Esta semana, un juez federal desestimó la mayor parte de una demanda contra la administración Trump por la cancelación el año pasado de un programa que reunía a niños de los países del Triángulo del Norte en América Central con sus padres inmigrantes en Estados Unidos.
En una sentencia dictada el lunes, la jueza magistrada Laurel Beeler determinó que el gobierno federal había justificado en gran medida su decisión de poner fin abruptamente a la política de libertad condicional de menores centroamericanos (CAM) en agosto de 2017.
Sin embargo, una parte de la demanda avanzará y su resultado podría afectar a miles de niños que se estaban preparando para reunirse con sus padres antes de que el gobierno de Estados Unidos rescindiera su política.
En un año de cambios masivos en el sistema de inmigración de EEUU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), finalizó el programa de libertad condicional de CAM el año pasado. Desde 2014, el año en que los jóvenes migrantes y las familias que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera sur alcanzaron un nivel nacional que atrajo titulares, más de 13.000 personas se inscribieron a través del programa, según documentos judiciales federales. Unos 3.000 pudieron establecerse en Estados Unidos debido al programa CAM.
Pero cuando el DHS cerró el programa, 2.700 beneficiarios (niños y otros familiares que califican en tres países: Honduras, Guatemala y El Salvador) habían recibido una «aprobación condicional» pero aún no habían viajado a Estados Unidos porque estaban esperando exámenes médicos, controles de seguridad o arreglos de viaje. Ellos tenían todas las expectativas de reunirse con sus padres, quienes debían estar legalmente en Estados Unidos para calificar para el programa.
«La administración Trump ha perjudicado a los niños vulnerables y sus padres que pasaron años y miles de dólares cumpliendo con cada paso del proceso de solicitud de CAM del gobierno», dijo Linda Evarts, abogada del Proyecto de Asistencia Internacional para Refugiados, el grupo que representa a los demandantes en el caso, después de que la decisión del juez fue dada a conocer el lunes. «La decisión de hoy es un primer paso importante para brindar el alivio necesario a los niños y padres que buscan reunirse con seguridad».
Los abogados del gobierno argumentaron que el programa CAM no estaba en línea con las políticas de inmigración deseadas por el gobierno de Trump y la intención del DHS de «perseguir una nueva estrategia para asegurar la frontera sur de los Estados Unidos». A su vez, la jueza dijo que no era su lugar anular la decisión de la agencia en ese sentido, de acuerdo con el fallo.
Pero también dijo que la suspensión masiva de la promesa hecha a aquellos niños que ya habían sido aprobados condicionalmente para viajar a los Estados Unidos violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los demandantes ahora deben esperar que la jueza decida sobre su solicitud de una orden preliminar, que busca que la rescisión masiva sea anulada y dar a esos 2.700 beneficiarios que quedan en el limbo un camino hacia la reunificación.
Fuente: VOA
