El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), instancia civil creada en 2007 junto con la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, para hacer frente a la corrupción en el país, ha pasado por una serie de transformaciones en los últimos años, que lo ha llevado a convertirse en un ente atrapado entre los intereses políticos y militares, que lo alejan del propósito por el que fue creado y lo tienen al borde de desaparecer.
El nombramiento de comisionados con intereses políticos y la infiltración del ente por agentes de inteligencia militar, ha llevado a la institución a una inacción, que solo favorece la impunidad, pues la información, lejos de pública se ha vuelto secreta.
Tras la salida de la comisionada Doris Imelda Madrid del IAIP en febrero de este año, el debate político sobre quién debería ocupar la dirección del Instituto se abrió entre las bancadas del Congreso Nacional. El Partido Nacional y el Partido Anticorrupción lograron ponerle fin a la disputa, mediante un acuerdo estrictamente político (para una instancia de carácter civil) aparentemente gestionado por el abogado Mena (padre de la diputada Fátima Mena) y el diputado Luis Redondo, quienes siguiendo la estrategia del Partido Anticorrupción de Costa Rica, entregaron el voto para el nombramiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la dirección de la Procuraduría General de la República, a cambio del posicionamiento en la dirección de la institución del abogado del PAC, Gustavo Manzanares (en el pasado candidato a Diputado por ese partido), quien ha fungido como comisionado desde entonces.
Cuando se oficializó la candidatura de Manzanares, su líder, Salvador Nasralla, declaró: «Obviamente que vamos a apoyar a los candidatos que están nominados, son gente muy competente… entre más personas del PAC estén metidos en las estructuras del Estado, más posibilidades tenemos de cambiar el país» (La Prensa, 25/10/2014).
Pero los cálculos le salieron mal a los políticos del PAC, pues luego de nombrado el abogado Manzanares en el cargo de comisionado del IAIP, él desconoció al PAC como su partido, y dijo que «no respondía a líneas de nadie».
LEY DE SECRETOS
Para las nuevas autoridades del IAIP, el principal problema que la institución enfrenta es la Ley de Secretos Oficiales, que amparada en el Artículo 287 de la Constitución de la República y el Artículo 17 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, declara la viabilidad del gobierno a ocultar la información que considere importante y que en algún caso pueda atentar contra la Seguridad del Estado; contrario a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, publicada en el periódico oficial La Gaceta el 30/12/2006, que establecía que: «[…] la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general […] Que el derecho de acceso a la Información Pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento[…] Que el pueblo hondureño tiene el derecho de acceso a la información, así como a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, y que además el Estado ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción» (La Gaceta 30/12/2006).
En una entrevista concedida a El Pulso, el abogado Gustavo Manzanares expresó que «la Ley de Secretos a Documentos Públicos viola radicalmente los procedimientos de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública —agregando que— la forma en que está redactada esta ley entra en contradicción con las Convenciones Internacionales que establecen cómo regular o conservar información pública —y pidiendo al Congreso Nacional que la derogue— por ser anticonstitucional y por coartar la libertad de expresión e información pública».
«Además —reclamó Manzanares— nunca le han consultado al IAIP qué tipo de información se debe clasificar como secreta».
Sin embargo, lejos de la retórica y con excepción de una entrevista concedida por Imelda Madrid a un periódico en el 2014, poco o nada han hecho desde el IAIP para derogar la Ley de Secretos aprobada en 2013.
«Como gobierno hemos asumido la responsabilidad de promover la Ley de Archivo —dijo Manzanares a El Pulso—, se ha trabajado en su elaboración y está ya presentada ante el Congreso Nacional desde el año anterior, y ya se ha discutido en su primer debate, pero aún no se aprueba».
Lea la entrevista completa al comisionado Gustavo Manzanares, siguiendo el siguiente enlace.
LAS FFAA EN EL IAIP
Pero si bien la Ley de Secretos Oficiales es un impedimento para el acceso a la información, lejos está de ser el único impedimento para el correcto funcionamiento del IAIP.
Según un ex-funcionario de la institución que solicitó no ser identificado, el Comisionado Damián Pineda funge como representante de las Fuerzas Armadas en el IAIP, y es él quien transmite al G2 lo que se discute en el pleno y toda la información que se solicita.
Según lo declarara nuestras fuente, cualquier solicitud de información de la ciudadanía civil, es automáticamente reportada a la institución marcial. En otros términos, las Fuerzas Armadas tienen acceso anticipado a todo tipo de información manejada en el IAIP; lo que resulta paradójico y en extremo incongruente, pues el IAIP es una institución civil.
LOS DESPIDOS
A pesar de no existir aún un sustituto para el puesto que ocupaba la abogada Madrid como comisionada del IAIP, desde este año las nuevas autoridades que aún permanecen bajo la dirección de Manzanares procedieron a despedir a personal alejado de su línea política y contratar activistas. Así lo declaró el funcionario que consultamos.
«Cuando salió la comisionada Madrid despidieron a la gente de informática y desde entonces les han hackeado la cuenta en diversas ocasiones, han contratado amigos y gente cercana que no están capacitados para ejercer el trabajo», —cuenta el exfuncionario agregando que el abogado Manzanares ha convertido el IAIP en su bufete privado.
El bajo perfil con el que ahora se ampara la institución después de la salida de la comisionada Madrid, para reducir la conflictividad con otras instituciones del estado, ha logrado únicamente que nadie escrute su accionar. O quizá, en el silencio de sus autoridades vaya encaminado a un proyecto que beneficiaría al presente gobierno y a la imposición de la Ley de Secretos impulsada por éste.
