Este martes 25 de septiembre se aprobó, con 115 votos a favor, once votos en contra y una abstención, la intervención del Registro Nacional de las Personas por medio de una comisión integrada por tres miembros propietarios, uno por cada una de las tres bancadas mayoritarias del Congreso Nacional (Partido Nacional, Partido Libertad y Refundación y Partido Liberal) y dos suplentes de las bancadas minoritarias. Las bancadas de Libertad y Refundación y Partido Nacional dieron su voto unánimemente a favor de la comisión, mientras que el Partido Liberal se partió en dos: diecisiete diputados apoyaron el dictamen de la comisión con los representantes que se incluyeron en el mismo, mientras que siete de ellos votaron en contra de los representantes. Un diputado liberal, Harry Panting, se abstuvo. Entre la algarabía del Partido Libertad y Refundación, que celebraba haber colocado, con ayuda de los votos unánimes del Partido Nacional, a su Secretario de Asuntos Electorales, Óscar Rivera, en el Registro Nacional de las Personas, una nube se cernía sobre el Partido Liberal.
Luego de los hechos antes mencionados, la controversia se desató a lo interno del Partido Liberal. De manera casi inmediata, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal anunció que se retiraba del diálogo nacional convocado por la ONU a raíz de la aprobación de este decreto –contradiciendo instancias previas donde se apoyaba la idea de la intervención al RNP–, y se reunió de emergencia hasta altas horas de la noche. Al día siguiente trascendió que los 17 diputados que votaron a favor de la comisión interventora (incluyendo a Bader Dip, quien no estuvo presente en la votación pero aún así fue expulsado y quien luego emitió un comunicado manifestando su confusión por lo atinente a él) habían sido expulsados sin derecho a defensa, y que la razón de la expulsión estribaba en que el representante del Partido Liberal que había sido aprobado no tenía la venia de las autoridades del partido, o, para ser más claros, no formaba parte del círculo que rodea al actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. La noticia fue confirmada por miembros del CCEPL que se encontraban presentes en la sesión extraordinaria del consejo, entre ellos Carolina Echeverría Haylock, ex diputada liberal.
Una vez anunciada la expulsión y ampliamente defendida en foros televisivos, publicaciones en redes sociales y hasta pronunciamientos de figuras aparentemente no partidarias, comenzó la polémica. El vaivén de acusaciones –a lo interno del Partido Liberal y de parte de Luis Zelaya hacia los otros dos partidos que formaron parte esencial de la aprobación– no se hizo esperar. Un remolino de descréditos volaban desde los adláteres de Luis Zelaya hacia los expulsados, que acudieron al Tribunal Supremo Electoral para resolver su situación, y hacia Libertad y Refundación, cuyos voceros no tardaron en responder, corregidos y aumentados, mientras el oficialismo se llamó a un silencio satisfecho. Presentada la denuncia de los expulsados ante el TSE, los miembros del CCEPL modificaron su discurso, afirmando que aún no se hacía formal la expulsión, sino que se trataba de una denuncia que tendría que resolver el Tribunal de Honor de su partido, quizás previendo el resultado de la denuncia de los diputados ante el TSE. El viernes por la tarde, el seccretario del Tribunal Supremo Electoral, Alejandro Martínez, comunicó que el CCEPL tenía cinco días para presentar las razones que impulsaron las acciones contra los 17 diputados expulsados. Al día siguiente, ante publicaciones que revelaban que el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, se reunió con Juan Orlando Hernández a través de Carlos Flores Facussé en su hogar, Zelaya publicó un video de 22 minutos con el fin de señalar el «pacto de impunidad» entre los previamente mencionados y Manuel Zelaya, colocando especial énfasis en el papel que Zelaya considera que ha jugado Flores Facussé en los hechos recientes. Hasta ahí tenemos el estado actual de la situación.
La fragmentación actual del Partido Liberal no se origina, naturalmente, de la votación para aprobar la intervención del Registro Nacional de las Personas, ni de la derrota sufrida en las elecciones generales de Noviembre de 2017. Históricamente, el Partido Liberal se ha nutrido de diferentes corrientes de pensamiento, que a su vez se han manifestado en distintos movimientos políticos, generando gobiernos liberales con características únicas a pesar de formar parte de un solo partido. Precisamente por ello, y aunque el sistema bipartidista que se instauró de manera más formal en 1982 facilitaba los acuerdos y las transiciones entre gobiernos liberales y nacionalistas, el Partido Liberal se encontraba en un proceso constante de negociación a lo interno del mismo, para unificar a los diferentes sectores aglutinados en el instituto político, fuera rumbo a una gesta electoral, para hacer gobierno o para construir en la llanura. El Partido Liberal nunca ha tenido un líder absoluto que dirimiera los asuntos de manera vertical; antes, bien, los líderes partidarios debían contar con la capacidad de establecer consensos por las vías que tuvieran a disposición.
Luego de la primera gran fragmentación del Partido Liberal en 2009, donde la falta de capacidad del entonces presidente Manuel Zelaya para establecer consensos con las otras corrientes de su partido alrededor de su proyecto de consulta popular degeneraron en un golpe de Estado que expulsó la fracción social, sindical y popular del partido hacia lo que se denominó como Frente Nacional de Resistencia Popular y que luego habría de convertirse, según los términos del Acuerdo de Cartagena, en una fuerza política electoral partidaria, el Partido Liberal se encontró vacío de liderazgos que estuvieran, en primer lugar, libres del escarnio del golpe de Estado, y, en segundo lugar, que fueran capaces de renovar y modernizar el partido frente a un escenario electoral inédito en la historia del país: la irrupción de dos nuevos partidos políticos. El ingeniero Elvin Santos, que en 2009 se aprestaba a una segunda victoria consecutiva del Partido Liberal, abandonó por completo la campaña después del 28 de Junio del 2009, y prácticamente desapareció del escenario político durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y la primera mitad del primer período presidencial de Juan Orlando Hernández; Mauricio Villeda, quien fungió como testaferro político del mismo Elvin Santos en 2008 y quien se hizo, de manera más o menos forzada, con la candidatura presidencial en 2012, centró su campaña alrededor de la figura de su padre, el presidente Ramón Villeda Morales, intentando quizás invocar el fantasma del golpe de Estado que martirizaba en Libertad y Refundación a Xiomara Castro, pero sin reconocer que los hijos del bono demográfico en Honduras desconocían el drama y la historia de su familia; líderes y caudillos locales, como Marlon Lara, Quintín Soriano y Carlos Miranda, que simplemente no daban la talla de una figura nacional que unificara al partido; éstas eran las opciones para encabezar al liberalismo.
Conscientes del magnetismo de los «outsiders» y buscando una alternativa «ready-made» para lavarle la cara al Partido Liberal, el CCEPL, con el padrinazgo de Mauricio Villeda, realizaron aproximaciones al entonces rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), el ingeniero Luis Zelaya, quien en algún momento albergó tenues esperanzas de rectorar la máxima casa de estudios del país, pero cuyo desconocimiento de la política dentro de la UNAH y falta de influencia lo dejaron fuera de juego. Se hicieron sondeos; se generaron encuestas; el liberalismo se «midió» la imagen de Luis Zelaya, a ver qué tal se veían. El ahora ex rector fue aprobado por la clase media que representaba, aunque nadie cuestionó su desconexión con la masa popular que son las mayorías de nuestro país: la misma desconexión que le impidió entrar al juego de la UNAH. Durante la campaña rumbo a las elecciones primarias, Luis Zelaya se mostró prudente, evitando atacar con demasiada frecuencia a sus contrincantes. El 12 de marzo de 2017, la mitad del liberalismo (56.88% según el TSE) le dio la candidatura presidencial. El 7 de mayo de 2017, en la convención nacional liberal, Luis Zelaya experimentó su único y verdadero momento de triunfo (a pesar que muchos líderes de peso del partido no se encontraban presentes, mientras otros, a los que no se les dio cabida en el estrado principal, saludaban a las bases desde las graderías del coliseum): los convencionales lo juramentaron como presidente del CCEPL, a la vieja usanza, y su fríamente calculado discurso, donde pidió perdón a los liberales integrados ahora en Libertad y Refundación, arrancó el fervor de los presentes.
Pasada la euforia colectiva, Luis Zelaya se dispuso a enfrentar la complicada campaña hacia las elecciones generales, pero su mentalidad de rector no lo abandonó. Su desconocimiento de la historia y cultura partidaria lo llevó a exigir a quienes fueron sus adversarios en las primarias la rendición de pleitesías, sin negociar la capitulación ni aprovechar las bases de los derrotados. El encarnizamiento fue especialmente dirigido contra Gabriela Núñez, que obtuvo un 32.97% de los votos liberales en las primarias, y que, aunque en un primer momento participó de «cumbres» intrapartidarias anunciando la unidad, al final renunció a la coordinación de Francisco Morazán y se retiró por entero de la campaña. Esto fue aplaudido por sectores externos, pero sembró, al interior del partido, la espina del resentimiento. Intercambios similares ocurrieron con líderes locales poderosos, en los que el candidato presidencial Luis Zelaya se rehusaba a apoyar a sus candidatos municipales si no habían formado parte de su movimiento. El favoritismo total hacia su círculo interno fue alejando cada vez más a aquellos que manejaban estructuras de base antiguas y bien organizadas. El día de las elecciones, donde los tres principales candidatos presidenciales anunciaron a tempranas horas del día que los resultados les favorecían con la presidencia, el fruto de antagonizar a múltiples sectores del partido y exigirles tributos se manifestó: el partido obtuvo su mayor derrota desde 1982, con un 14.74% de los votos totales a nivel nacional. Por más irregular y cuestionado que fue el proceso de escrutinio, nadie puso en duda que el resultado obtenido por Luis Zelaya era fidedigno.
La crisis post-electoral redujo aún más a Luis Zelaya, puesto que su presencia y poder de convocatoria a las calles siempre fue nulo. Tratando de utilizar las herramientas a su alcance para recobrar algo de protagonismo en el conflicto, Zelaya se lanzó en cruzada para ser él quien fungiera como interlocutor e ideario del diálogo nacional, escribiendo a la Organización de las Naciones Unidas para solicitar su mediación. Según el recuento que hace el mismo Luis Zelaya, el Secretario General de las Naciones Unidas le respondió al ahora ex candidato que su petición no tenía mayor peso puesto que él no era parte toral del conflicto que vivía nuestro país. Al ver frustrado su intento, Zelaya se acercó a Salvador Nasralla para pedirle que enviara él la petición a las Naciones Unidas, y fue entonces cuando comenzó a gestarse la alianza que ahora existe entre el ex rector y el comentarista deportivo. Zelaya y Nasralla, quien abandonó la Alianza de Oposición contra la Dictadura que formó con Libertad y Refundación para enfrentar el proceso de elecciones generales, formaron un único bando en el proceso de negociaciones previas a la instalación, el 28 de Agosto, del diálogo nacional. Durante el proceso de pre-diálogo, el coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, denunció mediáticamente que tanto Luis Zelaya como Salvador Nasralla habían sostenido reuniones con Ebal Díaz, representante del Poder Ejecutivo, y habían establecido términos al respecto del diálogo, enfatizando en la resolución de Libertad y Refundación de no participar en el diálogo para no legitimar la presidencia de Juan Orlando Hernández, pero apoyó la resolución a la que se llegó luego que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, sostuviera una comunicación con Igor Garafulic, donde se acordó la creación de tres comisiones legislativas que abordarían los temas surgidos de las mesas de diálogo para que tuvieran una aplicación real.
El cambio de cancha, de una instancia política indefinida al poder legislativo, representó un tremendo revés para el bando Zelaya-Nasralla, puesto que Nasralla no contaba con representación alguna en el Congreso Nacional, mientras que en el caso de Luis Zelaya la situación era más compleja: aunque el Partido Liberal contaba con la tercera bancada más grande del Congreso Nacional, la mala gestión política durante la campaña y en los primeros meses de gobierno le iban restando adhesiones a su línea personal de acción. El revés para Zelaya contaba con un agravante para él: una de las tres comisiones era encabezada por Elvin Santos, a quien el presidente del CCEPL identificó como su principal adversario en el partido. Desde entonces arreció una campaña constante de parte de Zelaya y su círculo cercano contra lo que el ingeniero denominaba «el lado oscuro» del Partido Liberal. La primera instancia directa del ataque de Zelaya contra su bancada fue la citatoria que hizo el tribunal disciplinario contra los diputados que asistieron a la toma de poder de Juan Orlando Hernández el 27 de enero del presente año. Los diputados no atendieron a la citatoria en dos ocasiones, consolidando la percepción de falta de autoridad del presidente del CCEPL, hasta llegar a la actual crisis.
El panorama actual nos demuestra lo siguiente: la clase política, de extremo ideológico a extremo, ha vomitado de su boca a Luis Zelaya por su incapacidad para llevar a cabo estrategias políticas acertadas y generar consensos dentro de su mismo instituto político. La facción de Luis Zelaya arriesga, por falta de una representación leal a su círculo en el Congreso Nacional, a quedarse fuera de las instituciones y reformas electorales que se están preparando actualmente, pero además a obtener repercusiones dentro del mismo Partido Liberal por las acciones irreflexivas tomadas al calor del momento. En el plano externo, se consolida un tripartidismo con el Partido Nacional todavía a la cabeza, el partido Libertad y Refundación en un segundo lugar de influencia y la facción afín a Elvin Santos en una tercera posición con dieciséis diputados que consideran su línea particular a la hora de votar en el legislativo.
