Artículo de: Arturo Matute
Analyst, Guatemala.
Crisis Group, international.
La lucha contra la corrupción en Guatemala corre peligro tras el intento del presidente Morales de expulsar al jefe de una sumamente efectiva organización anticorrupción respaldada por la ONU. En las preguntas y respuestas a continuación, el analista en Guatemala de Crisis Group Arturo Matute afirma que una élite corrupta está librando una batalla para mantener su posición privilegiada.
¿Qué está sucediendo en Guatemala?
Un extraordinario y esperanzador interludio de dos años en uno de los países más corruptos de Centroamérica podría estar llegando a su fin.
El principal revés tuvo lugar el viernes 25 de agosto de 2017, durante una reunión que había solicitado el presidente Jimmy Morales con el secretario general de la ONU António Guterres en Nueva York. Morales señaló su intención de expulsar a Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU. Morales protestó que Velásquez había interferido en la política de Guatemala al hacer un llamado a favor de reformas constitucionales y explotar la cobertura mediática de procesos judiciales. A su regreso a Guatemala, declaró a Velásquez persona non grata y ordenó su expulsión inmediata del país.
Esto supone un duro golpe para los avances logrados en la erradicación de la corrupción del sistema político de Guatemala entre 2015 y 2017, gracias a una combinación de protestas populares, un nuevo presidente, un valiente juez externo y una corriente de apoyo al cambio entre la creciente clase media educada.
Los guatemaltecos aún no están dispuestos a volver a las viejas costumbres. Dos días después, el 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad – el máximo tribunal de Guatemala sobre asuntos constitucionales – suspendió temporalmente la orden del presidente Morales. Algunos miembros del gobierno dimitieron en protesta contra la medida de Morales, notablemente el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud y la mayoría de sus viceministros. Las plazas de la Ciudad de Guatemala se llenaron de manifestantes en apoyo a Velásquez, mientras que otros grupos de manifestantes expresaron su apoyo por la medida de Morales contra el comisionado de la CICIG. El 29 de agosto, la Corte de Constitucionalidad revocó la orden de expulsión.
No está claro que va a pasar a continuación. El lunes 28 de agosto, el presidente de Guatemala anunció en las redes sociales que respetará las resoluciones de los organismos judiciales. Si bien el hecho de que haya adoptado esta postura es positivo, no significa que vaya a poner fin a sus esfuerzos por asegurarse de que Velázquez se vaya del país y por frenar la influencia de la CICIG.
¿Por qué ha actuado el presidente Morales en contra de la CICIG?
La CICIG – que fue propuesta por la sociedad civil guatemalteca, entró en funcionamiento en el 2007, y actúa a través de la fiscalía general – se ha mantenido firme en su lucha contra la corrupción en Guatemala. Uno de los ejes centrales del éxito reciente de la CICIG ha sido Velásquez, un valiente ex juez con amplia experiencia en los esfuerzos contra la corrupción política en su Colombia natal. Velásquez ha cambiado el enfoque de la CICIG de una misión más general de lucha contra la impunidad hacia un mandato más específico centrado en la lucha contra las tramas de enriquecimiento ilícito. Ha liderado investigaciones sobre financiamiento político y corrupción, como resultado de las cuales casi doscientos acusados enfrentan investigaciones y juicios tan solo este año. La mayoría de ellos se encuentra actualmente en prisión preventiva, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Los actores tradicionales corruptos que en el pasado se han beneficiado del sistema político amañado de Guatemala han llevado adelante una campaña implacable contra la CICIG. Morales llegó al poder tras la ola de indignación que experimentó el país ante las revelaciones sobre el alcance y profundidad de un escándalo de corrupción de alto nivel en 2015 que obligó al anterior presidente, Pérez Molina, a renunciar. Desde entonces, se ha visto intensamente presionado por elementos de la élite política y empresarial de Guatemala para que revise su actitud, inicialmente de apoyo, hacia la agenda de reforma de la CICIG, y se oponga a la campaña anticorrupción.
Morales logró alcanzar un cierto equilibrio, pero varios acontecimientos recientes alteraron su cálculo político. El 25 de agosto, el mismo día que Morales voló a Nueva York, la CICIG y el Ministerio Público (la fiscalía general de Guatemala) presentaron formalmente una solicitud ante la Corte Suprema para retirar la inmunidad presidencial de Morales, un paso necesario previo a una decisión final por parte del Congreso (su inmunidad fue levantada el 4 de septiembre por la Corte). Afirmaron que existen motivos suficientes para investigar a Morales por el financiamiento ilícito de su campaña presidencial de 2015, en concreto $900.000 dólares en contribuciones no declaradas. Era la primera vez en la presidencia de Morales que la CICIG ponía la mira en el presidente, lo que dejó en claro a Morales que su supervivencia política podría estar amenazada. Antes que atenerse a su anterior postura equilibrada, el presidente siguió el consejo de elementos de las élites empresariales y políticas y se dispuso a defender su propio mandato en peligro buscando la expulsión de Velásquez.
¿Por qué es importante la expulsión del jefe de la CICIG?
El futuro de la comisión de lucha contra la corrupción está estrechamente ligado al desarrollo del país como un Estado democrático. Desde el escándalo de corrupción de 2015, la CICIG ha sacado provecho de las repercusiones políticas del colapso del anterior gobierno. Ha buscado lograr cambios duraderos apoyando propuestas para reformar la constitución y reforzar la independencia del sistema judicial.
Pero Guatemala se ha visto atrapada en una continua crisis política entre dos bandos. Por un lado, hay actores sociales, políticos y empresariales que apoyan los esfuerzos de la CICIG por fortalecer las instituciones de justicia de Guatemala. Por otro lado, hay un grupo de actores tradicionales, conservadores, que buscan mantener su posición privilegiada. Controlan los puertos y las oficinas de aduanas, mantienen vínculos con el crimen organizado y están involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de personas y de drogas. Han ejercido considerable poder e influencia sobre varias instituciones del gobierno durante muchos años.
El trabajo de la CICIG también ha generado discordia en el principal grupo de la élite empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Dentro de la organización, que tradicionalmente ha presentado un frente público unido y ha sido un actor poderoso en Guatemala, los industriales y comerciantes más jóvenes que apoyan la agenda anticorrupción de la CICIG están enfrentados a otros que buscan reducir el riesgo de que ellos mismos sean enjuiciados. La reciente medida del presidente Morales para debilitar la agenda anticorrupción hará que sea más difícil para la organización empresarial mantener su postura unificada.
El apoyo de la CICIG al sistema judicial mediante asesoramiento técnico y colaboración directa destinada a exponer grandes tramas de corrupción ha catalizado modificaciones previamente impensables en el ordenamiento jurídico de Guatemala. La expulsión de su jefe habría representado un importante retroceso en la lucha contra la corrupción, validando las afirmaciones de que la CICIG ha excedido su mandato, cuando en realidad lo está cumpliendo firmemente. Podría incluso haber servido como un peldaño hacia una “restauración conservadora” – un retorno a las antiguas costumbres más corruptas – en el sistema político del país, dañando la imagen favorable del país en América Latina como un caso relativamente exitoso. Tal resultado habría asegurado a otros líderes regionales que podrían continuar actuando con impunidad y combatir cualquier esfuerzo por establecer una entidad similar a la CICIG en su país. Finalmente, habría significado que incluso la herramienta más innovadora de cooperación internacional para fortalecer el Estado de derecho, la CICIG, no tiene suficiente fuerza para quebrar un sistema corrupto profundamente arraigado.
¿Cuáles son los próximos pasos y potenciales riesgos?
La decisión provisional de la Corte de Constitucionalidad de impedir la expulsión de Velásquez ya es definitiva. La sentencia final de la corte consideró que la orden violaba la constitución porque solo había sido firmada por el presidente, y no por todos sus ministros. Si bien algunos observadores especulan que se trata meramente de una medida temporal para guardar las apariencias aprobada por la ONU y Morales a fin de evitar un conflicto directo, y que Velásquez a la larga aún será destituido, por ahora el presidente ha tenido que dar marcha atrás.
Estas son buenas noticias. Si bien existe el riesgo de que Morales pueda intentar asumir más poder a la luz de esta crisis, la posibilidad que se inicien acciones legales en su contra y la considerable oposición pública a sus acciones recientes podría reducir este peligro. Tampoco parece probable que Guatemala vaya a experimentar una reactivación de la violencia patrocinada por el Estado que asoló al país en el pasado. Tanto el ministro de Defensa, el general Williams Mancilla y el portavoz del gobierno Heinz Heimann han descartado la imposición de un estado de sitio o medidas punitivas contra quienes se manifestaron en contra de la decisión del presidente Morales de expulsar a Velásquez. El hecho de que el ministro de Gobernación Francisco Rivas, un exabogado de confianza, haya mantenido su cargo, sugiere que se pueden evitar los métodos de mano dura. El ejército también se ha visto debilitado en los últimos años y ya no es un actor político decisivo.
Ahora bien, las protestas podrían intensificarse. Por ahora, la participación generalizada sigue sin alcanzar el nivel de movilización sin precedentes observado durante el escándalo de corrupción de 2015. Sin embargo, si llega a haber un futuro intento de destituir a Velásquez o poner freno a la CICIG, esto podría desencadenar un malestar más amplio. Aún más importante tal vez, sea el hecho de que aún está por verse qué hará ahora Morales para resistirse a los pedidos de la CICIG de que se le retire la inmunidad frente al enjuiciamiento por financiamiento ilícito de campañas.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional?
EE.UU. tiene importantes intereses en Guatemala, a los que altos funcionarios estadounidenses a menudo se refieren como una preocupación en materia de seguridad nacional. La Unión Europea (UE) también tiene un interés en Guatemala. Ha brindado tanto apoyo financiero a la CICIG como EE.UU. Tanto la UE como EE.UU. han manifestado claramente su oposición a la acción de Morales, la UE mediante comunicados en contra de la decisión de Morales, EE.UU. a través de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, así como de varios miembros del Congreso. Ambos, junto con otros países, deberían seguir apoyando la posición de Velásquez, pero sin adoptar un enfoque demasiado robusto que sería visto como una injerencia. Ante semejante presión, es posible que Morales ya se haya dado cuenta de que ha cometido un error político, y tendrá que diseñar estrategias menos provocadoras para evitar la amenaza de enjuiciamiento y el final prematuro de su presidencia. También querrá evitar alienar excesivamente a EE.UU. dado el riesgo de represalias por parte de Washington, en particular la interrupción de su ayuda financiera a la zona del Triángulo Norte.
Para la comunidad internacional, la CICIG es un estudio de caso singular en materia de apoyo internacional al sector judicial en una democracia débil. Queda por ver si la CICIG tendrá la fuerza necesaria para hacer frente al poder de un sistema corrupto nacional bajo amenaza. Pase lo que pase, las medidas para depurar el sistema de Guatemala deberían partir de las instituciones guatemaltecas, no de la evidente imposición directa de poderes foráneos, y la comunidad internacional debería demostrar su confianza en ellas y en los ciudadanos del país. A lo largo de la última década, la CICIG ha demostrado su capacidad de actuar de forma eficaz, a pesar de que ahora se vea amenazada por quienes se exponen a perder dinero e influencia, o quienes buscan justificar la defensa de sus intereses denunciando la intervención extranjera en un Estado soberano. Eso en sí mismo es un indicador del éxito de la CICIG, que puede y debe reproducirse en otros países latinoamericanos.
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