Un artículo de Iván Olivares publicado por el periódico digital nicaragüense El Confidencial resalta la Investigación estadounidense que reveló las conexiones entre Venezuela, Nicaragua y El Salvador en una compleja red de lavado de activos.
Bajo el título Una red de lavado de dinero PDVSA-Albanisa-Alba Petróleos, El Confidencial desnuda la inmensa fortuna que representó la combinación de altos precios del petróleo, con una copiosa extracción de oro negro del subsuelo venezolano y sirvió para conformar una ‘Empresa Criminal Conjunta Bolivariana’ (ECCB), según un Informe firmado por Douglas Farah y Caitlyn Yates, presidente e investigadora de IBI Consultants, LLC, respectivamente.
Esa ECCB, de la que los autores dicen que “no es una entidad única, sino una red de empresas aliadas, con estructuras regionales y vinculada históricamente con individuos que operan en todo el mundo”, solo puede ser desarticulada si es “atacada desde múltiples puntos simultáneamente”.
El mensaje parece haber llegado a las altas esferas de Washington, que sancionó a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), así como a sus subsidiarias en Nicaragua y, más recientemente, El Salvador.
Según la investigación elaborada por Farah y Yates, la ‘empresa criminal conjunta’ habría usado cinco esquemas para lavar dinero, en una operación que no solo intentaba comprar las voluntades de diversos regímenes a lo largo del continente para aislar políticamente a Estados Unidos, sino también, enriquecer a algunos de los más altos exponentes de ese esquema.
Esos cinco esquemas son la venta falsificada de petróleo; la compra sistemática de activos, la minería ilegal, los falsos proyectos de infraestructura, y las transferencias de banco a banco, que habrían movido entre 10 000 millones y 28 000 millones de dólares entre 2007 y 2018, utilizando “181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países”.
Aunque el informe analiza los movimientos, inversiones y promesas de inversiones hechas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en muchos de esos países, se centra en lo que se hizo –o prometió hacer- en Nicaragua y El Salvador, de la mano de ALBA de Nicaragua S.A. (Albanisa) y Alba Petróleos en El Salvador.
Los investigadores también hacen referencia a los falsos proyectos de infraestructura, que servirían para justificar la movilización de ingentes cantidades de dinero, supuestamente para financiar las obras, aunque estas nunca avancen, o no lo hagan los suficiente.
El caso más reciente de las acciones en contra del esquema que utilizaba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), para mover dinero entre el esquema empresarial creado por ellos mismos, es el allanamiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, de 27 sociedades aglutinadas alrededor de Alba Petróleos para investigar un posible delito de lavado de dinero y activos.
Entre las sociedades allanadas están Alba Petróleos, Alba Alimentos, Alba Gas, Alba Hidrocarburos, además de empresas de energía, de transporte, de alimentos, financieras y textiles.
El Informe de Farah y Yates dice que el salvadoreño José Luis Merino (el sancionado viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y ex comandante “Ramiro” del FMLN) “y otros reputados testaferros”, habrían creado varias compañías en Panamá.
Lea el artículo completo de El confidencial en este enlace:
https://confidencial.com.ni/una-red-de-lavado-de-dinero-pdvsa-albanisa-alba-petroleos/
