Desde el sábado 10 de enero del 2009, en las inmediaciones del recién construido edificio ubicado en Residencial El Trapiche, bullía un gran movimiento de automóviles del Estado de Honduras, que trasladaban equipos y muebles de los edificios que ocupaba hasta entonces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) hasta el nuevo inmueble. El cambio de domicilio había sido anunciado desde el 2008 por la entonces gerente general de la ENEE, la abogada Rixi Moncada, funcionaria del gobierno del Poder Ciudadano, como se identificó el gabinete presidido por José Manuel Zelaya Rosales. Hubo controversia. La cobertura de varios medios de comunicación se centraba en el alto costo erogado en el alquiler de los nuevos edificios, cuya construcción culminó semanas antes del traslado, y el irregular proceso de contratación, que omitió el proceso de licitación para el alquiler.
El 30 de julio del 2009, a casi un mes del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio, el Tribunal Superior de Cuentas, presidido entonces por los miembros Renán Sagastume, representando al Partido Nacional, Ricardo Galo Marenco, representando al Partido Liberal, y Fernando Montes, representando al Partido Demócrata Cristiano de Honduras, emitió el informe número 006-2007-DASII-C, que analizaba el proceso por el cual se llegó al arrendamiento de los nuevos edificios de la ENEE. El informe se emitió en cumplimiento a un memorando recibido el 23 de Enero de 2009, donde se solicitaba iniciar la investigación.
Según el informe del TSC, el contrato de arrendamiento se suscribió con las sociedades Inversiones EMAS, S.A., y Grupo MAFER, S.A. La sociedad MAFER, S.A., fue fundada, según registros mercantiles de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), el 24 de julio de 2001 por dos socios: Fernando José Agurcia Lefebvre, hijo de la ex embajadora de Honduras en Japón durante el período del Poder Ciudadano, Nadina Joyce Lefebvre, quien también se desempeñaba como cónsul en Miami en el mismo período, y Marcela Midence Rivas de Agurcia, como consta en los registros mercantiles. Documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que a Marcela Midence Rivas se le asignaron viáticos por ser esposa del cónsul Fernando Agurcia hasta el año 2010. Es Marcela Midence Rivas quien actúa como representante legal de Inversiones MAFER, S.A.
Las primeras irregularidades en los contratos número 61/2008 y 62/2008 estriban en que quien suscribió el contrato de arrendamiento el edifico EMAS es Gustavo Adolfo Agurcia Lefebvre, hermano menor del entonces cónsul Fernando Agurcia. Para poder suscribir el contrato, fechado en 2008, Marcela Midence Rivas emite una carta poder (autenticada por su esposo, el cónsul Fernando Agurcia) para autorizar a Gustavo Agurcia a suscribir contratos en nombre de Inversiones MAFER, S.A., generando confusión al respecto de si el contrato está suscrito únicamente con Inversiones MAFER, S.A., o con Grupo EMAS, S.A., también. Al consultar en el registro mercantil sobre los documentos de constitución de Grupo EMAS, S.A., pese a ser documentos de carácter público considerando que hasta la fecha el Estado continúa arrendando inmuebles de esta empresa, los documentos no pudieron ser consultados al ser imposible el acceso a los mismos.
La segunda instancia irregular en la suscripción del contrato de arrendamiento proviene del proceso bajo el cual se adjudicó la contratación. Según el informe del TSC, la gerente Rixi Moncada envió un oficio justificando el proceso de adjudicación de contrato de arrendamiento: «(..) Se inició un proceso de cotización invitando a ocho empresas dedicadas a la construcción y arrendamiento de edificios que se estimaron reunían las características necesarias para el buen funcionamiento de la Empresa para que presentaran sus ofertas. Proceso que dando cumplimiento al Artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo y a la Ley de Fiscalización del Gasto, fue remitido a la Unidad de Asesoría Legal y a la Unidad de Auditoría Interna para que emitieran sus dictámenes; cuyas observaciones fueron cumplidas e incorporadas en la documentación del proceso. Cabe hacer notar que en el dictamen emitido por la Auditoria Interna no se estableció ninguna observación en cuanto al proceso de contratación si dicha contratación debía realizarse mediante licitación pública.» El informe del TSC, al respecto de la justificación de la gerente Rixi Moncada, manifiesta que en el artículo 52 párrafo 4 de las Disposiciones Generales de Presupuesto se estipula que «Los contratos de Suministro de Bienes y Servicios requerirán de licitación pública cuando el monto supere los CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (L.425,000.00) y licitación privada cuando supere los CIENTO SETENTA MIL LEMPIRAS (L.170,000.00). Los contratos suscritos entre Rixi Moncada y Gustavo Agurcia Lefebvre/ Marcela Midence Rivas fueron por el monto mensual de DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS Y NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.2,531,419.92), generando un gasto anual de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (L.30,377,039.05).
Hasta ese momento, el costo total que erogaba la ENEE por concepto de instalaciones, alquileres y mantenimiento de edificios era de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L.3,632,387.40). La nueva renta representó una aumento de más de 27 millones de lempiras por concepto de rentas para la administración pública, sin una justificación directa de beneficio y suscrito con empresas de funcionarios del gobierno en el poder.
Tras el golpe de Estado, el gobierno de facto anunció su intención de anular el contrato de arrendamiento de la ENEE. No obstante, luego de las elecciones, el presidente Porfirio Lobo Sosa nombró a Roberto Martínez Lozano como nuevo gerente de la ENEE, quien en 2010, vía decreto legislativo no.20-2010, renovó el contrato con MAFER S.A. y EMAS S.A. por dos años para el arrendamiento de los edificios de Residencial El Trapiche, a pesar de que el informe del TSC señalando las irregularidades del proceso de contratación había sido ya publicado. Fernando Agurcia Lefebvre continuaba ejerciendo funciones consulares en Estados Unidos en 2010. En 2014, Emil Hawit, nombrado gerente de la ENEE por el presidente Juan Orlando Hernández, suscribió el contrato no. 218-2014 para renovar, por un año, el arrendamiento de los edificios de MAFER, S.A.
Durante el gobierno de facto de Roberto Micheletti, se asignaron reparos contra la gerente de la ENEE, Rixi Moncada, la ministra de Finanzas, Rebeca Santos y el ministro de Defensa, Arístides Mejía, por perjuicio económico ascendente a VEINTICINCO MILLONES, CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.25,478,941.59). Se giraron órdenes de captura contra los tres funcionarios, quienes se sometieron al debido proceso y que fueron sobreseidos definitivamente el 4 de diciembre del 2013 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
