El comisionado coordinador de la CICIG, Iván Velásquez, recibió este pasado lunes el Premio Nobel Alternativo de la Right Livelihood Foundation en Ginebra, Suiza, en el marco del Foro de las Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos. Tras el surgimiento de varias tensiones con el gobierno de Jimmy Morales y sus más cercanos colaboradores por las investigaciones de financiamiento ilícito en las campañas electorales, Morales prohibió la entrada a Iván Velásquez a Guatemala, lo que a pesar de todo no ha detenido al colombiano de continuar coordinando la comisión. En entrevista exclusiva para El Pulso, con el apoyo de RIDH, desde Ginebra, Suiza, Iván Velásquez nos habló sobre su regreso a Guatemala, el estado actual de la CICIG y el futuro del combate contra la corrupción en la política guatemalteca.
¿Cuál es el estado de la CICIG luego que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prohibiera su ingreso a Guatemala?
La CICIG sigue trabajando. El Secretario General de Naciones Unidas dispuso desde el momento en que el presidente Morales prohibió mi ingreso que continuara yo dirigiendo la comisión desde fuera de Guatemala, y es lo que hemos venido haciendo, de manera que no ha habido ninguna interrupción en el trabajo que la comisión adelanta en el país.
¿Considera que estas acciones por parte del gobierno de Jimmy Morales no han tenido el resultado que las autoridades de Guatemala esperaban?
Pues a pesar de prohibir mi ingreso, la CICIG ha continuado con el Ministerio Público adelantando las investigaciones, judicializando investigaciones. Ha presentado tres o cuatro en estos dos meses que he estado fuera del país. Continúa la comisión apoyando las propuestas de reformas legales que sociedad civil y otras entidades estatales han venido discutiendo. Nuestros proyectos de cultura de legalidad, del observatorio de justicia penal y el sistema integrado de justicia también continúan activos. Es decir, la CICIG continúa vigente en el país.
¿Regresará Iván Velásquez a Guatemala para retomar su papel al frente de la CICIG?
Pues la Corte de Constitucionalidad ha dispuesto que tengo esa posibilidad de regresar al país y que la decisión del presidente con el Consejo Nacional de Seguridad de impedir mi ingreso no tiene ningún efecto. Veremos en las circunstancias como se van desarrollando los acontecimientos. En todo caso, la CICIG sale ya próximamente a mediados del mes de diciembre a vacaciones colectivas como ocurre todos los años. Esperamos entonces que en el mes de Enero, que se retome el trabajo de la comisión, podamos concretar el regreso y la normalidad en el trabajo de la comisión.
Vamos rumbo a uno de los momentos más delicados en la vida política de Guatemala, que es el proceso electoral, donde generalmente se dan muchos actos de corrupción para financiar campañas políticas. ¿Cómo ve usted ese panorama, desde su trabajo en el combate contra la corrupción?
Tengo confianza que todos los financistas de los partidos los hagan ahora de manera lícita, que esa práctica de financiamiento anónimo y de recibir también dineros del crimen organizado se supriman en el país y sean prácticas ya superadas. Hemos tenido mucha experiencia en la investigación del financiamiento electoral ilícito durante estos años y esperamos que para las próximas elecciones podamos desarrollar con el Ministerio Público investigaciones importantes en ese sentido, que garanticen transparencia en ese certamen electoral que se avecina.
¿Usted percibe que la población guatemalteca está exigiendo candidatos más transparentes o persiste aún un sector social que quiere continuar con las viejas prácticas de la política?
Eso se ha visto públicamente, se ha visto el reclamo de la población. Digámoslo también en el sentido negativo: el rechazo que la población ha expresado respecto de candidatos que no ofrecen en realidad una salida para la situación de pobreza, de miseria y de exclusión que vive en general el pueblo guatemalteco. Confiamos en que sean decisiones acertadas en el proceso electoral. Es decir, que la ciudadanía vote adecuadamente, entendiendo que deben estar en los máximos cargos, tanto del ejecutivo como del legislativo, personas comprometidas con ese progreso del país.
