Por Óscar Esquivel
El fraude denunciado en las elecciones de noviembre del 2017 fue motivo para encender a los habitantes de Choluteca, que de inmediato abandonaron su pasividad característica. Esa pasividad podría interpretarse como un compromiso por el bienestar en su población, a pesar de la realidad económica y social de la zona sur, que sigue siendo una de las más trágicas del país.
Diecisiete meses de permanentes protestas han transcurrido desde aquel 27 de noviembre. Los miércoles y sábados de cada mes, los portaestandartes del “Bastión del Sur”, como se hacen llamar, saben que tienen una cita para luchar por el bienestar colectivo. La autoconvocatoria ha sido un ejercicio democrático, sin liderazgos mesiánicos; los mandos horizontales han sido la columna vertebral de la organización de las protestas. Esto no ha evitado, no obstante, que los organismos represores del Estado hayan levantado ya perfiles de miembros de las manifestaciones.
Es el caso del periodista Jairo López, capturado en noviembre del 2018 pese a que gozaba de medidas de protección. El periodista fue puesto en libertad horas después con medidas sustitutivas. Los agentes policiales alegaron que la orden de captura obedeció a una denuncia interpuesta por la empresa Energía Honduras. Las medidas sustitutivas aplicadas a Jairo López consisten en ir a firmar dos veces por semana a los juzgados, sin que hasta el momento haya fecha para una audiencia inicial. López, además, fue despedido del medio de comunicación para el que laboraba, y desplazado de su natal Choluteca hacia prácticamente la clandestinidad para salvaguardar su vida.
Entre las exigencias de los manifestantes se encuentra la demanda de poner un alto a las permanentes alzas a la energía eléctrica que sufre en general el pueblo hondureño. Choluteca, aunque aporta materia prima a través de la energía solar y eólica, además de contar con una empresa de energía térmica en la zona, no goza de una tarifa preferencial.
La represión a los miembros del “Bastión del Sur” se ha ido incrementando, como lo evidencia el asesinato en el presente mes de Wilfredo de Jesús Moncada, joven de 17 años, producto de un disparo. Se calcula que son seis mil bombas lacrimógenas las que han sido lanzadas contra los indomables de Choluteca, sin que ello les haya hecho desistir de sus luchas por el bien colectivo.
Los manifestantes, además de la represión brutal de la que han sido objetos, también han recibido señalamientos que buscan debilitarlos. Entre los más comunes se menciona que están siendo usados por los líderes de libre para desestabilizar al gobierno. En más de una ocasión se han desmentido estas afirmaciones por sus miembros, quienes se quejan de no recibir apoyo de los líderes de Libertad y Refundación.
Después del asesinato de Wilfredo Moncada, quien hasta el momento aún no recibe justicia, las autoridades del país proponen un diálogo. Uno de los mediadores mencionados es el alcalde Quintín Soriano, quien goza de respeto entre los manifestantes. Al respecto, Soriano ha dicho, “Para que exista paz debe de haber justicia. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en Choluteca hubo un muerto y debemos garantizar que exista justicia para esa familia. En Choluteca hay un periodista perseguido y no se está respetando la libertad de expresión.”
Los indomables de Choluteca desde hace diecisiete meses están señalando el norte que se debe seguir por el bienestar de las mayorías. Eso lo saben muy bien los que rigen los destinos de esta hondura, quienes temen que dichas acciones de permanente lucha sean replicadas a nivel nacional. Saben que su fortaleza respaldada en las armas puede ser derrotadas por la acumulación de fuerza, de frustración y a la vez de esperanza del pueblo hondureño. ¡Temen que Honduras amanezca con un nuevo 1 de mayo!
