Absuelto ex-Ministro del gobierno de Zelaya, Rosario Bonano

EGO30 junio, 2017

El Tribunal de Sentencias emitió hoy su fallo absolviendo de toda responsabilidad a José Rosario Bonano, ex-Ministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras (SOPTRAVI). Los cargos por los que se le acusaba son diversos actos de corrupción durante su función como Ministro en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Desde el final de la administración de Zelaya se han evidenciado varios de actos de corrupción que aún no han sido investigados, judicializados ni penados. El caso de Bonano es el último en la lista. Los zelayistas se escudan en la excusa de que los actos y robos multimillonarios al Estado fueron realizados en el gobierno de facto de Roberto Micheletti, y no durante el tiempo de Zelaya.

La realidad y los datos del Banco Central y otras entidades fiscalizadoras dicen todo lo contrario.

El caso de José Rosario Bonano es uno más de los muchos casos de estafa y robo al Estado ejecutados en la administración de Zelaya.

A mediados de diciembre del 2014, el Juzgado de Letras de lo Penal giró orden de captura en contra de Bonano, por suponerlo responsable de múltiples daños a la administración y el erario público.

La medida fue dictada por el caso que desde 2011 sostiene la Fiscalía Especial contra la Corrupción en su contra, basado en el Informe Especial de Obras Públicas del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Durante el proceso se le ordenó librar una fianza de 13 millones de lempiras, cuota que pagó en enero del 2015. Ello le permitió defenderse en libertad.

El pueblo hondureño esperaba que el Tribunal de Sentencias emitiera un fallo justo y que se castigue a los culpables de dañar la administración pública y robar los dineros del pueblo. También esperaba que se investigue todos los casos de corrupción del gobierno de Zelaya Rosales, un gobierno corrupto que aún vive en la impunidad amparado en la amnistía otorgada mediante los Acuerdos de Cartagena de Indias.

Pero los Acuerdos de Cartagena estipulaban amnistía por delitos políticos, no por delitos contra la administración pública.

Queda esperar la reacción de la MACCIH a este fallo.

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