GOBIERNO INTENSIFICARÁ CAMPAÑA CONTRA PANDILLAS

TEGUCIGALPA. El reciente traslado de reclusos de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, hacia «El Pozo», la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, a unos 400 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, podría ser el preludio de un recrudecimiento inédito de la guerra en contra de las pandillas. Así lo calificó un experto en materia de seguridad consultado por El Pulso, que al no estar autorizado para hablar con la prensa pidió...
Redacciónseptiembre 26, 2016

TEGUCIGALPA.

El reciente traslado de reclusos de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, hacia «El Pozo», la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, a unos 400 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, podría ser el preludio de un recrudecimiento inédito de la guerra en contra de las pandillas.

Así lo calificó un experto en materia de seguridad consultado por El Pulso, que al no estar autorizado para hablar con la prensa pidió mantener su nombre en anonimato y al que en este artículo llamaremos «M».

«Mi lectura es que se avecina un remezón duro» —dijo M, quien considera que esta campaña surge como parte de la asesoría que oficiales colombianos prestan al estado de Honduras.

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Un total de 37 reclusos considerados de los más peligrosos cabecillas de maras y pandillas, fueron trasladados vía aérea el pasado 19 de septiembre, hasta la cárcel de «El Pozo» en Santa Bárbara. En ese momento el presidente Juan Orlando Hernández expresó que «es una cárcel muy segura en donde será imposible que estos privados de libertad sigan realizando actividades delictivas».

Eso, porque autoridades de Seguridad del país coinciden al decir que muchos de los delitos que azotan a la población hondureña se manejan desde la cárcel. Un problema que a pensar de las distintas acciones tomadas al respecto —como bloquear la señal de celular en los centros penales—, no parece disminuir.

«En la cárcel El Pozo los criminales de alta peligrosidad permanecerán recluidos en celdas de una sola persona, en solitario, evitando continúen agrediendo a la sociedad», dijo el presidente Hernández en conferencia de prensa, al tiempo que calificó a los prisioneros trasladados a Santa Bárbara, como los principales cabecillas de pandillas en el país.

«Esos que aislaron son sólo una parte de los “toros” —dijo M, mientras hablaba, miraba para un lado y para el otro, como buscando alguien conocido entre la gente que pasaba por el pasillo del centro comercial—, pero en realidad son 132 los que tienen identificados como jefes territoriales de maras. Están tocando a estos para ver cómo reaccionan los que quedaron adentro, si van a reivindicar los derechos de sus colegas o se van a hacer los papos para que no se los lleven también a ellos. Están experimentando cómo reaccionan. Pero seguro habrá reacción».

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¿Qué tipo de reacción?

«Ya hubo un primer escenario, cuando el gobierno comenzó a atacar a las maras, mataron como 32 mareros y hubo como 20 quemas de buses. Hasta ahorita la reacción de las maras ha sido quemar buses y matar choferes, pero puede ser que ellos cambien de táctica. Todavía no han tocado sectores sociales, como matar diputados o empresarios, solo buses.  Pero eso puede cambiar».

¿Masacres? ¿Habrá más masacres? 

M revisa su teléfono celular y lo guarda en una pequeña bolsa de cuero que carga con sigo.

«La mayor cantidad de masacres que han habido este año, más de 20, han sido en su mayoría de gente inocente, ni siquiera eran delincuentes, uno era quizás delincuente y los demás se fueron de chiripa. Esas masacres son reacciones de la mara ante la puya. Los están puyando realmente. Tiene que ver también con la depuración de la policía, porque la policía protegía a la MS y cuando enfrentaba a la mara enfrentaba a la 18, porque la 18 extorsiona y la MS vende droga».

¿Trasladan a los mareros para depurar a la policía?

«La policía no está depurada, la policía sigue protegiendo a líderes de las pandillas, porque saben mucho y los protegerán hasta que puedan y sino los matarán. Él (presidente) sabe que ese es el problema más complicado, incluso para una nueva policía si logra depurarse. Detrás de todo esto lo que va a haber es un noviembre o diciembre negro, fuerte. Un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del gobierno y las pandillas. El presidente está preparando a la sociedad hondureña para que salga a la defensa de eso,  independientemente de que haya violación a los Derechos Humanos, que lo vea como algo necesario. Esto tiene dos cosas, es una política que él cree debe hacerse y además es parte de la campaña política».

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A partir del 22 de septiembre, comenzaron a salir a la luz pública las condiciones de vida en El Pozo. Expresiones como: «Hace calor hermano, hace mucho calor», «Esto es un infierno, sáquennos de aquí» de los internos, acompañan las descripciones detalladas que la prensa reproduce de los tratos a que son sometidos los presos en las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad.

«En el interior de los módulos es imposible acceder a la luz solar. Desde la cabina de controles, el agente penitenciario enciende y apaga las luces artificiales. Las celdas permanecen a oscuras y se encienden solo si un agente penitenciario debe ingresar a la misma. El reo de alta peligrosidad no puede ni siquiera ver el cielo. Estos cabecillas de pandillas ya no tienen control sobre lo que pasa en el exterior de la prisión. Cada celda permanece a oscuras y sin aire acondicionado. No hay espejos de vidrio, no hay televisión, no hay radio, no hay libros que leer. El infierno es poca cosa». (La Tribuna, 22 de septiembre de 2016. http://www.latribuna.hn/2016/09/22/el-pozo-es-un-infierno/).

La población, sin embargo, parece aplaudir el infierno que viven los prisioneros. En los foros de los principales periódicos del país y en las llamadas al aire de los tele y radio foros, se escuchan expresiones como «hay que dejar que el Sr. Hernandez nos gobierne por 4 años más para que siga haciendo cosas grandes», «nos saldría mucho mas barato montarlos en los helicópteros, hacer un solo gasto de combustible y tirarlos al mar para que los tiburones les hagan justicia», «al fin, por lo menos esta cárcel se mira como castigo para los que han cometido actos atroces y me imagino los reos evitaran llegar ahí porque eso si es castigo, no así en el resto de las cárceles donde pasan muertos de risa, a sus anchas y son amos y señores del presidio».

El abogado de izquierda Fredín Fúnez coincide con lo que plantea M. Para él, el traslado de reos de alta peligrosidad a un nuevo centro penal de máxima seguridad, no es más que una campaña electoral del presidente Hernández.

«Con el pasar de los días vamos a ver que pasará lo mismo que pasa en los centros penales actuales, (en donde) los privados de libertad tienen el control» —dijo el abogado Fúnez.

«(El presidente Juan Orlando Hernández) está traficando con los grandes problemas del pueblo para hacer campaña, primero porque no es una cosa nueva la crisis en los centros penales y otro porque esta demostrado que todo lo que han hecho en materia de seguridad ha sido un completo fracaso» —agregó.

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Según el abogado Orle Solís Meraz, Comisionado del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREV, actualmente hay dieciséis mil novecientos sesenta y dos (16,962) privados de libertad en Honduras, y la capacidad de los Centros Penales es de ocho mil (8,000) personas. La Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto se construyó para 2,500 y tiene 4,700 personas; el centro penal de San Pedro Sula fue construido para 800 y tiene 3,099 privados de libertad.

El gobierno de Honduras, a través del titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), Leonel Ayala, anunció en agosto pasado que la prioridad del gobierno es descongestionar los centros penales del país. Para eso se han construido los nuevos centros penales de Ilama, en Santa Bárbara y el de Morocelí, El Paraíso, que están listos para albergar a 3,000 privados de libertad. Seguidamente se continuará el centro penal de Naco, en Cortés, para el cual está previsto un desembolso de aproximadamente 50 millones de lempiras, permitiendo que haya disponibilidad para otros 3,000 reclusos.

«Para mí este es un nuevo capítulo en la escena de Seguridad. El presidente ya se dio cuenta que el problema de las pandillas va más allá que la depuración de la policía» —dijo M, calificando a las maras y pandillas como un problema más grande que el narcotráfico.

«El narcotráfico se logró silenciar porque se tocó al 10% de los narcos grandes, los otros están tranquilos haciendo su negocio sin meterse con nadie. —Dijo M, reconociendo que el negocio del lavado aún no se toca—. Él (el presidente Hernández) se ha dado cuenta de que eso se puede controlar de otra forma. Pero para las maras no hay una receta, ni El Salvador lo ha podido hacer, ni Guatemala».

El gobierno de El Salvador lanzó recientemente una fiera campaña en contra de las pandillas que ha cubierto de sangre a la comunidad cuscatleca, misma que según el experto en seguridad parece servir de modelo para las acciones que el gobierno de Honduras haría en los próximos meses. Según M, se han registrado 2,800 homicidios en los últimos 100 días en El Salvador, en enfrentamientos entre policías y pandilleros, a lo que califica como una «limpieza social».

«La diferencia es que en El Salvador ellos están aplicando la política como gobierno, aquí vienen los colombianos que están aplicando la política que usaron para los sicarios del narcotráfico cuando acá es una realidad muy distinta. En Colombia no habían mareros como acá, había sicariato joven, aliados de los narcos, pero no había extorsión a nivel de pequeños negocios» —dijo M.

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En un artículo publicado en noviembre de 2015 por la Universidad Militar Nueva Gradana en el Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos titulado «Cooperación técnico militar del ejército colombiano al ejército de Honduras» escrito por Jaime Alberto Casallas Ruiz, especifica que Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras celebraron un tratado de libre comercio el 12 de noviembre de 2009, el cual entró en vigor el 27 de marzo de 2010 entre Colombia y Honduras, y aunque el tratado celebrado fue netamente económico, hace énfasis en la cooperación internacional que los dos Estados deben realizar para el desarrollo.

«Desde el 2013 la Cancillería y el Ministerio de Defensa de Colombia han encabezado el desarrollo óptimo de la cooperación militar, a través de la capacitación en la lucha contra el narcotráfico, fenómenos criminales, fortalecimiento de la capacidad militar, derechos humanos y derecho internacional humanitario, entre otros, implementado cerca de 90 actividades para lograrlo. Este año se capacitó a 7.679 oficiales de varios países, siendo Honduras uno de los principales beneficiados (…) La capacidad y experiencia que tiene Colombia permite transferencias de información, materiales, tropas o entrenamiento con fines estratégicos militares, por medio de la cooperación estratégica militar que para Honduras representa una ayuda para la lucha contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de armas y explosivos. Colombia, al ser un referente en dichos temas ha realizado cooperación militar y de seguridad a varios países del mundo…

El documento nombra varios países con los que Colombia colabora militarmente a ser: Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Belice, Haití, Jamaica, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Argelia, Nigeria, México, Surinam, Kazajistán y Paraguay. El triángulo norte centroamericano, por sus condiciones de violencia, tiene un lugar especial en esa lista.

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Según el investigador social Tomás Andino en su artículo «La Guerra que viene», la línea de colaboración (entre Honduras y Colombia) es técnica policial.

«Es constante el ir y venir de asesores colombianos y de cuadros policiales hondureños a ese país para capacitaciones, intercambios de experiencias y asesorías en diferentes ramas de la actividad policial, especialmente en materia de inteligencia (…) Honduras y Colombia han comenzado a realizar ejercicios militares (…) Se ha registrado presencia en Honduras de las Fuerzas élites colombianas GAULAS…»

El mismo documento de Andino, describe como el gobierno norteamericano y por ende los gobiernos de Centro América, califican a las pandillas como una amenaza al orden político de la región. Esfuerzos como la Iniciativa Regional de Seguridad Centro Americana (CARSI por sus siglas en inglés), describen a las pandillas como una estructura que se «organiza como grupo paramilitar y se comporta como grupo insurgente», que requiere de una respuesta de iguales proporciones.

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«Siento que hay doble política de seguridad, una es la que maneja el Ministro y la otra la que manejan los colombianos»—continúa M, que especifica que desde hace seis meses hay un trabajo de inteligencia en cada barrio del país, advirtiendo que habrá una profilaxis que realizará ese sector de la policía que no esta depurado, para callar bocas de los mareros  que pueda incriminarlos en los procesos penales que van enfrentar.

«El gobierno tiene ya identificados a todos los que hacen narcomenudeo, jefes de mara de barrio, todavía les falta entender ciertos códigos pero el trabajo les permitirá pegar ahora los martillazos» —agrega M, concluyendo que de haber algo fuerte en la lucha en contra de las pandillas, va a ser este año, «para que no trastoque las elecciones internas».

One comment

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    octubre 8, 2016 at 11:44 pm

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Comentarios

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