anteriores).
Solo surgieron dos nombres relacionados a Varela: Jaime Lasso —embajador de Panamá en Corea del Sur entre 2009 y 2014—, y el diputado del Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas, cuya firma legal, Rosas & Rosas, recibió 3.4 millones de dólares por parte de la constructora.
Rabello señaló a Lasso de fungir de enlace del Partido Panameñista con Odebrecht y quien logró que la constructora le donara al colectivo para la campaña política del 2000.
A esas alturas, el nombre de Jaime Lasso ya se conocía. El Ministerio Público había decidido investigarlo después de una entrevista que El País de España le hizo a Rodrigo Tacla Durán, antiguo abogado de Odebrecht, en julio de 2017. Tacla Durán señaló a la hija del diplomático, Michelle Lasso, de mover dinero de Odebrecht a través de sociedades anónimas en paraísos fiscales.
Lasso fue interrogado y parte de sus declaraciones fueron publicadas en diversos medios. El también médico admitía haber cabildeado con Odebrecht a favor del Partido Panameñista y narraba su vinculación con André Rabello. Un informe de la Dirección de Investigación Judicial, que también llegó a los medios, confirmaba la relación de Jaime Lasso con el traspaso de 10 millones de dólares de Odebrecht a distintas sociedades anónimas. El diplomático envió una carta al diario La Prensa, en noviembre de 2017, en la que pretendía explicar su relación con Odebrecht y aclarar la situación.
Tras su llamado a indagatoria, Lasso obtuvo restricción de salida del país. Su situación legal no impide que pasee por los centros comerciales de Panamá, en eventos públicos de todo tipo o que aparezca en las páginas de revistas como Mundo Social.
Algo que llamó particularmente la atención aquel 9 de noviembre es que, en cuanto se mencionó a Lasso, la fiscal especial anticorrupción, Zuleyka Moore, informó al juez Carrasquilla que él ya había sido investigado por este tema y que no podía retomar la causa nuevamente, porque se trataría de doble juzgamiento. Según Moore, la investigación había sido abierta por Ana Belfon, la anterior procuradora de la Nación.
Al día siguiente, la propia Belfon negó que ella hubiera investigado a Lasso. Inclusive acudió a la Procuraduría General de la Nación para obtener información sobre el expediente contra Lasso.
Meses después, Zuleika Moore fue propuesta por Juan Carlos Varela para ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. Su nombramiento, que debía ser validado por el Legislativo, no obtuvo los votos necesarios para su aprobación.
Por su parte, el diputado Jorge Alberto Rosas admitió la recepción del dinero por parte de la empresa brasileña. Según el político, Rosas & Rosas se encargaba del “pago de planillas especiales” de Odebrecht. Juan Carlos Rosas O’ Donell y Rosa Mari Molino, sus socios en la firma y que han sido investigados por la Procuraduría de la Nación, confirmaron la información y añadieron que el ahora diputado era el encargado de atender los negocios de la firma con los brasileños.
La respuesta de Rosas sobre el servicio que brindaba su firma a Odebrecht, no hizo más que generar suspicacia y sospechas. ¿No pagaba Odebrecht sus propias planillas? A nivel general, se señala que los fondos eran en realidad para pagar coimas y sobornos.
A diferencia de sus socios en el bufete, a Jorge Alberto Rosas no lo está investigando el Ministerio Público. Goza de fueros por ser diputado. Uno de los privilegios es que, señala la Constitución, a un diputado solo lo puede investigar y juzgar la Corte Suprema de Justicia. Generalmente, la Corte elige no confrontar con la Asamblea que, a su vez, es la encargada de juzgar a los magistrados. Es un pacto tácito de impunidad: “Yo no me meto contigo, tu no te metes conmigo y aquí sigue la fiesta”.
Cuando estalló el escándalo, Jorge Alberto Rosas era el presidente de la comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el ente del órgano Legislativo encargado de cualquier proceso legal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ante el claro conflicto de intereses, el chiricano renunció a la presidencia de la comisión, aunque se mantuvo en ésta.
En el actual periodo legislativo, al repartir los puestos en las comisiones Rosas repitió en Credenciales. A pesar de todo, aceptó el cargo y se mantiene como comisionado.
Fuego amigo
En junio del año pasado, El País de España publicó una entrevista con Rodrigo Tacla Durán, operador financiero de Odebrecht, en la que el hispano-brasileño se refirió al modus operandi de Odebrecht en Panamá. Mencionó que la constructora organizaba fiestas para los políticos de República Dominicana y Panamá a la cual llevaban prostitutas.
“Odebrecht también organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje”, explicaba Tacla Durán a El País y añadía que luego se utilizaban fotos de las celebraciones para chantajear. “El responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello, sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres”.
El operador financiero aseguró que Juan Carlos Varela estaba metiendo la mano en la justicia para que el caso Odebrecht quedara impune. “La clave está en la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela… asistí a una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil [sobre el caso Odebrecht]” aseguró Tacla Durán al diario español.
Inclusive, en la entrevista el hispano-brasileño llegó a decir que él había intentado brindar su declaración a la justicia panameña; pero que de parte del Ministerio Público se han negado a escucharlo y tomar en cuenta su testimonio como prueba del caso. “No puedo aceptar que la fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal [extrajudicial]. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar”.
En Panamá, la entrevista fue replicada por todos los medios. En el oficialismo, a través de redes sociales la minimizaron e, inclusive, aseguraron que Tacla Durán respondía a Ricardo Martinelli Berrocal, ya que la única referencia que hizo el operador financiero era para exculparlo: Según el operador financiero, Odebrecht quiso regalarle un helicóptero al exmandatario y éste lo rechazó.
“Si esas acusaciones fueran ciertas porque ese tipo no las dice frente a un tribunal; eso es teatro del abogado del prófugo q estuvo por Madrid” tuiteó el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, quien también escribió: “Las declaraciones de Tacla Durán pretenden enlodar a todo el mundo y pone al prófugo de Miami como el impoluto. Sin dudas, alguien la sembró”. Por su parte, la vicepresidenta Isabel Saint Malo, también en la red social de los 280 caracteres, comentó: “Panameños decentes, gran mayoría, les pido, no se dejen engañar por falsedades promovidas x aquellos a quienes hoy persigue la justicia.”.
El diputado José Luis Varela, hermano del presidente, dijo que la noticia era “falsa y sembrada”. Según el político, no era casualidad que la publicación de la entrevista coincidiera con un viaje por Europa de uno de los abogados de Ricardo Martinelli, Sidney Sittón. El jurista declaró, el 14 de junio de 2017 en Miami (Estados Unidos), después de una de las audiencias para determinar si a su cliente se le extraditaba o no a Panamá, que Juan Carlos Varela había recibido dinero de la constructora brasileña. “Les voy a entregar los documentos donde Varela recibió las transferencias de Odebrecht. Las depositó en China. Vamos a prender el ventilador” le dijo a los periodistas panameños que viajaron a cubrir el proceso del exmandatario. Esto fue un mes antes de lo revelado por Tacla Durán.
Oficialmente, ante el Ministerio Público, nadie ha vinculado directamente a Juan Carlos Varela Rodríguez, actual presidente de Panamá y vicepresidente durante los primeros 23 meses del gobierno pasado. Se ha dicho que Odebrecht donó a su partido; pero a él no se le señala directamente.
Sin embargo, a nivel mediático, el nombre del mandatario sí ha salido a relucir y hay fuentes que le endilgan acciones directas a Varela Rodríguez quien, luego de estallar el Lavajato, le concedió a Odebrecht la construcción de sus obras insignias: el nuevo Metro, y la renovación urbana de Colón.
Al verse acorralado, Fonseca Mora, responsable del escándalo Panama Papers, cuestionó abiertamente a su gobierno: “Aquí no se ha investigado de verdad. A Mossack Fonseca, que no tiene nada que ver con eso, si acaso unas 10 compañías que se han vendido. ¿Por qué a Odebrecht no lo han allanado?”.
El escritor habló ampliamente de la corrupción dentro de la administración Varela y la injerencia del Ejecutivo dentro del Judicial. “Presidente Varela, Dios lo puso en ese puesto para arreglar las cosas, para arreglar las instituciones del país, y no como me dijo en su despacho con Popi [José Luis Varela Varela] y Beby [Adolfo Valderrama, diputado panameñista], que habían nombrado a [José] Ayú Prado [presidente de la Corte], porque él sí se dejaba mandar desde arriba”, aseguró ante los medios.
Ante la incredulidad de los reporteros apostados en el edificio Avesa, y para darle un cierre teatral a sus acusaciones, Ramón Fonseca Mora lanzó una frase que ya ha quedado en el anecdotario de la política panameña: “Que me caiga un rayo si ustedes [Popi Varela y Beby Valderrama] no dijeron eso».
Después de eso, Fonseca Mora no quiso hablar más del asunto.
Cuando salió a relucir la entrevista de Tacla Durán, el propio presidente Varela fue cuestionado por los medios. El mandatario fue esquivo sobre el tema: “No voy a hablar de un caso que está investigando el Ministerio Público. Sobre las donaciones a mi campaña, fueron totalmente públicas. No puedo contestar por terceras personas [en referencia a Michelle Lasso]”. En cuanto a su vínculo y amistad con Tacla Durán, el jefe de Gobierno solo atinó a decir “es totalmente falso”.
La única investigación que se abrió por la entrevista que publicó El País fue la que ordenó la Procuraduría de la Administración. A mediados del año pasado, la entidad informó que revisaría la actuación del Ministerio Público. Hasta ahora, no se sabe si el proceso continúa o cuáles fueron sus resultados.
Fue recién entonces, tras la salida del abogado a la palestra, que Porcell viajó a España para solicitar colaboración e información sobre los bienes de Ricardo Martinelli y su familia en la Madre Patria. Corría noviembre de 2017 y, hasta hoy, no se informó si se hicieron averiguaciones sobre la información relacionada con el actual mandatario.
En agosto de 2017, Kenia Porcell informó que Odebrecht pagaría al estado panameño una multa de 220 millones de dólares. En una conferencia de prensa, la procuradora celebró el monto de la sanción —el más alto aplicado a la constructora en cualquier territorio—. Hasta ahora, Panamá no ha podido determinar cuánto pagó Odebrecht en sobornos a funcionarios panameños. Sí se sabe que los sobrecostos ascendieron a 1,818 millones, un monto mucho menor que el de la multa.
En esa misma conferencia, Porcell también prometió que a principios de diciembre todos los nombres de los involucrados se harían públicos. En un país acostumbrado a que los grandes escándalos judiciales queden impunes —ejemplos sobran: El Cemis del gobierno de Martín Torrijos Espino, el Museo del Niño y la Niña en la administración de Mireya Moscoso, o el caso PECC en el quinquenio de Ernesto Pérez Balladares, tan solo para mencionar algunos—, parecía que soplaban los vientos de cambio.
Menos de 24 horas después de la conferencia, se supo que la multa se podría cancelar en un periodo de 10 años. La revelación hizo que muchos pasaran de la celebración a la molestia o la burla, ya que consideraban que ese monto durante una década, para una compañía que sigue licitando con el Estado panameño, es algo irrisorio.
Para mancillar aún más la esperanza, el 29 de agosto reapareció Kenia Porcell en una cadena nacional: advertía de la poca colaboración en las investigaciones de diversos sectores económicos, como el bancario y el empresarial; de poder, como el político, y de los medios. Incluso advirtió que ella y sus fiscales estaban siendo amenazados.
Pese lo acontecido, hacia fines de 2017 todavía quedaba cierta ilusión de que el Ministerio Público revelara los nombres de los involucrados en diciembre, como lo había prometido. Pero llegó el día uno del último mes y la lista nunca apareció. Y pasaron los días, las semanas, se acabó el año, y la publicación que muchos suponían pondría el país de cabeza, nunca se reveló.
Cuando se le preguntó por la lista, la Procuradora dijo que la única forma de poder revelar datos de las personas investigadas en los distintos casos de corrupción era creando una legislación que habilitara al Ministerio Público a suministrar datos específicos a los medios sin que afecte la reserva del sumario. El sentimiento colectivo de burla fue inmenso. ¿Por qué Porcell prometió algo que no podía cumplir? ¿Fue una estrategia para distraer o cambió de opinión ante las presiones que denunció posteriormente? Las dudas quedan en el aire.
A pesar de todo, la estrategia de la procuradora nombrada por Juan Carlos Varela nunca cambió. El mandatario sigue, a pesar de todo, al margen de las pesquisas.
La administración Varela culmina en 2019. Kenia Porcell, en teoría, se mantendrá a la cabeza del Ministerio Público hasta el 2024.
Un arma que todos utilizan
El 28 de julio de 2017, Roberto Einsenmann, empresario y miembro fundador de La Prensa, aseguró en una entrevista televisiva con Álvaro Alvarado, el noticiero matutino de televisión abierta de mayor audiencia, que sí se dio una reunión entre el presidente Juan Carlos Varela y el hombre de Odebrecht en Panamá, André Rabello. Y dijo que allí, ambos habían acordado protegerse.
“Hay un punto de la entrevista [de El País a Rodrigo Tacla Durán] que yo sí puedo certificar que es cierta, que es donde dice que André Rabello se reúne con Varela y logra la promesa de que la procuradora de Panamá no vaya a cooperar con los fiscales de Brasil. En ese caso yo estuve involucrado. Yo visité a la Procuradora por unos contactos que tengo en Brasil, diciéndole que estaba pasando de tapadera y eso era un peligro para el país. Eso mismo se lo transmití al presidente de la República. Me consta que por año y medio no hicieron ninguna cooperación con los fiscales de Brasil”, dijo Eisenmann.
Curiosamente, las declaraciones de Eisenmann –una figura de alto prestigio en la opinión pública panameña, recordado por su vinculación a la Cruzada Civilista y su lucha por la democracia– pasaron prácticamente desapercibidas.
Hay muestras de una relación entre Rabello y Varela. Una de las más conocidas es la fotografía de agosto de 2014 de Rabello, Varela y el expresidente Otto Pérez Molina (condenado por corrupción en su país en el caso “La Línea”) en la estación Lotería de la línea 1 del Metro. Rabello le estrecha la mano a Pérez Molina, mientras Varela los observa.
Podrá ser mera especulación, pero la cronología de hechos genera suspicacia en muchos: “Mira la vaina: Lo de Odebrecht explota en 2015. Rabello era el gerente en Panamá y el Ministerio Público no lo manda a buscar hasta principios de 2017, cuando ya todo el mundo sabía que no estaba aquí. ¡Lo dejaron huir!”, comenta un abogado que prefiere la reserva de su identidad.
Por si fuera poco, para acrecentar la incredulidad, en septiembre de 2016 los fiscales brasileños que llevaban las investigaciones de Odebrecht reclamaban la falta de colaboración del Ministerio Público panameño, que solo había atendido uno de los nueve puntos de su solicitud de información.
Para apagar el fuego, al mes siguiente, en una cumbre de fiscales de la región que se organizó en Brasil con la intención de unificar criterios y establecer una línea entre todos los países involucrados, Kenia Porcell y las autoridades del país suramericanos firmaron un nuevo acuerdo de colaboración. La delegación de Panamá fue duramente criticada por los locales, al considerar que no tenían un plan de acción ni estaban organizados para manejar un caso de la complejidad de éste.
Información sobre el caso Odebrecht existe (lo dicho por los informantes a los fiscales panameños, lo dicho por otros directivos de la constructora a las autoridades de Brasil, las publicaciones de los medios y las declaraciones filtradas, la investigación de Estados Unidos) ; pero quienes la manejan, la utilizan como un recurso para la extorsión o como una salida de emergencia cuando el agua les llega más arriba del cuello.
Un claro ejemplo es el de José Raúl Mulino: A menos de un mes de las primarias presidenciales de Cambio Democrático, intentó defenestrar la candidatura de su principal rival, el que marca de primero en las encuestas, embarrándolo en el escándalo más sucio de la historio del país, en el nombre que nadie quiere pronunciar. La información como última carta.
A finales de julio de 2018, José Raúl Mulino, precandidato presidencial de Cambio Democrático, acudió al edificio Avesa, sede de las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público, para brindar información sobre la supuesta vinculación de Rómulo Roux, su más fuerte rival en el proceso interno del colectivo opositor, con Odebrecht y la trama de corrupción. Tanto Mulino como Roux ocuparon diversos cargos en el Gabinete de Ricardo Martinelli entre 2009 y 2014.
Según Mulino, tiene información que confirma que Roux recibió dinero sucio de parte de la constructora brasileña, y deseaba reunirse con los fiscales para informarles de lo que él sabía. Mulino, quien no llevaba consigo ningún documento u otro tipo de prueba, no fue atendido por ningún funcionario, al parecer, porque llegó de manera imprevista y no tenía cita; sin embargo, dijo que volvería al lugar para declarar lo que sabe. Ni Mulino ni el Ministerio Público han informado si esa reunión se dio posteriormente.
Hasta ahora, el nombre de Roux no había sido vinculado a Odebrecht ni a ninguno de los otros casos de corrupción relacionados con la administración de Ricardo Martinelli. Según Mulino y otros precandidatos a la presidencia de Cambio Democrático, no ha habido nada en su contra, por su vínculo familiar con Juan Carlos Varela, que es su tío.
Sin embargo, en las últimas semanas, el Ministerio Público comenzó a señalar a Roux, ya que Mónica Moura –esposa del publicista Joao Santana, quien trabajó la campaña de José Domingo Arias–, declaró a las autoridades de Brasil que Roux firmó, en representación de su colectivo, contratos con una las sociedades de Santana.
Ante esto, se solicitó el levantamiento del fuero penal electoral de Roux para poder investigarlo y llamarlo a rendir declaración; no obstante, el Tribunal Electoral, rechazó el pedido.
El Ministerio Público tiene hasta 2019 para continuar sus averiguaciones. De ahí debe presentar las vistas fiscales para que se determine si existen suficientes elementos que ameriten el inicio de un juicio o no. ¿Será que la información que hasta ahora no ha llegado estará lista a las vísperas de un proceso electoral?
A finales de julio de este año, Odebrecht publicó en el semanario Capital Financiero, un folleto de más de diez páginas, intitulado “Panamá #NuestroCompromiso” en el que la compañía muestra a sus nuevos directivos, los cambios en su organización, la nueva estructura de la compañía (a nivel regional y en Panamá); así como un análisis de su impacto económico y social en Panamá.
Además de las palabras del nuevo director general en el istmo, Pedro Pinheiro, quien asegura que la compañía aprendió la lección y no repetirá sus errores; el documento recoge algunos testimonios de sus colaboradores, los logros de su responsabilidad social en las comunidades donde trabajan; el avance de las obras estatales que manejan actualmente; y, por último, cierran con recortes de algunas publicaciones (nacionales y extranjeras) que destacan cómo se ha reestructurado Odebrecht después del escándalo.
Actualmente, la compañía trabaja en cuatro megaobras estatales: la renovación urbana de Colón, la línea 2 del metro de Panamá, la expansión del aeropuesto de Tocumen, y la revitalización de los espacios públicos del municipio de Panamá.
A pesar de los escándalos, de que el Gobierno intentó, infructuosamente porque no había asidero legal, de prohibirle a la compañía participar en licitaciones estatales, y de la mala fama; Odebrecht estima que este año facturarán $661 millones, tres veces la multa que deben pagar en diez años al Estado panameño.
Al final, parece, en esto quedará todo: pedir perdón, un par de publicaciones que le laven la cara a la compañía, y el silencio cómplice de todos. Así es como se teje la impunidad.
Esta investigación forma parte de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas de Connectas.
