La decisión de la administración Trump de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán tiene ahora un nuevo componente, al anunciarse una demanda por racismo en contra del gobierno de los Estados Unidos.
Martha Arevalo, directora ejecutiva del grupo de defensa de inmigrantes, Centro de Recursos de América Central, en San Francisco, anunció la demanda en la Corte Federal. Al aviso asistieron algunos de los demandantes y decenas de manifestantes con pancartas que decían en inglés: «dejen que nuestra gente se quede.»
Una de las demandantes, Cristina Morales, dijo que ella vino a los Estados Unidos en 1993 a la edad de 12 años después de huir de El Salvador para escapar de la violencia. Ella recibió el estado de protección temporal en 2001 y ahora trabaja como maestra de escuela en el Área de la Bahía de San Francisco.
Morales iba acompañada por su hija de 14 años, Crista Ramos, quien junto con su hijo de 11 años, Diego Ramos, son ciudadanos de Estados Unidos.
«No quiero que el gobierno separe a mi familia y mi hogar, mis amigos y la oportunidad de una buena educación», dijo Crista Ramos.
Morales, de 37 años, con la voz temblorosa, dijo que no tiene nada a que regresar en El Salvador.
«Si pago impuestos, seguro de salud, mi casa y la educación de mis hijos, ¿que hice mal?», pregunta.
Más de 200.000 inmigrantes podrían ser deportados debido a los cambios en la política norteamericana, estos migrantes tienen más de 200.000 niños estadounidenses que corren el riesgo de ser separados de sus comunidades y escuelas, según indican los demandantes en el caso presentado por la Unión de Libertades Civiles del Sur de California y otra defensores de inmigrantes.
Trump ha recibido también demandas por inmigrantes haitianos y salvadoreños en Massachusetts, acusándolo de de terminar con el TPS por motivos raciales.
También tiene una demanda en Maryland en nombre de los inmigrantes haitianos.
