Los mecanismos internacionales de combate a la corrupción y la impunidad han tenido un auge en Centroamérica, comenzando primero con la instalación en 2006 de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, o por sus siglas CICIG, creada debido a los informes que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), organizaciones de Derechos Humanos y el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala hicieran en los años anteriores sobre la existencia de grupos fácticos de poder que realizaban acciones y operaciones clandestinas en total impunidad.
En Honduras, en 2015, tras el apogeo de las Marchas de las Antorchas, el gobierno de Honduras estableció un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para instalar un organismo similar a la CICIG. Como resultado de ese convenio se instala, en Mayo del 2016, la Misión de Apoyo al Combate contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, o por sus siglas, la MACCIH, que ha venido desempeñando su labor en el país por aproximadamente un año.
El Salvador, sin embargo, es un caso aparte. Durante las sendas movilizaciones que se llevaron a cabo en Guatemala, impulsadas por organizaciones civiles como Somos GT, y luego en Honduras por diversos grupos identificados como Indignados, y especialmente tras el impulso moral obtenido con la destitución y juicio contra el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxanna Baldetti, una fuerte presión crecía en los países del Triángulo Norte para replicar la triunfal experiencia vivida en Guatemala. A pesar de ello, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, electo en 2014, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en su segunda victoria consecutiva tras décadas de gobierno del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha, se mostraba reacio ante la posibilidad de que se organizara una comisión internacional para investigar la corrupción e impunidad en el país, particularmente tras la salida de un fuertemente cuestionado gobierno del FMLN presidido por el ahora prófugo expresidente Mauricio Funes, asilado actualmente en Nicaragua.
A pesar de que la permanencia de la CICIG en Guatemala ha sido extensa -la Comisión internacional tiene once años de existir en el país centroamericano, y su labor de investigación comenzó dos años después de su instalación en 2006-, los resultados que ha brindado son innegables, no obstante que aún existe una dependencia de la institucionalidad guatemalteca en la misma, siendo la Fiscalía de Guatemala el principal aliado de la comisión. En Honduras, la MACCIH, con apenas un año de existencia, intenta replicar el mismo modus operandi al presentar al Ministerio Público, en la figura del Fiscal General, Óscar Chinchilla, como principal colaborador de la misión hasta este momento. Ambos organismos internacionales, por lo tanto, pese a no ser cortados por la misma tijera y desempeñarse en sociedades con redes de corrupción que aunque comparten características comunes tienen una idiosincracia singular en sus respectivos países, han probado tener funciones válidas y un nivel de éxito en la concreción de sus objetivos.
Parte de la justificación que han tenido líderes de los principales partidos políticos en El Salvador para adversar la instalación de un organismo similar a la CICIG o la MACCIH han sido los casos de alto perfil que se han desarrollado en el país, como el juicio al expresidente Francisco Flores, que inició en 2014 por la malversación de fondos millonarios donados por el gobierno de Taiwán durante su presidencia, y que culminó con su muerte en 2016; y luego, bajo la gestión en la Fiscalía General de la República de El Salvador de Douglas Meléndez, la investigación al expresidente Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito. En este sentido, la labor del actual Fiscal General de El Salvador ha sido fundamental. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco del Plan Alianza parala Prosperidad y en un esfuerzo por reducir los índices de migración (que son mayores en estos tres países centroamericanos) unió los puntos en común, acercándose a los tres fiscales del Triángulo Norte -Thelma Aldana de Guatemala, Douglas Meléndez de El Salvador y Óscar Chinchilla en Honduras- para facilitar la suscripción de convenios de cooperación entre las tres fiscalías y brindar apoyo en un esfuerzo por reducir índices de criminalidad y corrupción del Estado.
Sin embargo, aunque el actual gobierno salvadoreño se ha mostrado en contra del proyecto de una comisión internacional de combate a la corrupción, grupos en el país han tomado sobre sí mismos la tarea de la veeduría social, especialmente a través de la exigencia del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde organizaciones civiles y medios de comunicación han sido cruciales para ejercer la presión en este sentido.
Otro aspecto importante a considerar es que el partido opositor ARENA ha adoptado el proyecto de una CICIES como una bandera de campaña y ataque político, aprovechando la renuencia del actual gobierno a considerar esa posibilidad y sumado a los escándalos de corrupción que salpicaron al gobierno anterior. Aunque el discurso de los opositores se centra en pedir «que los investigue a todos», se trasluce que el objetivo es nefario.
El reto para El Salvador, entonces, recae en fortalecer y asegurar que las instituciones contraloras y de investigación criminal que funcionan al margen de una influencia fuerte de intereses políticos -de derecha o de izquierda- mantengan esa independencia, y que la elección de los funcionarios al frente de las mismas no se empañe de nepotismo. Sin embargo, al menos en el panorama actual, la posibilidad de una comisión internacional de combate a la corrupción está lejos de ser implementada.
