El pasado 27 de enero, el Embajador de los Estados Unidos en Honduras, James Nealon, anunció que su país está listo para hacer efectivo el primer desembolso del presupuesto aprobado por el Comité de Adjudicaciones de la Cámara Alta de los EE UU el 12 de julio del 2015, para la ejecución del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.
La cantidad acreditada sería correspondiente al 25% de la totalidad aprobada (673.5 millones de dólares), es decir, unos 125 millones de dólares que se distribuirán entre los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero el funcionario norteamericano, como tampoco el Coordinador General del Gabinete de Gobierno, Ramón Hernández Alcerro, no han brindado hasta la fecha mayores detalles sobre cómo, cuándo y para qué se estarían distribuyendo los fondos.
En entrevista concedida por la vice-Ministra de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora a la prensa nacional: «Hemos recibido la notificación de un primer desembolso que correspondería a un 25 por ciento. Recuérdese que para el 2016 los fondos aprobados para los tres países eran de 750 millones de dólares, de los cuales unos 125 millones serán asignados al Gobierno de Honduras».
La noticia de la “ayuda” económica para la región llega en un momento crítico y pletórico de conflictos sociales, narcotráfico y criminalidad, que mantienen en jaque a los tres países involucrados en el pacto.
El Salvador vive una de las peores épocas de violencia, corrupción y criminalidad desde que en 1992 se firmaran los Acuerdos de Paz que ponían fin a la guerra civil que azotó al país durante más de una década, que dio como resultado, entre muchas otras cosas, la creación de un instituto político para que los excombatientes inconformes con el tradicionalismo, se agruparan en el mismo para una oposición democrática. De allí surgió el Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN que en 2009 logró su primera victoria electoral frente al partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA.
A pesar de ello, y muy lejos del discurso revolucionario, de transparencia y de no tolerancia frente a la corrupción, los dos gobiernos farabundistas de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, han sido ampliamente cuestionados por su prácticas económicas y fiscales, por su no transparencia en la administración pública y por la enorme debilidad institucional del Estado, provocando así una crecida criminal sin precedente en El Salvador, al punto de verse en la necesidad de negociar con las bandas criminales (maras o pandillas), ante la imposibilidad de los gobiernos de frenar la violencia y la criminalidad. Tanto es así, que el ex-Presidente Mauricio Funes, vive ahora en la clandestinidad y en el exilio, producto de las severas acusaciones por corrupción de los fondos públicos que enfrenta en su país.
En un contexto centroamericano de difícil gobernabilidad, de gobiernos corruptos y democracia dubitativa, la República de Guatemala tampoco enfrenta una posición más favorable bajo el actual gobierno de Jimmy Morales, quien fue electo Presidente del país luego de los muchos actos de corrupción descubiertos al gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Con el enjuiciamiento y encarcelamiento de éstos, el actor y empresario —devenido en outsider de la política guatemalteca—, se presentó como opción para optar a la Presidencia de la República guatemalteca por el Partido FCN-Nación, resultando electo para ese cargo el 25 de octubre del 2015.
En el presente, su gobierno enfrenta sendas críticas de la ciudadanía, y se lo acusa de nuevos actos de corrupción. Así lo describen Martín Rodríguez Pellecer y Javier Estrada en el periódico digital Nómada:
«El tsunami alcanzó a la familia del presidente Jimmy Morales. Su hijo mayor, Juan Manuel Morales, que entonces tenía 19 años; su hermano y socio, Sammy Morales; y su compadre y diputado, Gilmar Othmar Sánchez; están investigados por la CICIG y el MP para ver si se beneficiaron de la corrupción del gobierno del Partido Patriota en 2013. Esto es lo que sabemos, hasta ahora, sobre un caso que corre el riesgo de acabar con el escaso poder político (e incluso el gobierno) de Jimmy Morales[1]».
Honduras no es la excepción. El país vive una época de expectación, violencia y criminalidad como nunca antes, y al igual que en El Salvador y Guatemala —en menor medida— las asociaciones criminales, particularmente las maras o pandillas, han sumido al país entero en un escenario desfavorable para la seguridad ciudadana y la credibilidad del gobierno mismo. Esto, sin contar con el adverso panorama político que desde mediados del 2009 ha causado diversos males a la nación.
Dentro de todo este desesperanzador contexto centroamericano, el “punto de i” lo puesto el actual Presidente de la República y el actual partido de gobierno, que como ya hemos explicado en una importante cantidad de crónicas publicadas en El Pulso, se han impuesto abruptamente ante el resto de la clase política, implantando un nuevo modelo reeleccionista que una vez más deja al descubierto la evidente debilidad de las instituciones públicas y la fragilidad del Estado de Derecho.
No obstante todos estos problemas regionales, El Salvador, Honduras y Guatemala tiene en común otro gran problema: el flujo incesante de la migración de sus ciudadanos hacia los Estados Unidos, un problema que desde hace décadas enfrentan, pero que paradójicamente ha dejado de ser visto como tal, en vista de las onerosas ayudas económicas que los dineros enviados por los migrantes hacia sus países significa para sus debilitadas economías. Sólo en Honduras, unos 3,000 millones de dólares llegan cada año producto de las remesas familiares enviadas por los migrantes; lo que supone una de las fuentes de ingresos más importantes para la economía nacional.
¿Qué es entonces el Plan de la Alianza para la Prosperidad (APP) y en qué beneficia al Triángulo Norte de Centroamérica?, este es un proyecto presentado por el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández —con el apoyo de El Salvador y Guatemala— ante las autoridades de los Estados Unidos con el fin de que éstos brinden su apoyo económico a los gobiernos de la región, para que éstos, a su vez, puedan crear las condiciones necesarias de seguridad, educación, empleo y programas sociales que le permitan a los centroamericanos desarrollar sus actividades económicas y sociales dentro de su país, y así poner fin al gran éxodo migratorio. Sólo en Honduras, unas 75 mil personas (hasta el 2014) salían con rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal, en busca de seguridad, justicia, trabajo y mejores condiciones de vida.
Según los presidentes Hernández, Sánchez Cerén, Morales, esta iniciativa ha estado motivada principalmente por el gran incremento del número de personas migrantes de éstos tres países, particularmente de los “niños migrantes” que han sido noticia en el mundo en los últimos años.
En el informe sobre la propuesta presentada por el gobierno de Honduras, se resalta que los propósitos fundamentales del mismo son:
«La búsqueda de la paz y erradicación de la violencia; la generación de empleo, competitividad y productividad; el desarrollo humano, reducción de desigualdades y protección social; la transparencia y la modernización del estado[2]».
En el caso de Honduras, según el mismo informe: «el Plan APP se fundamenta en el Plan de Gobierno 2014-2018: “Plan de Todos para una Vida Mejor”, y está enmarcado en los objetivos, metas y lineamientos de la Visión de País y el Plan de Nación»; y la propuesta se relaciona con los resultados globales del Plan de gobierno, sobre todo con: «la creación de mejores oportunidades para la población más pobre, mediante el fomento de la actividad económica y el desarrollo del capital humano, y la reducción de los índices de violencia y criminalidad».
La focalización del proyecto se desarrollará en dos momentos: identificación y selección. El momento de identificación abordará las variables: migrantes, homicidio, pobreza, participación el mercado laboral y potencialidad económica. Por su parte, el momento de selección estará orientado a: la incidencia de migrantes alta y media; la tasa de homicidios superior al promedio nacional; la cercanía de un corredor logístico, carretera principal, ciudad principal o zona franca; la tasa de participación en el mercado laboral (TPML) menor a la TPML promedio; y la inclusión de municipios que no cumplen con algunos de los criterios mencionados.
Hasta ahora, las únicas declaraciones del Coordinador General del Gabinete de Gobierno, Hernández Alcerro tienen relación directa con lo expresado por la vice-Ministra de Finanzas y las propias palabras del Embajador Nealon:
«Vamos a hablar con el Ministro Hernández Alcerro y entregar los primeros fondos de la Alianza…es una cifra importante de 125 millones de dólares, el primer pago de la Alianza, así que estamos muy orgullosos de poder anunciar que los fondos han llegado», expresó el funcionario.
Aún más, los primeros fondos de la APP llegan a Honduras cuando sólo han pasado un par de días desde que el gobierno anunciara la contracción de un nuevo préstamo de unos 20 millones de dólares otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo Económico, para la ampliación y mejoramiento de la carretera CA-5, concesionada a la Comisión Vial (COVI), y para cuyo desarrollo el pueblo hondureño ha pagado y paga sendas cantidades de peaje diario. Un desacierto más del presente gobierno.
El Gobierno de Honduras deberá rendir cuentas y rendir frutos al pueblo hondureño sobre la utilización de los fondos adquiridos con BID, así como de la utilización y rendimiento no sólo de este primer desembolso que ha hecho Estados Unidos de los fondos de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Así lo espera es la país entero.
Citas al pie.
[1] “Por qué esto podría ser el final de Jimmy (y Jafeth). En: https://nomada.gt/por-que-esto-podria-ser-el-fin-de-jimmy-y-jafeth/
[2] Leer más sobre este tema en: http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2015/06/PPT_ALIANZA_PARA_LA_PROSPERIDAD-Honduras.pdf
