Luego del requerimiento fiscal presentado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en el denominado caso “Corrupción sobre ruedas” donde se implica a siete ex funcionarios el juez en Materia de Corrupción que conoce la causa decidió dictar medidas distintas a la prisión a preventiva.
El juez de los Juzgados en Materia de Corrupción dictaminó dejar a seis de los acusados defenderse en libertad; hoy se presume se presentarán los demás implicados en la acusación por lo que la audiencia inicial quedó programada para el 27 de septiembre.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dio captura a Juan Ramón Maradiaga Franco, Gerente Administrativo de BANADESA; Carlos Josué Romero Puerto coordinador del PRAF, Elmer Jeovani Ordoñez Espinal, Gonzalo Molina Solórzano, posteriormente se presentaron a los juzgados de manera voluntaria Harris Arnulfo Herrera y David Ortiz Handal, Gerente Financiero de BANADESA; todos acusados de haber drenado al menos 11 millones de lempiras
Falta que se entreguen a la justicia hondureña Claudia Noriega González y Carol Vanessa Alvarado a las cuales se les acusa de ser particulares que colaboraron con funcionarios para drenar dichos fondos.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, detalló que la resolución del juez fue dictar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva que contempla el artículo 173 del código procesal penal, por lo tanto, los implicados deberán comparecer a firmar el libro de registro de los juzgados anticorrupción cada jueves. También se le impuso la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con personal que labora en BANADESA y de concurrir a lugares donde se encuentren testigos o representación de la Fiscalía.
A ellos se les acusa de los delitos de Fraude, Abuso de autoridad, Uso de documentos públicos falsos para drenar fondos para campañas políticas, gastos personales, entre otros que debían ser utilizados en el bono 10,000 para personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores.
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