Porqué Honduras es un Estado semi-privado

EGO11 julio, 2017

El fortalecimiento del sector privado en salud, telefonía, energía, educación y vivienda se corresponde con el detrimento de los servicios públicos en esos ramos. La idea que «lo privado es mejor y más efectivo que lo público» se impone cada vez más en la mentalidad hondureña. El Estado hondureño es un Estado semi-privado.

La privatización de las empresas públicas dio inicio con la implantación del Estado neoliberal en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, pero comenzó a tomar forma durante la administración de Carlos Flores Facussé.

Entre 1982 y 2009, 5 de los 7 gobiernos nacionales correspondieron al Partido Liberal, pero eso no impidió que una vez que los nacionalistas recuperaron el poder tras el golpe de Estado, el modelo se estancara. Al contrario, se ha potenciado al máximo.

La administración estuvo en constante conflicto con los sectores productivos y económicos por el aumento del Impuesto sobre la Renta del 7% al 12%, con lo que el gobierno estimaba recaudar unos 2,000 millones de lempiras más.

La inflación había llegado a los niveles del 1997, alcanzando un 12.8%,  el Presupuesto General de la República había aumentado unos 952 millones de lempiras con respeto de los años pasados; mientras que el déficit fiscal fue de 1,100 millones.

En su gobierno se insistió sobre la capitalización de Hondutel, en la revisión de los contratos públicos celebrados por la ENEE, pero también en la posibilidad de privatizar muchas de las empresas públicas como las mencionadas para el «respiro del gobierno».

Foto Televicentro.
Foto Televicentro.

Según el informe de del Instituto Nacional de Estadística, 9 de cada 10 hondureños hacen uso de la telefonía celular que brindan las empresas privadas como Claro y Tigo, y aunque ambas están sujetas a contratos con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la propia Hondutel, siguen siendo servicios privados (la telefonía) que antes hace poco más de una década eran públicos.

¿Por qué el gobierno de Ricardo Maduro no implementó un plan de telefonía celular regido por Hondutel?, ¿acaso no hubiese sido ese un plan de rescate financiero para una institución moribunda?, el gobierno de Maduro no tenía interés en fortalecer a la empresa pública.

Al contrario, él fue uno de los principales ideólogos del neoliberalismo instalado en el gobierno de Callejas, pues había fungido como director de la campaña presidencial de éste, y una vez obtenida la victoria, fue nombrado Presidente del Banco Central. Desde ahí se planeó el nuevo modelo, que entre otras cosas proponía —como la CONADI, pero más serio— la fusión público-privada.

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En 1996 CONATEL registraba un aproximado de 2,276 líneas telefónicas en todo el país. Todas eran del Estado. Ello es nada comparado con las 8 millones de líneas que se registran hoy día. De toda esa cantidad, la telefónica hondureña (HONDUTEL), participa de poco menos del 1%.

En el ramo de la educación son cada vez más las instituciones privadas que ofrecen este servicio, y de ese modo la educación pública se reduce considerablemente año con año.

Hasta finales del 2014 se registraban más de 700 instituciones privadas de enseñanza bilingüe, y debido a ello Honduras en el país centroamericano con mayor población bilingüe.

El boletín especial de la Secretaría de Educación, publicado en agosto del 2016, estima que en total son 67, 391 estudiantes los que asisten a clases en las escuelas bilingües del país. Según datos de la Secretaría de Educación, «las escuelas y colegios están presentes en todos los departamentos del país, y esto ha hecho que Honduras se posicione en uno de los países de Centroamérica con mayor cobertura de la enseñanza del inglés en niveles escolares».

A nivel nacional hay un total de 449 centros de modalidad de enseñanza bilingüe-privados. Solo en Francisco Morazán hay 108 escuelas y colegios con 21,757 alumnos.

Educación-pública

Mientras tanto, «al menos 11 centros educativos capitalinos de la jornada nocturna pública serán fusionados a partir del próximo año 2017 debido a la baja matricula que poseen dichas instituciones», así lo dio a conocer Miguel Gómez, Director Departamental de Educación en Francisco Morazán.

«La jornada nocturna de estos institutos tiene muy baja matrícula y en estos casos lo que corresponde es cerrarlos porque se está desaprovechando el personal docente que puede ser utilizado en otros centros que se necesitan», explicó.

La verdad de los cierres y fusiones, así como de las bajas matrículas es muy distinta a la explicada por Gómez; la falta de alumnos en las jornadas nocturnas —otrora multitudinarias— se debe a la inseguridad, la violencia y el crimen. Se debe al temor de la ciudadanía.

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La educación superior corre el mismo destino. La exclusión de miles de aspirantes a primer ingreso en la UNAH — a través de las PAA— debilita la educación superior y fortalece las carteras de las universidades privadas. Éstas se benefician de una enorme cantidad de jóvenes que al no ser admitidos en la UNAH, ingresan cada año a las aulas de las universidades privadas. Pero la calidad educativa  de la mayoría de éstas es constantemente cuestionada.

Cuando consultamos a la población del centro de Tegucigalpa sobre a qué centros asistenciales prefieren asistir, la mayoría coincidió que las clínicas, «porque en los hospitales públicos nunca atienden a la gente de buena manera, hay que hacer filas interminables y nunca hay medicinas para nadie. Mientras que en las clínicas privadas uno no pierde el tiempo, va a lo que va», dice Julieta Castillo, una ex-maestra jubilada.

Esa idea de lo privado sobre lo público es una idea generalizada, pero es una idea construida desde el Estado para fortalecer al sector privado.

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Lo mismo que en el sector salud, telefónico y educativo ha pasado en el sector energético, donde Honduras ha pasado de ser gran proveedor de energía de Centroamérica —desde la construcción del El Cajón en 1985—a ser un Estado dependiente de las empresas térmicas. También la energía está privatizada.

Que los hondureños aceptemos que los servicios privados son mejores que los públicos, y que les demos prioridad, no solo es inconveniente, también es una renuncia al derechos que tenemos de tener y recibir los mejores servicios públicos. El derecho que tenemos a tener gobiernos eficaces, efectivos.

Ese es el gran sentido de los gobiernos como administradores del Estado, como representantes del Estado ante el pueblo.

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